Los agentes reciben el encargo de sustituir a medio millar de vigilantes privados que se han quedado sin empleo por la falta de previsión de Interior ante la quiebra de Ombuds
Decenas de guardias civiles han recibido el encargo de asumir la seguridad de las prisiones de la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura. El Ministerio del Interior les encomendó esta tarea después de que quebrara la empresa de seguridad Ombuds, que hasta el pasado 31 de diciembre tenía la responsabilidad de asumir el trabajo en cumplimiento de la adjudicación del concurso público, y de que ninguna mercantil se presentara a la nueva licitación para sustituir a esta sociedad, que no tenía capacidad para hacer frente a las nóminas de sus empleados durante más tiempo.
Los 500 vigilantes de seguridad de Ombuds, cuya esperanza solo pasaba por que alguna empresa se presentara al concurso y les subrogara, ya se han quedado en paro como consecuencia de la mencionada quiebra de la mercantil y de la licitación desierta. De ahí que el servicio tengan que prestarlo los funcionarios de la Guardia Civil, único agarradero que le queda al departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska para sacar adelante una tarea fundamental para mantener el orden en los citados centros penitenciarios. Fuentes del instituto armado no entienden cómo Interior no ha tramitado aún un concurso público de emergencia para que una nueva empresa se haga cargo del servicio, que consideran que no pueden cumplir los escasos efectivos con que cuenta la benemérita para llevar a cabo la tarea. "No podemos garantizar la seguridad", explican con claridad las mencionadas fuentes, que aventuran que no serán capaces de llevar a cabo todos los traslados y conducciones previstos. "Habrá reclusos que no puedan salir de la cárcel", sentencian.
Añaden que el ministerio conocía la situación extrema que sufría Ombuds desde el pasado verano, pero que no hizo nada para remediar la salida de medio millar de vigilantes que se venía encima si las autoridades no ponían remedio. Ven incluso la 'mano negra' del máximo responsable del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, el comisario José Antonio Rodríguez González, conocido en la Policía Nacional como 'Lenin' por su histórica cercanía al PSOE. Su figura es clave para el entendimiento entre las dos principales fuerzas de seguridad del Estado y las fuentes consultadas consideran que ha utilizado su cargo para perjudicar a la Guardia Civil en este punto y en otros.
Esta no es la primera vez que los agentes del instituto armado se hacen cargo de las tareas de seguridad de las prisiones de la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura. Durante el proceso de concurso de acreedores, Ombuds dejó de pagar a sus trabajadores durante tres meses, lo que provocó que estos dejaran de hacer horas extra, una situación que obligó a la Guardia Civil a asumir parte de las funciones encomendadas a los vigilantes en el marco del concurso público que ganó la mercantil de seguridad. Los agentes del instituto armado que han asumido la seguridad de las mencionadas prisiones lo harán al menos hasta el próximo marzo, fecha en la que se resolverá el nuevo concurso que ha convocado el Ministerio del Interior, que sigue los cauces habituales y no recurre a tramitaciones de emergencia, como reclamaban las fuentes mencionadas. Desde el departamento dirigido por Marlaska, prefieren no hacer declaraciones sobre este asunto.
El hecho de que sea la Guardia Civil la que asuma las funciones de los vigilantes es algo que ya preveían algunas asociaciones profesionales del cuerpo. No en vano, las tareas de las que se encargaron los empleados de Ombuds las hacían antes miembros del instituto armado y funcionarios de prisiones, que ahora también han vuelto a encargarse de algunas de ellas. En concreto, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ya advirtió a la Secretaría de Estado de Seguridad de que la corporación no contaba con efectivos suficientes para asumir estas funciones. La dirección nacional de la organización sindical propuso, de hecho, que Interior destinara los 300 millones que contempla el acuerdo de equiparación salarial para incorporación de personal de reserva a este cometido. Un informe de AUGC detallaba que este montante se podía dedicar a pagar a guardias civiles en la reserva para que estos trabajaran en la vigilancia de prisiones, una tarea asumible para estos funcionarios, y para determinadas tareas de violencia de género. La asociación argumentaba que era más económico que contratar vigilantes. Interior tampoco hizo caso de esta recomendación.
No hay comentarios:
Publicar un comentario