La Conselleria de Asuntos Sociales y Cooperación de la anterior legislatura, dirigida también por Fina Santiago, envió una carta en 2017 a la que era delegada del Gobierno en Baleares, María Salom, en la que pedía contar con agentes de la Policía Nacional en Es Pinaret y Es Fusteret, dado que la seguridad privada "no cubría las necesidades reales de los centros".
En la misiva se argumentaba que, "con la experiencia acumulada en los últimos años", el personal privado de seguridad de dichos centros "no tiene la formación ni la preparación para llevar a cabo el trabajo en este tipo de centros". Por ello, desde la Dirección General de Menores del anterior Ejecutivo plantearon la posibilidad de que fueran las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, concretamente de la Policía Nacional, las que asumieran las funciones de seguridad y vigilancia de los centros específicos de menores con medidas judiciales.
La propuesta concreta era firmar un convenio de un millón de euros que era lo que costaba, en esos momentos, la seguridad privada en Es Pinaret y que tenía que renovarse. Sin embargo, el acuerdo no prosperó. Precisamente, la Fiscalía ha pedido este jueves mediante un comunicado el traslado de la seguridad de los centros de cumplimiento de medidas judiciales a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En este sentido, desde la Conselleria han explicado que "están plenamente de acuerdo" y que en esta legislatura siguen abogando por introducir la seguridad pública en los centros socioeducativos de menores con medidas judiciales, que son los de titularidad del Govern. También desde la Fiscalía han insistido en la "urgente necesidad" de la creación de los centros de protección específicos de menores con problemas de conducta y un centro de reforma en Ibiza.
Sin embargo, sobre ello, desde la cartera de Asuntos Sociales han considerado que "no es necesario en estos momentos" debido a la baja demanda. Hay una media de seis menores cumpliendo de forma simultánea una medida privativa. La Fiscalía de Baleares se ha pronunciado este jueves para defender su actuación después de las declaraciones que hizo Santiago del Ministerio Fiscal y la Policía Nacional este martes en la Diputación Permanente del Parlament. Tras sus matizaciones, Santiago ha pedido más implicación de la Fiscalía en las reuniones de seguimiento de los casos de explotación sexual a menores.
El Ministerio Fiscal ha defendido que "todos y cada uno de los casos" relativos a presuntos delitos menores "han sido y están siendo objeto de la oportuna investigación, seguimiento y tramitación con absoluto interés, seguimiento y dedicación". Los casos de explotación sexual se hicieron públicos a raíz de una violación grupal a una menor tutelada por el Consell de Mallorca. La agresión sexual se cometió en un piso del Camp Redó, en Palma, la pasada Nochebuena. Fueron detenidos siete varones (seis menores y un adulto) y una chica, también menor, que supuestamente habría actuado como enlace y forzado a la víctima a permanecer en la casa.
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