Una empresa de seguridad se querella contra el administrador y contable del Cabildo por enviar documentación confidencial a una firma de la competencia.
El contrato de la vigilancia de la basílica del Pilar y la Seo ha llegado a los tribunales porque la empresa de seguridad Coviar (Compañía de Vigilancia Aragonesa), que llevaba desde 2008 en el servicio, se ha querellado contra el administrador y el contable del Cabildo por enviar documentación confidencial a una firma de la competencia, Prosegur, contra cuyo gerente también se interpuso la acción penal.
A primeros de junio del año pasado, el Cabildo Metropolitano de Zaragoza reclamó a Coviar que le remitiera los contratos y sus anexos sobre los servicios de seguridad para evaluar los precios para futuras renegociaciones del contrato. Solicitaban también los cuadrantes del personal, sus historiales y el tipo de contrato. Todo ese historial fue reenviado por el administrador y el contable del Cabildo al gerente de la empresa Prosegur, tal como aparece en los correos aportados por el querellante al Juzgado de Instrucción 3 que lo investiga.
Con esa información comercial y todos los datos aportados sobre la situación contractual del Cabildo con Coviar (que amplió los vigilantes de dos a ocho en 2013 después del atentado anarquista del Pilar), Euroibérica (encargados de los museos, el ascensor, la tienda y los silencieros, que concluirá su trabajo en junio) y Dasit (gestor de las cámaras de seguridad del Pilar y la Seo), la sociedad Prosegur podía hacer una nueva propuesta comercial. La Delegación del Gobierno de Aragón decidió que se debía ampliar la seguridad en las dos templos como consecuencia del atentado que se vivió en el Pilar de Zaragoza, en octubre de 2013, en el que no hubo víctimas. En la querella presentada por la empresa se detalla que además de su información se facilitaron también datos sobre los servicios de alarma (su situación y el sistema de control remoto)_de los dos templos religiosos. Sin embargo, fuentes próximas al Cabildo negaron este viernes este extremo.
Al conocer esta situación del envío de estos correos electrónicos, Coviar solicitó una reunión al Cabildo a primeros de julio de la que se levantó un acta notarial y la empresa solicitó al contratante que no se volvieran a repetir estos hechos al haber revelado secretos profesionales. De hecho, a través de un burofax, el Cabildo Metropolitano respondió que requirió a Prosegur para que cesara en la utilización de esta información confidencial.
Por su parte, los dos querellados responsables del Cabildo remitieron a la empresa de seguridad contratada para vigilar el Pilar y la Seo un acta en la que reconocieron que habían transmitido esa información empresarial a la sociedad Prosegur, pero negaron que fuera penalmente reprochable. De hecho, el objetivo que defienden el administrador y el contable era buscar un reajuste presupuestario (la seguridad de los dos templos cuesta 500.000 euros al año) porque los ingresos de los fieles se han reducido. Por eso, fuentes del Cabildo recalcaron que no hubo irregularidades, sino que siempre actuaron de buena fe. Por eso, el abogado del administrador va a solicitar el sobreseimiento.
Coviar insiste en que reclamó otra reunión con el Cabildo en el pasado mes de septiembre "para intentar solucionar el conflicto", pero no llegaron a un acuerdo y al final el conflicto llegó a los tribunales. La sociedad de seguridad aragonesa, que nació hace 36 años y ahora tiene 500 trabajadores, reclama a los tres querellados que se cometió el delito de revelación de secretos de la empresa. En la querella, Coviar argumenta que los contratos firmados con el Cabildo Metropolitano van revestidos de un carácter de "reserva y confidencialidad", y al tener acceso a los mismos una firma de la competencia esa revelación supone "el descubrimiento de los procedimientos relativos a la organización del negocio". Por eso, valora que es "información especialmente sensible" y supone "desvelar los métodos y las prácticas contractuales de las empresas Coviar y Euroibérica al formalizar sus negocios". Es decir, que han proporcionado información a Prosegur que tiene "un valor competitivo incalculable" sobre las prácticas comerciales.
Esta semana fueron a declarar los tres querellados en el Juzgado de Instrucción 3 de Zaragoza y los dos responsables del Cabildo volvieron a asumir que habían facilitado esta información de la empresa a la competencia. El letrado de la acusación va a solicitar al Juzgado de Instrucción 3 más declaraciones.
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