La Policía detiene a 23 personas entre Sevilla, Almería y Barcelona, a los que, además del lavado de dinero, atribuye un fraude de 6,5 millones a la Seguridad Social.
La Policía Nacional ha desarticulado una organización presuntamente dedicada al blanqueo de capitales que utilizaba como tapadera para sus actividades una empresa de seguridad privada. Además del lavado de dinero, los investigadores atribuyen a la red un fraude de más de 6,5 millones a la Seguridad Social y una deuda con la Agencia Tributaria de 1,7 millones. Según las pesquisas policiales, la empresa de seguridad privada cedía de forma ilegal sus servicios a otra compañía y llegó a dejar de pagar durante tres meses las nóminas de 600 trabajadores. Las pesquisas apuntan a la implicación en la trama de 26 personas, de las que 23 han sido detenidas en la ciudad de Barcelona, en la localidad almeriense de Albox y en los municipios sevillanos de Dos Hermanas, Alcalá de Guadaíra, Carmona, Villaverde del Río y Sevilla capital.
La organización disponía de una extensa red formada por 80 sociedades y 30 testaferros, según ha informado la Policía este lunes en un comunicado. Esta infraestructura servía supuestamente para simular transacciones comerciales que les permitían introducir y mover el dinero en el circuito legal para blanquearlo. En cinco años, entre 2016 y 2021, simularon transacciones comerciales para justificar entradas y salidas de fondos por un importe que superó los 27 millones de euros, añade el cuerpo policial. El entramado les permitió hacerse con la titularidad de 70 inmuebles y un gran número de vehículos de alta gama. Además, según las pesquisas policiales, proporcionaban servicios de lavado de dinero procedente del narcotráfico a, al menos, otros dos grupos delictivos.
La bautizada como Operación Nervión comenzó a finales del pasado marzo, cuando la policía recibió una denuncia contra la empresa de seguridad por el impago de la nómina de sus centenares de empleados. Según aquella denuncia, los actuales gestores de la empresa —detenidos en la operación— eran testaferros de uno de los líderes de la organización, investigado desde 2019 y ahora arrestado junto a su mujer. Este hombre supuestamente había prestado a los antiguos dueños de la mercantil más de un millón de euros para reflotar la empresa y, como no pudieron devolverle el dinero, los propietarios le entregaron la compañía para que se cobrara la deuda con la facturación de los clientes.
Por ese motivo, los nuevos propietarios dejaron de pagar, entre otros conceptos, las nóminas de los empleados, además de ceder sus servicios e ingresos a su propia empresa de seguridad, administrada por el citado prestamista a través de un testaferro. Según la Policía, de este modo, el presunto cabecilla pretendía descapitalizar a la mercantil y eludir el pago a sus acreedores. Las pesquisas policiales confirmaron la posible comisión de delitos de frustración de la ejecución (cuando un deudor oculta bienes de forma que el acreedor no encuentre en su patrimonio medios económicos suficientes para cobrar), entre otros.
Un centenar de agentes han participado en nueve registros, tanto en domicilios particulares como en diferentes despachos y empresas. Durante los mismos se han intervenido 127.195 euros y 1.225 dólares americanos en efectivo, además de siete vehículos de alta gama, tres pistolas, una carabina de perdigones y gran cantidad de armas blancas como catanas, cuchillos, navajas y puñales. También se han aprehendido varios ordenadores portátiles, tabletas, memorias USB, teléfonos móviles y numerosa documentación relacionada con la investigación. El juez ha ordenado el bloqueo de 169 cuentas bancarias (39 de personas físicas y 130 de sociedades) en las que, hasta el momento, se ha constatado la existencia de más de 300.000 euros. También se han realizado anotaciones preventivas de embargo de 67 bienes inmuebles.
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