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¿Quién protege a la seguridad privada? ¿Cuándo, dónde y cómo sufren agresiones? ¿Qué medidas se pueden tomar? Nace el Observatorio sobre Agresiones en Seguridad Privada para identificar, analizar y posteriormente prevenir este tipo de casos
Es un sector que pocas veces ocupa portadas en los medios de comunicación. Pasa desapercibido pero tiene un peso importante en el conjunto del país. La seguridad privada facturó en 2018, último año del que existen datos oficiales, 4.032 millones de euros divididos en tres sectores principales: Vigilancia, con 2.444; Sistemas y Alarmas, con 1.242, y Transporte de Fondos, con 346 millones. Más de 100.000 personas trabajan en estas diferentes categorías profesionales y unas 800 lo hacen en Jaén.
Su día a día no siempre es fácil. Se enfrentan a importantes problemas, como puede ser el intrusismo de empresas y personas que ejercen de manera 'pirata'. Sólo en 2018 en Jaén se impusieron 16 propuestas de sanción al respecto. Otro hándicap es el de las falsas alarmas, muchas veces asociados a descuidos de los propios propietarios. Pero del que no siempre se habla o se desconoce es el de las agresiones que sufren en determinadas situaciones.
Sólo hay que echar la vista atrás y recordar casos como el registrado en mayo del año pasado. Un agente de la Policía Nacional y otro de seguridad privada resultaron heridos en el Hospital San Agustín de Linares después de que un paciente protagonizara un altercado de madrugada. En 2016, la Policía Nacional detuvo a un hombre por agredir a dos vigilantes de seguridad en un centro comercial. Habían observado por el sistema de vídeo vigilancia cómo el arrestado sustraía un teléfono móvil. Al ser interceptado, lanzó puñetazos y patadas antes de ser reducido por una patrulla policial. Precisamente el área de Comercio, junto con la de Transportes, está entre las que mayores incidencia registra.
La Asociación de Directores de Seguridad Adispo cuenta con algo más de 2.800 socios, de los cuales cerca de 400 son de Andalucía. En Jaén, representan a una treintena de compañeros. Quiere detectar y analizar estos casos. Ver cómo se producen, en qué circunstancias, qué protocolos se siguen... Porque con el conocimiento de los datos podrán presentar propuestas y medidas para atajar el problema. Para ello, ha puesto en marcha el Grupo de Trabajo y Observatorio sobre Agresiones en Seguridad Privada y Enrique Silva es su coordinador. Como profesional, lleva en el sector desde el año 1995 y ha desarrollado su trabajo en sitios "conflictivos" cuando le ha tocado. Sabe bien de lo que habla.
—La idea de monitorizar las agresiones que sufre el colectivo lleva bastante tiempo entre mis objetivos.
Fue a mediados de 2019 cuando le sugirió a la junta directiva de Adispo crear este observatorio y la idea tuvo una muy buena aceptación. Para su implementación se ha constituido un grupo de trabajo "muy potente y competente", con un reparto de competencias en función de un criterio de distribución territorial. Lo hizo así consciente y comprometido con el principal objetivo del observatorio, que es documentar todos los casos que se produzcan y que permita aportar un granito de arena para la reducción de las agresiones al colectivo profesional, independientemente de categorías profesionales y funciones que desempeñen en el sector.
—Tenemos el propósito de inventariar desde una perspectiva técnica y de gerencia de seguridad estos sucesos, analizando sus causas, mecanismos y efectos de manera que permitan generar información para adecuar los medios humanos y materiales de todos los profesionales, independientemente de su posición y función, reduciendo los riesgos y sus efectos.
¿Cuál es el procedimiento que se sigue? La Asociación de Directores de Seguridad Privada, en colaboración con la Asociación Internacional de Miembros de Cuerpos de Seguridad y Emergencias, rastreará la información que aparezca en medios de comunicación, redes sociales, foros, colaboradores y un largo etcétera para detectar, en la medida de lo posible, todos los incidentes que se produzcan. Además, han puesto a disposición del afectado un formulario de recolección de información, descargable desde la web. La información recopilada se integrará en una base de datos de la que se extraerán periódicamente los informes de análisis y conclusiones que serán de público acceso.
Enrique Silva no está solo en este proceso, sino que el tejido se ha configurado con varios observatorios territoriales e Ignacio López es el coordinador para la territorial de Andalucía, que engloba a Jaén. Ambos reconocen que existen muchos casos en los que el personal de Seguridad Privada sufre ataques, generalmente, durante intervenciones en las que los profesionales actúan en la premisa de cumplir y hacer cumplir la Ley.
—Se topan con sujetos a los que se les coge “in fraganti” robando, agrediendo, perturbando el uso cívico de espacios de ocio, colándose en los sistemas de validación de títulos de transporte, etcétera. El porqué pasa esto deberíamos buscarlo en lo barato que sale a un agresor atacar a cualquier persona que trabaja en Seguridad Privada, dado que, jurídicamente, estamos equiparados a cualquier ciudadano.
Ambos consideran que quien tiene la obligación legal de proteger a otras personas debería de estar, a su vez, protegido jurídicamente, al igual que se encuentran, a su modo de ver, los Agentes de la Autoridad, el personal docente o el sanitario, por ejemplo, algo que ya se tiene cuando se trabaja en cooperación y bajo el mando directo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para el personal de Seguridad Privada.
