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26 de enero de 2020

El Gobierno derogará por decreto ley el despido por encadenar bajas médicas

Imagen relacionadaLa ministra de Trabajo dice que el texto está "redactado y listo", pero pendiente de recabar la opinión de los propios agentes sociales y de todos los partidos políticos.


La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, durante la rueda de prensa tras la reunión con patrona y sindicatos en la que se ha acordado una subida del SMI para 2020 del 5,5 %, hasta 950 euros brutos mensuales. El Gobierno va a aprobar "con rapidez", mediante un real decreto ley, la derogación del artículo 52 apartado d del Estatuto de los Trabajadores, que permite el despido por absentismo laboral intermitente en un determinado periodo de tiempo al encadenar bajas médicas, ha avanzado la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

Este artículo establece que un contrato de trabajo podrá extinguirse por faltas de asistencia al trabajo, aún justificadas pero intermitentes, que alcancen el 20% de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos, siempre que el total de faltas de asistencia en los doce meses anteriores alcance el 5% de las jornadas hábiles o el 25% en cuatro meses discontinuos dentro de un periodo de 12 meses. La medida ha sido comunicada por Díaz a los agentes sociales durante la reunión en la que se ha fijado la subida del salario mínimo para 2020 en 950 euros brutos, y se enmarca en el compromiso del Gobierno de coalición de abordar con carácter urgente la derogación de algunos aspectos de la reforma laboral del PP de 2012.

En rueda de prensa, la ministra ha explicado que el decreto ley está "redactado y listo", pero que no irá al próximo Consejo de Ministros, porque aún queda por recabar la opinión de los propios agentes sociales y de todos los partidos políticos, dado que se trata de una figura legislativa que requiere de la convalidación parlamentaria."Es insoportable en una sociedad democrática que un trabajador tenga miedo de tener una baja por enfermedad" El despido por absentismo laboral intermitente fue uno de los elementos que endureció la reforma laboral aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012. La medida fue avalada en octubre de 2019 por una sentencia del Tribunal Constitucional, si bien la ministra ha recordado que existe otra sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) en sentido contrario que obliga a España a corregir este aspecto de la normativa laboral.

Díaz ha confirmado que es el único aspecto que de momento se va a derogar de la reforma laboral de 2012 y ha justificado la urgencia por "una cuestión de derechos humanos". "Es insoportable en una sociedad democrática que un trabajador tenga miedo de tener una baja por enfermedad y pueda perder el pasaporte para la ciudadanía que es tener un trabajo", ha afirmado.

Derogación de la reforma laboral Respecto a la derogación del resto de la reforma laboral, la ministra ha dejado claro que se va a hacer en dos fases y que se va a cumplir el acuerdo programático de Gobierno PSOE-Unidas Podemos. "Vamos a cumplir con el texto programático que hemos acordado", ha apostillado. En la primera fase, que se va a hacer rápidamente, se abordarán cuestiones como la derogación del artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores, la ultraactividad (la vigencia indefinida de los convenios colectivos) o la prevalencia del convenio sectorial frente al de empresa, en línea con las peticiones recurrentes de los sindicatos. Asimismo, el pacto hablaba de limitar la inaplicación de los convenios para que solo sea posible el descuelgue salarial vinculado a causas económicas "graves", de establecer la contratación indefinida como forma ordinaria de acceso al empleo y de limitar la capacidad de modificación unilateral de las condiciones de trabajo por parte de la empresa.

Por otro lado, en una fase posterior se abordarán elementos "más complejos", entre los que se encuentra la contratación. No obstante, la ministra ha dejado claro que le gustaría que todo contase con el visto bueno de los agentes sociales. Desde su punto de vista, también es un "enorme reto" el hecho de abordar la creación de un Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI, que dé respuesta a las necesidades del mercado de trabajo.

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