Marin Eugen Sabau, el vigilante de seguridad que abrió fuego el pasado diciembre contra sus excompañeros de trabajo en la oficina de Securitas de la calle Unió, ha pedido que se le practique la eutanasia. Su doctora ha aceptado iniciar el procedimiento. Sabau, a quien se le investiga por media decena de intentos de homicidio, sufre, según el informe médico, «una lesión medular incompleta que, desde hace seis meses, le genera importante dependencia y dolor neuropático». Además, al pistolero, quien sigue ingresado en el Hospital Penitenciari de Terrassa, tuvieron que amputarle una pierna, debido a los disparos de los agentes durante su atrincheramiento en una masia de Riudoms.
Las defensas de las víctimas del ataque, entre ellas un sindicato de los Mossos d’Esquadra, han enviado un escrito al juzgado que investiga al caso para que detenga el proceso hasta que el acusado no se haya sometido a juicio. Argumentan que las víctimas, muchas de ellas con daños físicos y psíquicos de por vida, tienen derecho a la tutela judicial efectiva, o lo que es lo mismo, a un juicio justo.
La noticia y sus reacciones han puesto sobre la mesa un debate jurídico y social que no deja a nadie indiferente, justo ahora cuando tan solo hace un año de la aplicación de la ley de la eutanasia en España. ¿Qué debe prevalecer en este caso: el derecho del acusado a morir de manera asistida o el de las víctimas, a poder celebrar un juicio justo contra la persona que les disparó? El Diari ha consultado el asunto con algunos juristas conocidos de la ciudad que, por unanimidad, defienden que el derecho a la eutanasia prima sobre el de la tutela judicial efectiva. El debate y las interpretaciones sobre la ley están servidas.
Según el abogado tarraconense Paco Zapater, la eutanasia es un derecho que tiene todo el mundo, siempre que se cumplan unos requisitos, entre ellos sufrir una enfermedad grave, crónico e imposibilitante, tal como se contempla en el artículo 3 de la ley. «Sabau, según el informe médico, reúne estos requisitos, ya que habla de padecimiento grave, irreversible e inhabilitante», explica Zapater, quien añade que «aplicar la eutanasia es una decisión que atiende exclusivamente a criterios médicos». En el caso del pistolero de Securitas, la doctora que le lleva ya ha iniciado los trámites, lo que significa que le ha dado el visto bueno.
Zapater opina que el derecho a la eutanasia prevalece sobre el del juicio justo. «Primero, porque la eutanasia es un derecho personalísimo –que es inherente a la persona y no puede ser transmitido–, en cambio el de la tutela judicial efectiva, no», dice el abogado. En segundo lugar, la ley de la eutanasia no contempla, según Zapater, ningún mecanismo de oposición a la voluntad de la persona a morir. «Solo sirven los criterios médicos. No hay ningún supuesto más que consiga parar el procedimiento», aclara el jurista.
En tercer lugar, sigue Zapater, «si la condena para el acusado equivale a una privación de libertad, la muerte ya la incluye. La vida es un derecho omnicomprensivo, es decir, que lo comprende todo. También la libertad. Por lo tanto, cuando se pierde la vida, también lo hace la libertad». Otro de los temas de debate en este caso es el derecho de las víctimas a cobrar una indemnización. «Si el acusado es insolvente, no podrá ni pagar ni embargar. Y si tiene bienes, lo recibirán sus herederos, por lo que también podrán reclamarlo», explica Zapater.
«No hay conflicto entre iguales» En esta misma línea, el abogado penalista Ramon Setó, tiene una visión muy parecida a la hasta ahora expresada. «La ley da siempre prioridad a la dignidad humana, a la libertad y a la autonomía de la voluntad, por encima de otros derechos», explica Setó, quien opina que «estamos comparando cosas, que se parecen lo mismo que las patatas y las manzanas. No existe conflicto entre iguales. El derecho a la eutanasia afecta a un derecho absoluto y prioritario. El de la tutela judicial efectiva es otra esfera». Referente al tema de la compensación económica, Setó opina que «hay otros medios para conseguir la indemnización, como por ejemplo, procedimientos civiles». Para ambos juristas el hecho de que se trate de un caso único ha suscitado el interés general entre la sociedad, cosa que celebran.
«Que lo haga cuando se acabe» Por su parte, las defensas de las víctimas lo ven totalmente distinto. El escrito que el sindicato USPAC –que representa a los Mossos, también víctimas– presentó ante el juzgado dice que «en caso de producirse la muerte asistida del acusado, las víctimas quedarían desamparadas», y añade que «merecen unas indemnizaciones y olvidarse de todo lo que ha pasado». Por eso el portavoz del sindicato reclama que «lo haga cuando finalice el proceso».
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