La detención por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de 23 personas en distintas provincias españolas (Sevilla, Almería y Barcelona) por un presunto fraude a la Seguridad Social de 6.576.558 euros y una deuda con la Agencia Tributaria de 1.700.00 euros contraídos por la empresa MERSANT (según publica el periódico la Voz de Cádiz) podría verse como normal y habitual dentro del sector de la Seguridad Privada.
Que la empresa MERSANT con esos antecedentes participe en los concursos públicos y sea adjudicataria de muchos de estos concursos (entre ellos instalaciones de la propia Seguridad Social a la cual defraudaba) es algo también habitual en nuestro sector. Todo esto, dado por una política de contratación pública basada exclusivamente en premiar a la oferta más económica y sin importarle a nuestros políticos ni la calidad de los servicios, ni las condiciones de trabajo de los Vigilantes de Seguridad, ni tan siquiera el cumplimiento de los contratos firmados entre la empresa y la propia Administración.
Que la empresa cobrara la facturación de sus clientes y traspasaba clientes y contratos a otras empresas, pretendiendo descapitalizar a la aludida mercantil al tiempo que eludía los pagos a sus acreedores (según publica el periódico la Voz de Cádiz) comienza también a ser habitual.
Que empresarios sin escrúpulos, que buscan el dinero fácil, lleven a la quiebra su empresa y que usando la normativa concursal salgan indemnes del problema y a los pocos meses estén dirigiendo otra empresa, igual de pirata que la anterior, también los tenemos.
Que por parte de la Policía Nacional, se condecore a alguno de estos empresarios imputados o inhabilitados, al parecer también es más habitual de lo deseable. Si ya se comienza a hablar de presuntos blanqueos de capital o de presunto tráfico de drogas debemos de encender nuestras alarmas para evitar que esto se convierta en algo habitual o normal y “expulsar” de nuestro sector a estos empresarios corruptos.
El sector de la Seguridad Privada, es un sector útil y contribuye de forma efectiva a la seguridad de la ciudadanía en general, con un reconocimiento a nuestra labor por parte de los ciudadanos y donde la mayoría de los Vigilantes de Seguridad cumplimos con nuestro cometido con profesionalidad e integridad. Asimismo, la parte empresarial de nuestro sector, en su mayoría son empresas decentes con una trayectoria de muchos años y con la clara vocación de dar un servicio eficaz a sus clientes, de cumplir con lo acordado en los convenios colectivos y con unas políticas laborales justas y contribuyen también a la seguridad de los ciudadanos colaborando de forma estrecha con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Empresas como Prosegur o Eulen, multinacionales importantes creadas en España y que han sido capaces de expandirse al exterior. Empresas como ILUNION, perteneciente a la ONCE o multinacionales como SECURITAS que están implantadas en España desde hace muchos años son ejemplo de buenas prácticas laborales y dan fe junto a los demás actores que participamos del sector, como usuarios y sindicatos, que la seguridad privada es un sector con futuro y que entre todos tenemos que colaborar para hacerlo mejor.
Desde la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de la USO venimos denunciando estos y otros hechos graves que afectan a nuestro sector, incluso con demandas penales en algunos casos, y estamos dispuestos a continuar con esta labor en el futuro, entendiendo que existen en la Administración los estamentos necesarios y los medios para la denuncia de estos hechos. La propia Seguridad Social creo en 2019 el Observatorio contra el Fraude a la Seguridad Social, donde participan la CEOE representando a los empresarios de este pais y CC.OO y UGT representando a las personas trabajadoras. Este Observatorio es a nivel estatal pero debe estar constituido también en todas las Provincias.
Analizando la memoria de los años de vigencia de este Observatorio disponible en su página web, no existe ningún grupo de trabajo creado sobre el sector de la seguridad privada ni tan siquiera sobre los fraudes cometidos por las empresas a la seguridad social. Desde esta Federación vamos a dirigirnos a este Observatorio para que se cree un grupo de trabajo para investigar e intentar solucionar estos problemas con propuestas efectivas y realistas de previsión de fraude, cambios en la normativa legar para impedir que estas “empresas pirata” sean adjudicatarios de contratos públicos y de una mayor exigencia de control y penalización para las personas administradoras que cometan estos fraudes.
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