SPV POR EL TRABAJO DECENTE

Cada vez vemos con más asiduidad como organismos de titularidad pública y distintas administraciones del estado, dan por bueno trabajar con empresas de seguridad privada que no respetan los derechos más elementales de los trabajadores. Hacen la vista gorda y bordean los resquicios de las leyes para colar a empresas low cost y ponerlas al frente de la custodia de sus instalaciones, a sabiendas de que es muy probable que en algún momento empiecen a dar problemas a sus asalariados, especialmente dejando de pagar nóminas o recortando derechos laborales.

Que eso ocurra en la empresa privada, es reprobable y hay que luchar por que no ocurra. Pero que el virus de las empresas piratas de la seguridad privada se fomente especialmente desde el ámbito público, donde goza de una formidable salud, es un asunto que debe preocuparnos como sociedad. Que dirigentes de distintos organismo públicos, en distintas administraciones, gobernadas por partidos de distinto color, entreguen la seguridad de sus edificios otorgando sus concursos a empresas basura, que tiran precios para quedarse con la contrata, es como mínimo una indecencia, que por repetida no debe dejar de ser denunciada.

SPV seguirá clamando para que todas las empresas, y especialmente las de titularidad pública, adjudiquen sus contratos de seguridad privada a empresas que desarrollen un empleo de calidad y tengan un trato justo con sus empleados. Es decir, que fomente un trabajo decente. El trabajo decente sintetiza las aspiraciones de las personas durante su vida laboral. Significa la oportunidad de acceder a un empleo productivo que genere un ingreso justo, la seguridad en el lugar de trabajo y la protección social para las familias, mejores perspectivas de desarrollo personal e integración social, libertad para que los individuos expresen sus opiniones, se organicen y participen en las decisiones que afectan sus vidas, y la igualdad de oportunidades y trato para todos, mujeres y hombres...

Todo esto debía de estar grabado a fuego en las personas que tienen la responsabilidad de estar al frente de las licitaciones de los concursos públicos. Pero en la mayoría de las ocasiones ocurre todo lo contrario. No es que alguna administración, en alguna ocasión, se les pase y se cuele una empresa incumplidora. No se trata de eso. Es que cuesta la misma vida ver a un organismo publico entregando un contrato a una empresa "de las que cumplen". y eso que las administraciones cuentan con recursos propios para fiscalizar que las empresas a las que se les adjudica un contrato, sean entidades con garantías. Mientras tanto, hay un reguero de trabajadores perjudicados por esta forma perversa de contratación pública. Porque lo barato siempre sale caro, pero aquí, como en otros aspectos de la vida, quién paga los platos rotos son siempre los de abajo.