El 75% de los agentes que se presentan voluntarios a un puesto temporal en centro penitenciarios son vetados por sus superiores, que alegan que no tienen gente para cubrir los turnos
Los guardias civiles no pueden ni deben dejar el campo. Sus jefes entienden que prescindir de ellos iría en perjuicio de la seguridad en las zonas rurales y así se lo han transmitido a la Dirección General. Este último órgano había hecho un llamamiento a todos los funcionarios del cuerpo para que quienes quisieran concurrieran a unas plazas en comisión de servicio en los centros penitenciarios de la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura. Sin embargo, la mayoría de los que han decidido dar el paso adelante y presentarse a esos destinos temporales han sido vetados por sus propios superiores.
En concreto, según fuentes del Ministerio del Interior, 203 guardias civiles se han presentado voluntariamente a esta convocatoria, pero solo 50 han aceptado. Los jefes de los agentes han argumentado a la Dirección General relacionados en la práctica totalidad de los casos que no pueden prescindir de sus subordinados. "Me quedo sin patrullas para cuadrar los servicios nocturnos" o "con uno menos no puedo cubrir todos los turnos" han sido algunas de las respuestas que han dado los responsables de los puestos de la Guardia Civil a los que se les ha pedido un informe después de que uno de sus agentes reclamara la plaza.
De hecho, la Dirección General apenas ha admitido la solicitud de medio centenar de funcionarios, un número claramente insuficiente para cubrir el trabajo que hasta el pasado 31 de diciembre llevaban a cabo 500 vigilantes de seguridad en los mencionados centros penitenciarios. Todos estos últimos pertenecían a la empresa Ombuds, que sufrió una crisis financiera como consecuencia de la compra de otras mercantiles que provocó su ruina. La quiebra de la sociedad impidió que esta pudiera volver a presentarse al concurso que convocó la administración para hacerse con el servicio de seguridad de las prisiones a partir del pasado 1 de enero.
La elevada deuda que adquirió la sociedad, además, impidió que ninguna otra mercantil concurriera a la licitación, dado que la empresa ganadora debía subrogar a los empleados de su predecesora y asumir su endeudamiento. Algunas sociedades estaban dispuestas a presentarse a través del sistema de unión temporal de empresas, pero finalmente ni siquiera pudieron hacerlo de este modo debido al error del máximo responsable del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad dependiente del Ministerio del Interior, el comisario José Antonio Rodríguez González, conocido como 'Lenin' dentro de la Policía Nacional por su histórica cercanía al PSOE.
El alto mando policial convocó el concurso con los tiempos muy ajustados, una situación que impidió que los posibles candidatos tuvieran margen para organizarse y que provocó que la licitación quedara finalmente desierta, como mostraba el expediente de la resolución administrativa a la que tuvo acceso El Confidencial. "Según el registro, el lote 2 no ha recibido ofertas por parte de los licitantes invitados", rezaba literalmente el escrito firmado por el comisario Rodríguez González el pasado 6 de noviembre para resolver el concurso. El documento explicaba que de los cinco lotes en los que se divide el concurso, solo uno había quedado desierto, el mencionado número 2, que se refiere a los establecimientos penitenciarios de la Comunidad de Madrid, Extremadura y Castilla-La Mancha. El presupuesto total previsto por el Gabinete de Coordinación y Estudios para los cinco lotes superaba los 37,5 millones de euros. El que ha quedado desierto (el 2) conllevaba un coste de 8,3 millones.
Rodríguez González optó por la lentitud en la tramitación del expediente a pesar de que conocía la mala situación que atravesaba Ombuds desde el pasado verano, cuando la mercantil ya daba claros signos de quiebra, como el de dejar de pagar las nóminas a los empleados, extremo que tuvo lugar durante algunos meses. Fuentes del Ministerio explican que podía haber tramitado un concurso de urgencia o incluso de emergencia para evitar que la licitación quedara desierta, pero decidió no hacerlo y esperar a que los hechos cayeran por su propio peso. Como consecuencia de esta pasividad, medio millar de vigilantes de seguridad se fueron a la calle el pasado 1 de enero, un día después de la conclusión del anterior concurso, y una veintena de prisiones se quedaron de una jornada a otra sin protección más allá de los escasos policías o guardias civiles que complementaban la labor de los agentes privados.
Fue entonces cuando Interior ordenó a la Guardia Civil que rellenase el hueco dejado por los vigilantes, al menos hasta que saliera el nuevo concurso tramitado por los cauces habituales, que en cualquier caso no devolvería a los empleados privados a su puesto de trabajo hasta el próximo 1 de abril. La Dirección General del instituto armado hizo entonces un llamamiento interno para que los agentes que quisieran se presentaran a ocupar una plaza en comisión de servicio. La falta de efectivos dispuestos y autorizados ha resultado estar muy por debajo de lo que esperaba el departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska, que tiene la obligación de garantizar la seguridad de las prisiones por encima de todo. Mientras sale adelante la convocatoria de la comisión de servicio provisional, las labores para mantener el control y la protección de los centros penitenciarios están en manos de los pocos guardias civiles y policías que ya estaban destinados en las cárceles, así como en la de los funcionarios de prisiones que habitualmente trabajan en estas instalaciones. Estos últimos están realizando labores impropias de la tarea que tienen asignada, que debe estar centrada en el control y la reinserción de los internos que residen en los establecimientos.
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