Inspección de Trabajo concedió un mes de plazo a GFS Secutiry para afrontar el pago de las nóminas de septiembre y las liquidaciones. Algunos empleados han recibido los pagos extraordinarios, pero con recortes.
El sindicato recuerda los episodios de represión de la empresa y la actitud adoptada por firmas como Reganosa ante este conflicto con los trabajadores de la seguridad.
Los trabajadores de GFS Secutiry afrontan este enero el cuarto mes sin recibir los pagos que la compañía todavía les adeuda mientras siguen prestando servicios en empresas como Reganosa o para entidades públicas como el Complejo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO). La firma asumió los contraros de Prosetecnisa, anterior adjudicataria, con una deuda ronda los 250.000 euros solo en la provincia de A Coruña. Ahora Inspección de Trabajo se ha pronunciado al respecto,
Tras meses de protestas, el pasado 20 de enero tuvo lugar un nuevo capítulo en las protestas de los trabajadores afectados. Las concentraciones tuvo lugar en Reganosa y Forestal del Atlántico en Mugardos. La deuda de Porsetecnisa sigue sin abonarse y el fin del conflicto no parece próximo, pese a que Inspección de Trabajo halló que GFS Security era responsable de la deuda y tendría que asumirla como nueva concesionaria. “En aplicación del artículo 44 del Estatuto de las personas Trabajadoras, las empresas adjudicatarias quedarían subrogadas a cumplir con los derechos y deberes del personal, entre ellos, el pago de salarios y cotizaciones”, recuerda la CIG.
SANCIONES DE HASTA 225.000 EUROS La propia Inspección de Trabajo les concedió un mes de plazo para hacer el pago de las nóminas de septiembre y las liquidaciones, según informa la CIG “debiendo acreditar ante este organismo los recibos de salarios y los respectivos pagos a todos los trabajadores en la provincia de A Coruña y no solamente a aquellos pertenecientes al grupo Tojeiro”. “El incumplimiento por parte de GFS de este deber antes de la fecha señalada, sería considerada como la comisión de una falta muy grave en su grado máximo, teniendo aparejada una sanción entre 120.000 y 225.000 euros, destacando como hechos agravantes a reiteración en la falta del pago durante los meses de octubre, noviembre, diciembre y enero, el número de trabajadores afectados, y la cantidad dejada de pagar”, agrega el sindicato.
Dentro de esta orden están amparados, además, los más de cien empleados que prestan servicio en “los polígonos industriales de Bergondo, Espíritu Santo, Alvedro, Piadela, el centro logístico de MRW en Ledoño y la planta de Vertex Bioetanol Galicia en Teixeiro”, entre otros. Hasta la fecha, y siempre según el comunicado de la CIG, solo unos pocos trabajadores han recibido el pago excepcional, si bien “las cantidades no se corresponden con los salarios dejados a recibir en septiembre” con reducciones que van desde los 200 hasta los 300 euros.
"MÁS PRECARIEDAD" El sindicato ve esto como una maniobra dilatoria, pero recuerda el proceso de los últimos meses para llevar a Prosetecnica y GFS ante la justicia por el retraso de los pagos o las denuncias por un presunto delito de falsificación documental, así como las distintas reuniones y negociaciones mantenidas hasta la fecha y la “represión” ejercida por la empresa contra “uno de los miembros de la CIG en el Comité de Empresa y trabajador en Reganosa, suspendiéndole de empleo durante dos meses y sin ningún tipo de justificación ni defensa posible, procediendo a su despido en el mes de diciembre a pesar de su condición como Representante Legal de las Personas Trabajadoras en la empresa”. También hay dos empleados de Reganosa que siguen suspendidos de empleo tras cuatro meses.
En la misma línea, el sindicato reprende a las empresas en las que GFS presta servicio por no tomar medidas de apoyo a los trabajadores de la seguridad afectados, lo que contribuyó, a su juicio, a “ahondar más” en “la precariedad laboral de empresas como GFS y que defienden y amparan otras empresas como Reganosa o el grupo Tojeiro” y premiando “la ausencia de calidad en la prestación de sus servicios, las continuas infracciones administrativas y laborales en relación con los derechos de los trabajadores, sin olvidar las investigaciones en curso por la presunta comisión de hechos delictivos”.
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