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Patrimonio del Estado contrata una empresa de seguridad administrada por una exdirigente del PP para vigilar el mausoleo del dictador en el cementerio de Mingorrubio
El Gobierno ha puesto seguridad privada al panteón del cementerio de Mingorrubio en el que está enterrado Francisco Franco desde el pasado 24 de octubre. La Dirección General del Patrimonio del Estado, dependiente del Ministerio de Hacienda, acaba de adjudicar un contrato para el control del mausoleo, ubicado en terrenos de titularidad pública, a la firma Ariete Seguridad, Vigilancia y Protección SA. Desde que se produjo el traslado del ataúd, esa labor había recaído en la Policía Nacional.
El Ejecutivo ha decidido ahora externalizar el servicio. La licitación de Patrimonio del Estado se resolvió el pasado 16 de enero, aunque la empresa de vigilancia no empezó a custodiar la tumba hasta este martes. Sus trabajadores permanecerán allí durante 54 días, plazo previsto para la finalización del encargo, según estipulan los pliegos del proceso, que no contemplan una prórroga del servicio. En total, el departamento que dirige María Jesús Montero abonará 17.424 euros (el mes sale por 9.680 euros). Al no superar los 18.000 euros, la adjudicación se ha tramitado como un contrato menor. Otras dos firmas de seguridad privada se presentaron al concurso, pero Ariete Seguridad, Vigilancia y Protección SA ofertó el precio más bajo. Aunque no se especifica en la licitación, fuentes cercanas al proceso precisan que el servicio de seguridad se prestará durante las 24 horas del día, siete días a la semana.
Interior montó un dispositivo similar con agentes de la Policía Nacional, aunque con muchos más efectivos. La operación comenzó incluso antes del traslado de los restos de Franco desde el Valle de los Caídos para prevenir posibles desórdenes públicos, manifestaciones de extrema derecha y ataques al panteón, en el que también están enterrados otros miembros de la familia del general. De hecho, el Gobierno costeó una reforma del mausoleo del clan para instalar una puerta blindada, sensores volumétricos y rejas en las ventanas. Tras la llegada del ataúd del dictador, Interior organizó un control de entrada al camposanto para identificar a todas las personas que accedieran y envió patrullas de forma continuada para supervisar la zona. Pero, según han confirmado a este diario fuentes de la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid, esas medidas ya han concluido. Ni el día del traslado ni tampoco el 20-N, aniversario de la muerte de Franco, se registraron incidentes. Apenas se concentraron unas decenas de personas.
La vigilancia correrá a partir de ahora por cuenta de Ariete Seguridad, Vigilancia y Protección SA y la pagará Hacienda. La administradora única de esta firma de Seguridad es una antigua dirigente del Partido Popular, la ex primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Alcorcón (Madrid) Silvia Cruz Martín, que dejó el cargo por sorpresa en julio de 2017. En marzo de 2019, la Consejería de Sanidad madrileña adjudicó a esta compañía el contrato para la vigilancia de 12 hospitales de la región durante tres meses por un importe de 1,5 millones de euros, como reveló este diario.
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