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El escándalo salpica al ministerio de Defensa y de Interior. Ambos organismos ultiman un plan para ceder la vigilancia de las prisiones en manos de soldados jubilados, exmilitares que a los 45 años tienen que cesar obligatoriamente su actividad. SIn embargo, ocultan que la vigilancia de las instalaciones militares, cuarteles, bases aéreas y navales las ceden ya a empresas privadas. Hasta 228 millones de euros han gastado en esta actividad en los últimos cinco años.
Defensa e Interior están preparando un plan para paliar la falta de efectivos de vigilancia en las prisiones y han pensado en los militares que se ven obligados a abandonar las Fuerzas Armadas al cumplir los 45 años. El asunto pasa por convertirlos en funcionarios de prisiones. La medida pretende ser una salida para estos exmiembros del Ejército que, a una edad complicada, se encuentran de repente en situación de desempleo. Se cree que en 2036 unos 50.000 militares se quedarán sin trabajo, con el consiguiente problema social que eso generaría.
Por otro lado, también es una forma de aumentar la plantilla de trabajadores en las prisiones que se encuentran bajo mínimos desde los peores años de la crisis económica de 2008. En los primeros días de este 2020 Eugenino Arribas, Subdirector de Recursos Humanos de Instituciones Penitenciarias anunció a los sindicatos de funcionarios de prisiones su intención de crear una oferta de plazas “de forma exclusiva a militares profesionales de tropa y marinería que se encuentren en los últimos diez años de su compromiso de larga duración y para los reservistas de especial disponibilidad”. Estas plazas ofertadas se sumarían a las que de forma ordinaria se ofertan para ampliar la nómina de empleados de las prisiones españolas. El pasado mes de junio de 2019 ya hubo una convocatoria que permitieron crear más de ochocientos puestos de funcionarios de prisiones.
Sin embargo, hace dos años la Asociación Militar Profesional #45sindespidos ya se ofreció al Ministerio del Interior, en concreto a la secretaria de Estado de Seguridad, para cubrir los puestos que fueran necesarios en Prisiones, obteniendo la callada por respuesta. Desde la misma Plataforma asegura ahora a elcierredigital.com que es “hipócrita que Interior y Defensa lleguen a un acuerdo para esto cuando a los propios militares no se les permite encargarse de la seguridad de los propios cuarteles eligiendo para esto a empresas privadas con los que el Estado llega a sustanciosos acuerdos económicos".
Efectivamente, 228.162.734,66 euros es la cantidad que se repartieron varias empresas mediante licitaciones públicas para encargarse de estos cometidos en los últimos cinco años. Es decir, que el Ministerio de Defensa dispone de algo más de 228 millones de euros para la vigilancia del acceso a sus cuarteles que encarga a empresas privadas y ahora quiere que los militares se dediquen a vigilar prisiones, cuando no se fían de ellos para vigilar sus propios cuarteles. Por ejemplo el pasado año la UTE (Unión Temporal de Empresas) formada por Servicios Tecnológicos Ibercra S.L. y Garda Servicios de Seguridad, S. A. firmó un acuerdo por 461.925,6 euros para vigilar varios cuarteles. Integra Mantenimientos y Gestión de Servicios Integrados S. L. es una de las más licitaciones ha obtenido en los últimos tiempos llegando a cobrar 32.200,14 euros por servicios auxiliares en varias dependencias de la JESAT. Formando en UTE con las ya citadas Iberca y Garda ha llegado a obtener un contrato por 1.574.263,05 euros. La empresa Comanser, otro ejemplo, vigiló la base aérea de Cuatro Vientos, en Madrid por 22.000 euros durante la mitad de 2018.
Los encargados de vigilar el Ministerio de Defensa, por ejemplo, son Grupo Control Empresa de Seguridad, que tiene varios contratos adjudicados por toda la geografía española, entre ellos uno de 34 millones de euros por prestar servicio en varias instalaciones de Defensa. Estas empresas son solo un ejemplo de las decenas que optan anualmente a contratos del Estado para vigilar instalaciones militares. A pesar de todo la Asociación #45sindespidos cree que "siempre que haya una medida para dar trabajo a los jubilados del ejército nos parece positivo, pero habría que conocer exactamente las condiciones de acceso a esos puestos porque si hacen lo mismo que con la policía local estamos en igual condiciones que cualquier ciudadano de a pie". Por eso no se entiende que Defensa gaste dinero en contratar la seguridad de manera privada y luego quiera traspasar soldados a Instituciones Penitenciarias.
Sindicatos de prisiones en contra Con esta medida anunciada no están de acuerdo ni el sindicato Comisiones Obreras (CCOO) ni ACAIP. El primero recuerda que “las reglas penitenciarias europeas establecen la obligación de que las prisiones estén bajo la responsabilidad de las autoridades públicas, separadas de los servicios militares, de la policía y de la instrucción penal. En el mismo sentido se pronuncia la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en lo que se refiere a las reglas para el tratamiento de los reclusos, que establecen que la administración del personal estará en manos civiles. No debe ser parte de una estructura militar”.
Vigilancia a una prisión. Acaip-UGT tampoco parecen estar a favor de que Interior palíe la necesidad de personal de esta forma y aseguran que "la crispación en la plantilla penitenciaria ha sido más que evidente y así se ha hecho notar en los Centros Penitenciarios y a través de las redes sociales. Los funcionarios de prisiones solicitan una reunión urgente con la Administración para formularles sus dudas: cómo serán las condiciones de estas contrataciones, a qué plazas accederían o si computarían para la tasa de reposición de efectivos, entre otras".
La Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (ACAIP) es el sindicato mayoritario entre los funcionarios de prisiones y afirman que "esta información es completamente novedosa y la Administración nunca había informado de esta posibilidad", aunque reconocen que "es cierto que existe una reserva de plazas en el Ministerio de Defensa para este tipo de personal cuando cumplen los 45 años". Según el presidente de ACAIP, José Ramón López: "Estamos a la espera que la Administración nos convoque. Vamos a pedir explicaciones a este episodio de improvisación desde la Subdirección General de Personal. Hacerlo peor, es imposible. Vamos a responder con contundencia ante esta nefasta gestión de Recursos Humanos en un medio tan importante como el de Instituciones Penitenciarias".
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