La empresa de seguridad privada Mersant Vigilancia ha resultado ser una tapadera para defraudar más de 6,5 millones a la Seguridad Social. Tras la denuncia de Alternativa Sindical contra esta compañía 'fantasma' por el impago a sus empleados, la Policía Nacional ha desarticulado toda una organización criminal que precisamente usaba esta empresa para prestar servicios de vigilancia a la Seguridad Social.
Tras nueve registros, la detención de 23 personas en las provincias de Sevilla, Almería y Barcelona, la intervención de 127.195 euros y 1.225 dólares americanos en efectivo y la incautación de siete vehículos, tres pistolas, una carabina de perdigones y gran cantidad de armas blancas como catanas, cuchillos, navajas y puñales, además de munición para arma corta, la Policía Nacional une los hilos para una investigación que se inició a finales de marzo de 2022 y que, entre los delitos esclarecidos, destaca un presunto fraude a la Seguridad Social por importe de 6.576.558,31 euros, y una deuda con la Agencia Tributaria de 1.700.000 euros.
Los agentes, tras recibir la denuncia de Alternativa Sindical contra la empresa de seguridad privada Mersant Vigilancia, detectaron que dicha compañía no pagaba la nómina a 600 trabajadores desde el mes de diciembre de 2021, pero en una estrategia para descapitalizar la empresa “cobraba la facturación de sus clientes y traspasaba clientes y contratos a otras empresas”, con lo que eludía los obligados pagos a sus acreedores.
Un fraudulento entramado empresarial que situaban a los gestores de la empresa como testaferros de uno de los líderes de la organización criminal, quien estaba siendo investigado desde el año 2019, y que ahora está arrestado junto a su mujer. Este prestó a los antiguos dueños de la mercantil más de un millón de euros para intentar reflotar la empresa. El antiguo propietario de Mersant, un empresario sevillano, estaba inhabilitado por llevar su antigua empresa, Kappa Vigilancia, a la quiebra y era su esposa la que constaba oficialmente como responsable de ella.
Ante la imposibilidad de devolver el dinero prestado, los dueños de Mersant le entregaron la compañía al acusado de ser el cabecilla de la organización, residente en Carmona. De esta forma cobraría la deuda con la facturación de sus clientes. Entonces, los nuevos propietarios dejaron de pagar las nóminas de sus empleados, entre otras cosas. Según la Policía, "estarían cediendo de forma ilegal sus servicios y su facturación a otra empresa de seguridad, Urcon, administrada por el citado prestamista a través de un testaferro". En palabras de Juan Gonzalo Ospina, abogado penalista experto en delitos económicos, “aún estamos en fase de instrucción, pero de materializarse la acusación de pertenencia a organización criminal las penas establecidas en el Código Penal en su artículo 570 varían según el tipo de participación, entre uno a ocho años de prisión, dado que varían según la gravedad de las actuaciones delictivas cometidas”.
Ospina Abogados. A ello se tendría que tener en consideración “otros delitos periféricos que afloren a medida que la investigación avance y se analicen las pruebas, como puede ser delito de blanqueo de capitales, tenencia ilícita de armas, y el amplio abanico de delitos económicos que están en juego”. El director de Ospina Abogados, considerado uno de los mejores despachos de abogados en delitos contra la Seguridad Social, también pide “prudencia ya que la investigación sigue abierta y pueden producirse nuevas detenciones y hallazgos que pueden alterar los hechos tal y como los conocemos”.
“Estas tipologías delictivas son complejas por el entresijo de delitos que se entrelazan en una misma causa, así como los diferentes roles que ejecuta cada protagonista, por ello conviene ordenar bien la causa ya que no todo es siempre lo que parece, y no es tan sencillo unir delitos y personas sin vulnerar la presunción de inocencia”, indica Ospina quien recientemente lograba el archivo de una querella contra el socio de una clínica dental situada en el barrio de Chueca de la Madrid acusado de administración desleal y apropiación indebida de casi 100.000 euros al traspasar parte del mobiliario y aparatos a otro centro.
Una organización "fuertemente jerarquizada Los investigados operaban con una estructura “fuertemente jerarquizada y especializada en la comisión de delitos económicos”, que como refería el abogado penalista consultado por este medio incluye fraude fiscal, estafa, falsedad documental, apropiación indebida y fraudes a la Seguridad Social acreditados por importe de 6.576.558,31 euros y una deuda con la Agencia Tributaria de 1.700.000 euros.
Además de esto, se dedicaban al blanqueo de los beneficios obtenidos con esta actividad y de capitales procedentes del tráfico de drogas de, al menos, otros dos grupos a los que prestaban sus servicios. “Para ello, simulaban transacciones comerciales entre sociedades vinculadas, y así justificaban entradas y salidas de fondos de sus cuentas bancarias por un importe que, entre 2016 y 2021, superó los 27 millones de euros”, expone Interior. La organización criminal contaba con más de 80 sociedades colaboradoras en sus acciones delictivas y 30 testaferros según la Policía Nacional, que les permitía introducir y mover el dinero en el circuito financiero legal y ostentar la titularidad de unos 70 inmuebles y un gran número de vehículos de alta gama.
Detenciones y bloqueo de cuentas En la investigación han sido detenidas hasta el momento 23 personas en la ciudad de Barcelona, en la localidad almeriense de Albox y en los municipios sevillanos de Dos Hermanas, Alcalá de Guadaíra, Carmona, Villaverde del Río y Sevilla capital. Se han realizado nueve registros, en los que se han incautado 127.195 euros y 1.225 dólares americanos en efectivo, siete vehículos, tres pistolas, una de ellas detonadora, una carabina de perdigones y gran cantidad de armas blancas como catanas, cuchillos, navajas y puñales, además de munición para arma corta. También se han intervenido varios ordenadores portátiles, tabletas, memorias USB, teléfonos móviles y numerosa documentación relacionada con la investigación.
Las autoridades también han bloqueado 169 cuentas bancarias (39 de personas físicas y 130 de sociedades), en las que, hasta el momento, se ha constatado la existencia de más de 300.000 euros, embargando de forma preventiva 67 bienes inmuebles.
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