El sector, por lo tanto, no habla de reivindicaciones, sino de adaptarse a la realidad.
—Hay que mantener actualizados los análisis de riesgos y de amenazas, de manera que permitan tomar decisiones lo más acertadas posibles, buscando un equilibrio entre los condicionantes económicos, con su debida relevancia, y la provisión de medios humanos y materiales. Por ahorrar no se puede infradotar un operativo de seguridad.
Por eso defienden la necesidad de estudiar y valorar la casuística de sucesos y acometer planes para prevenirlos, implantarlos y valorar su funcionalidad e idoneidad, y readaptarlos cuando proceda con el mejor criterio técnico posible. Esto engloba múltiples disciplinas como pueden ser la dirección de departamentos de seguridad, mando operativo en empresas del sector en el caso de los jefes de seguridad, formación, estadística, análisis de riesgos y amenazas, planeamiento y realización, inteligencia, jurídico o económico, entre otros.
EL PERFIL DE SEGURIDAD PRIVADA
¿Qué perfil que personas opta por dedicarse a la seguridad privada? A tenor de la lectura del Informe Situacional de la Asociación Empresarial Aproser, en 2018 se encontraban en activo 84.125 profesionales, de los cuales el 13% son mujeres. La media de edad es de 46 años y el nivel de formación reglada del colectivo es del 8% con estudios universitarios y el 92% restante con formación FP, Bachillerato y Enseñanza Obligatoria. El documento refleja que el 80% tiene contrato indefinido.
Hay quienes piensan que al sector entran "policías frustrados" que no pudieron acceder a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Privada.
—Según mi criterio, es una leyenda urbana y por otro lado, despectiva. Es un colectivo formado, preparado y comprometido con su trabajo y sus obligaciones, que hay excepciones, por supuesto, estamos hablando de personas.
Otra lectura, como apunta Silva, sería si hay personas que empiezan en Seguridad Privada como paso previo a opositar a las Fuerzas de Seguridad o a las Fuerzas Armadas. Eso sí se produce en más casos. Y es que la colaboración entre ambos sectores es fundamental y la línea que los separa muy fina, tanto que hay funciones que se llegan a solapar.
—Por supuesto que se pueden solapar las funciones de Seguridad Privada con la Pública, siempre desde el imperativo legal de subordinación que establece el ordenamiento jurídico al respecto, de la segunda sobre la primera.
La Seguridad Privada española es un sector "maduro, formado y especializado" y en la ley que nos regula se les reconoce como sector específico que se complementa dentro de la Seguridad Ciudadana. La colaboración es tal que, según los datos del Anuario Estadístico del Ministerio del Interior correspondiente al ejercicio 2018, el último publicado, se produjeron 357.653 habilitaciones de todo el colectivo operativo. Se hicieron 5.283 entregas de detenidos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, 17.026 auxilios y colaboraciones; intervenciones sobre 11.879 hurtos, sobre 1.779 estafas, 698 robos con fuerza o intimidación o 923 amenazas, por entresacar algunas actuaciones.
Ante la pregunta sobre si la sociedad es consciente del problema de inseguridad que sufren y la 'mala imagen' de la que algunos profesionales gozan, sobre todo en áreas de ocio, la respuesta es clara. Enrique Silva cree que sí, que la ciudadanía es conocedora de problema, otra cosa es que sólo se acuerde cuando se producen los casos y se hacen públicos.
—Creo que va en función de que el profesional que ejerce la actividad y que le dice a un usuario que no se puede llevar sin pagar lo que se le antoje, que no se puede fumar en determinados espacios, que no puede consumir sustancias estupefacientes en lugares públicos, o que, en resumen, no puede hacer lo que se le antoje donde le dé la gana, porque hay unas normas de convivencia y de uso. Hay una normativa que toda persona debe de cumplir y respetar, el usuario se siente frustrado y eso le enfada, sobre todo, cuando la intervención termina en dependencias policiales o judiciales.
Por ello, Enrique Silva defiende que ese estereotipo no es correcto, pero cierto en determinada medida. "Y es que hay veces que intervenciones llevadas de mala manera, o las que son publicadas tras edición de imágenes mostrando lo que interesa con fines torticeros, producen un efecto de mala práctica profesional que debemos de evitar, y erradicar", concluye.
A partir de ahora, con el Grupo de Trabajo y Observatorio sobre Agresiones en Seguridad Privada se podrán contabilizar, analizar y poner sobre la mesa casos como el ocurrido en 2014, cuando la Policía Local de Jaén arrestó a un vecino después de que presuntamente agrediera a dos vigilantes de seguridad en el Hospital Médico Quirúrgico. Cuando los vigilantes, que entre sus funciones tienen este tipo de control para evitar hurtos, robos o cualquier otra acción ilícita en las dependencias hospitalarias, se dirigieron a él fue cuando se produjo el conflicto. Los casos de 2019, 2016 o 2014 son sólo algunos de los que se hicieron eco los medios de comunicación, ¿pero cuántos se silencia? Este observatorio los sacará a la luz.
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