Los vigilantes de seguridad del aeropuerto de El Prat llevan en huelga 150 días consecutivos para quejarse de la sobrecarga laboral. Diez vigilantes llevan cinco meses sin trabajar y sin cobrar. Pero es una huelga invisible.
El resto de la plantilla de Tablisa acude cada día al aeropuerto de Barcelona a inspeccionar bolsos de mano de pasajeros en unos filtros de seguridad en los que la actividad avanza con rapidez. La Guardia Civil escruta el trabajo de los huelguistas, que cumplen servicios mínimos del 90% bajo la atenta mirada de agentes uniformados que ya los sustituyeron en 2017, cuando formaban parte de la empresa Eulen y provocaron colas y quejas de usuarios de las instalaciones.
La presencia del Instituto Armado en los arcos de seguridad trata de evitar que el ritmo de paso de viajeros decaiga. La comparecencia de la Guardia Civil genera un gran malestar entre los vigilantes. Sin embargo, fuentes del colectivo aseguran que, tras cinco meses de paros sin impacto alguno, descartan tirar la toalla y se sienten más cerca de mantener su protesta. Lejos de frustrarse por que los paros no tengan efecto, los vigilantes afirman que no tienen ninguna prisa por abandonarlos.
Los medios de comunicación dejaron de hablar de la huelga de los empleados de seguridad del segundo aeropuerto español justamente porque no causa molestias a los pasajeros. En conversación con este periódico, el asesor del comité de huelga de Tablisa, Juan Carlos Giménez, señala que «si no se hace daño a terceros, quedando los huelguistas como los malos de la película, las protestas laborales no tienen efecto alguno y no se puede cambiar nada». Giménez es crítico con las instituciones: «Los organismos oficiales, como la Generalitat, parece que obliguen a hacer daños a los consumidores y usuarios para tomarse las cosas en serio. Si hubiera molestias, perderían el culo, como ya se vio en 2017, cuando ministros del Gobierno hicieron un laudo obligatorio. Es vergonzoso que te obliguen a hacer daño para tomarte en serio. Tal como está montado, el trabajador queda indefenso si no actúa de manera ilícita».
El cumplimiento de servicios mínimos del 90% es la razón por la que la protesta no ha afectado a los pasajeros tras 150 días consecutivos de paros en los arcos de seguridad del principal aeropuerto catalán. Durante el conflicto del verano de 2017, sin embargo, el teléfono de Giménez echaba humo: «Recibía casi 150 llamadas diarias de periodistas. Algunas desde México, Estados Unidos, Rusia o Australia. Y era porque había colas de pasajeros en el aeropuerto», recuerda. «Ahora, me llaman tres periodistas». La mitad, aproximadamente, del comité de huelga de Tablisa quiere continuar con el paro. El conflicto, judicializado, va para largo. Los huelguistas apuntan al gestor aeroportuario Aena y a la empresa concesionaria del servicio de vigilancia. «En el juzgado, la dirección de la empresa dijo que presentaría una propuesta que no ha presentado. Y tampoco ha llegado ninguna propuesta de mediación, porque ni Tablisa da opción ni la Generalitat desea mediar en el conflicto. La administración autonómica prefiere no mojarse», lamenta Giménez.
La empresa denunció la huelga al considerarla ilegal. Con la situación exactamente igual que en el inicio de la huelga, el comité de huelga acusa a Aena de no querer encontrar una solución. Según los representantes sindicales de los vigilantes, ese es el motivo por el que la huelga continúa. «Aena obliga a las empresas concesionarias de El Prat a hacer cosas que no tienen lógica», critica Giménez. Los vigilantes subrayan que ha habido menos colas de pasajeros en los últimos cinco meses que antes del inicio la huelga. Aseguran que la fluidez en los filtros era «menor» en 2018 -sin paros- que en la actualidad. Cuestionan, además, si la mayor fluidez supone un riesgo para la seguridad. «Nos presionan para que vayamos más rápido», explican.
El desánimo, sin embargo, no se ha adentrado entre unos trabajadores que no dan su brazo a torcer. Pendiente de las decisiones del comité de huelga encabezado por Giménez, la plantilla ha creado «una caja de resistencia» para ayudar económicamente a los 10 vigilantes que acumulan 150 días sin trabajar y sin cobrar. Los del comité son los únicos trabajadores privados de cumplir con los servicios mínimos. El resto está en huelga pero nadie se da cuenta.
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