La Consejería de Asuntos Sociales del Govern ha pedido al Ejecutivo central que las fugas de menores sean consideradas «de alto riesgo», si bien el Ministerio del Interior ha recordado que esa calificación fue derogada el pasado año
La Fiscalía de Baleares, que dirige Bartomeu Barceló, ha emitido este jueves un comunicado en el que ha recordado una serie de medidas propuestas o apoyadas por el Ministerio Público para mejorar la atención en los centros de protección de menores de las Islas. Una de dichas medidas sería que la Policía Nacional y la Guardia Civil pasasen a ocuparse de la seguridad en los centros de internamiento, en sustitución de los vigilantes de seguridad privados, que son quienes actualmente cumplen esa función.
Otras propuestas enumeradas por la Fiscalía son la creación de centros de protección específicos de menores con problemas de conducta, la puesta en marcha de un centro de reforma en Ibiza, la instauración de un servicio de guardia de 24 horas, el reforzamiento de la seguridad nocturna de los centros de protección y el incremento de las plantillas de profesionales durante dichos turnos. En la nota, la Fiscalía también ha señalado que la Sección de Menores del Ministerio Público «desarrolla una magnífica tarea en los asuntos de protección de menores». Asimismo, ha reconocido «la gran profesionalidad» de la Policía y la Guardia Civil en las actuaciones relacionadas con esa materia.
En el comunicado, la Fiscalía ha amonestado, de forma implícita, a las distintas administraciones encargadas de los centros de protección de menores, recordándoles que no basta con denunciar posibles casos de abusos o de explotación infantil. Así, el Ministerio Público ha indicado que «la obligatoria comunicación» que deben hacer el Consell de Mallorca y el Govern a la Fiscalía de los casos relacionados con menores, «no supone sin más y desde ese momento la eliminación, paralización o suspensión de sus únicas y exclusivas competencias en la materia». La Fiscalía ha añadido que «esta responsabilidad administrativa debe seguir llevándose a cabo de forma simultánea el tiempo que los menores formen parte del sistema de protección».
Por su parte, la consejera de Asuntos Sociales del Gobierno balear, Fina Santiago, de MÉS, ha remitido este jueves una carta a la Secretaría de Estado de Seguridad en la que pide que sean consideradas «de alto riesgo» y «prioritarias» las fugas de menores de los centros de internamiento y de los centros de acogida. Por lo que respecta a la propuesta de la Fiscalía de que la Policía y la Guardia Civil vigilen los centros de internamiento, fuentes oficiales de Asuntos Sociales han indicado a EP que Santiago está «completamente de acuerdo». Dichas fuentes han recordado que la consejera ya presentó en 2017 una propuesta semejante a la entonces delegada del Gobierno, María Salom, dado que la seguridad privada «no cubría las necesidades reales de los centros». Sin embargo, esa propuesta finalmente no prosperó.
Este mismo jueves, a última hora de la tarde, el Ministerio del Interior ha emitido un comunicado implícitamente dirigido a Asuntos Sociales en el que ha recordado que en marzo de 2019 se derogó «la instrucción que calificaba las desapariciones de personas, incluidas las de menores, como de alto riesgo o riesgo limitado». Desde entonces, «las desapariciones se califican por su naturaleza: voluntarias, involuntarias o forzosas». El comunicado de Interior añade que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado «investigan todas y cada una de las denuncias que se interponen por desapariciones de personas» y concluye que «la implicación por parte de la Policía Nacional y la Guardia Civil en estos casos, como sucede habitualmente, es absoluta».
Distintas administraciones Cabe recordar que un centro de internamiento es distinto a un centro de acogida o tutelado, tanto por lo que respecta a sus funciones como por lo que afecta a su gestión. Los centros de internamiento son de régimen cerrado para menores con antecedentes. Los tres que existen en Mallorca son gestionados por el Gobierno balear. En cuanto a los centros de acogida o tutelados, su régimen es abierto y además los menores que viven en ellos no tienen antecedentes. En Mallorca hay 30 centros tutelados, que son gestionados por el Consell de Mallorca a través del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS). Dicho organismo ha reconocido la existencia de 16 casos recientes de explotación sexual infantil en Mallorca. De los 16 casos, en 15 de ellos las víctimas eran niñas.
En ese contexto, el Consell de Mallorca celebrará este viernes dos plenos, uno convocado por el equipo de gobierno y otro por la oposición, para tratar sobre la posible desatención que estarían sufriendo en estos últimos años determinados menores de los centros de acogida gestionados por la institución insular. En el primer pleno comparecerá el presidente del IMAS, Javier de Juan. En el Consell de Mallorca gobierna en la presente legislatura un tripartito conformado por el PSOE, Unidas Podemos y MÉS, bajo la presidencia de la socialista Catalina Cladera. Con independencia de la celebración de los dos plenos citados, el PP, Vox, Cs y Proposta per les Illes (PI) han exigido la creación de una comisión de investigación en la institución insular, que en principio ha sido aceptada por el PSOE. Los socialistas quieren, sin embargo, que se investigue también la época en que el Consell de Mallorca estuvo gobernado por el PP y antes por Unió Mallorquina, formación hoy ya extinta.
Comparecencia parlamentaria Por su parte, la consejera de Asuntos Sociales del Govern compareció el pasado martes ante la Diputación Permanente del Parlamento balear. Santiago confirmó que desde 2016 su departamento ha despedido a cinco trabajadores —cuatro mujeres y un hombre— de los centros que gestiona por «conductas sexuales inadecuadas» con menores. Asimismo, afirmó que el Govern que preside la socialista Francina Armengol habría actuado siempre con la «máxima diligencia» ante situaciones de ese tipo. La consejera compareció tras la controversia generada estos días por la presunta inacción institucional que habría existido en el Consell de Mallorca y en el Govern en relación a los casos de explotación sexual infantil y de abusos detectados en el último lustro en Mallorca. Dichos casos sólo se han hecho públicos ahora, a lo largo de este mes de enero.
La oposición criticó el martes con suma dureza a Santiago, al considerar que el Gobierno balear no ha hecho autocrítica y que no se habría actuado con prontitud cuando era preciso. Por todo ello, el PP, Cs y Vox exigieron la dimisión inmediata de la consejera, mientras que el PI pidió también dimisiones, pero sin centrarlas por ahora en Santiago. La responsable de Asuntos Sociales replicó que no veía necesaria ninguna renuncia. Paralelamente, los sindicatos policiales SUP, CEP, SPP y UFP expresaron su malestar por algunas afirmaciones hechas por Santiago durante su comparecencia. En un momento de su intervención, Santiago pareció cuestionar la implicación de la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Fiscalía en la lucha contra la explotación sexual infantil, si bien al día siguiente la consejera matizó sus palabras y reconoció su labor.
La actual polémica en torno a los centros de protección de menores de Mallorca se inició tras haber trascendido el caso de una niña de 13 años que se escapó por unas horas de su centro de acogida en el día de Nochebuena y que, esa misma noche, fue violada en grupo por seis menores en un piso de la barriada palmesana de Es Camp Redó. El informe de la doctora que atendió a la niña horas después de la violación señaló que sus lesiones eran compatibles con una agresión sexual múltiple. Se activó entonces el protocolo previsto, por lo que el caso pasó a la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional. La investigación continúa aún abierta.
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