"Marlaska debe garantizar la seguridad, no solo de los internos y sus familiares sino también de los propios funcionarios que trabajamos allí", denuncian desde el sindicato Acaip
La seguridad de los centros penitenciarios de la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura está ahora mismo mermada. El Ministerio del Interior no ha sustituido todavía al medio millar de vigilantes que abandonaron su puesto en estas prisiones el pasado 31 de diciembre, tras la finalización del contrato que su empresa (Ombuds) mantenía con la Administración.
La ausencia de mercantil que sustituya a Ombuds, que quebró y dejó una elevada deuda que tiene que asumir ahora su sucesora, se extenderá hasta el próximo 31 de marzo, cuando el departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska resolverá previsiblemente el concurso convocado para nombrar una nueva responsable de la seguridad de los centros penitenciarios de las tres comunidades autónomas mencionadas. A pesar de que el problema de Ombuds era conocido por la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio desde el pasado verano, cuando la sociedad ya daba claras señales de que no tenía otro camino que la suspensión de pagos, el Gabinete de Coordinación y Estudios —dirigido por el comisario de la Policía Nacional José Antonio Rodríguez González, conocido como 'Lenin' por su histórica cercanía con el PSOE— no tomó ninguna medida para prevenir el contratiempo que se le venía encima.
Ni un procedimiento de emergencia que sirviera para conceder el servicio a otra empresa, ni un adelanto de los plazos de convocatoria ni nada. El equipo de Rodríguez González optó por la pasividad, lo que derivó en que desde el pasado 1 de enero y hasta el próximo 31 de marzo no haya seguridad en los citados centros penitenciarios más allá de los funcionarios de prisiones —que no son reconocidos como autoridad— o de algunos guardias civiles que convivían ya con los vigilantes cuando estos últimos hacían su labor en las cárceles. Para tratar de poner un parche a la situación, Interior ha decidido que las plazas de los vigilantes sean temporalmente cubiertas por miembros de la Guardia Civil en situación de comisión de servicio. Pero tampoco en este extremo ha sido previsor el departamento dirigido por Marlaska. La Dirección General del instituto armado envió un correo electrónico la última semana de diciembre para solicitar personal de forma eventual. Este llamamiento se resolverá el próximo 15 de enero, momento en el que los agentes que hayan presentado su propuesta se harán cargo de la tarea. Mientras llega ese día, la incertidumbre en las prisiones es total. Los guardias civiles aún no se han incorporado y los vigilantes tampoco están en sus puestos, dado que los abandonaron el pasado 31 de diciembre, con lo que existe un vacío en las plazas.
La seguridad de presos y funcionarios Las tareas que hasta el momento hacían los vigilantes y ahora se reparten entre los escasos agentes que aún hay y los funcionarios de prisiones son el control del circuito cerrado de cámaras de televisión, el de acceso de personas, vehículos y mercancías, la vigilancia perimetral (las conocidas como garitas) y el apoyo a las labores de identificación. En este contexto, no es extraño que tanto guardias como funcionarios se quejen. Algunos de los primeros explicaron ayer a El Confidencial que no podían garantizar la seguridad por la escasez de efectivos. Los segundos destacan que hay tareas que ellos no pueden hacer y reclaman una solución urgente. "El ministerio debe solucionar de una vez por todas este problema y dotar de efectivos de las fuerzas de seguridad del Estado la seguridad perimetral de los establecimientos penitenciarios", asegura el presidente del sindicato mayoritario de prisiones, Acaip, José Ramón López. "Debe garantizar la seguridad no solo de los internos y sus familiares, sino también de los propios funcionarios que trabajamos allí", añade.
El portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), Juan Fernández, por su parte, califica de "caos" la renovación de la vigilancia que está protagonizando Interior. "Está teniendo graves consecuencias", añade. "Las comisiones de servicio no son más que un parche", critica el representante de la asociación mayoritaria. "El Gobierno nunca tenía que haber privatizado la seguridad de las prisiones, porque es un servicio público y da muchas más garantías que lo haga la Guardia Civil", asegura Fernández, que propone que Interior haga uso de los 300 millones reservados en el acuerdo de equiparación para meter agentes de reserva en este tipo de tareas. Según fuentes de la Guardia Civil consultadas por El Confidencial, harían falta al menos 250 guardias civiles para sustituir a los vigilantes de seguridad mientras sale la nueva adjudicación. Sin embargo, añaden que Interior facilitará algo más de un centenar de comisiones de servicio para derivar agentes a los centros penitenciarios afectados. Desde el ministerio, no explican cómo van a cubrir en concreto el déficit hasta el 31 de marzo, día en que debería resolverse el concurso definitivo.
Esta última fecha, sin embargo, también está en el aire, ya que la adjudicación podría quedar desierta, como ocurrió con la última. La elevada deuda que dejó Ombuds es un hándicap difícil de asumir para cualquier mercantil del sector. Hasta una unión temporal de empresas tendría complicado hacerse cargo de ese endeudamiento, explican fuentes del ministerio no oficiales, que critican la gestión de Interior en este punto y censuran que ahora sea el contribuyente el que tenga que volver a asumir la factura de la falta de previsión, ya que las comisiones de servicio de los guardias civiles costarán alrededor de 60 euros por día y por agente.
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