Los trabajadores de la empresa en diferentes instituciones de la provincia sufrieron impagos durante meses
Los vigilantes de seguridad del Ayuntamiento de Cádiz, del de Chiclana y de otras tantas instituciones de la provincia estaban al borde del colapso. La empresa que les debía pagar, Mersant, les adeudaba varias nónimas. Las administraciones tuvieron que intervenir. Primero, cancelando o dejando que expirase el contrato con la mencionada compañía. Después, ayudando a los empleados con la precaria situación.
La situación se tensó en casi todos los lugares donde Mersant tenía trabajadores a su cargo. Las denuncias por impagos se amontonaban. Algunas instalaciones públicas hasta tuvieron que cerrar por falta de personal, como pasó en Cádiz o en Chiclana. Esto alertó a la Policía Nacional, que inició una investigación. El pasado 2 de enero, tal como informa Diario de Sevilla, la Policía Nacional desarticuló una red nacional en Sevilla y otras provincias dedicada al blanqueo de capitales y al fraude a la Seguridad Social. En dicha operación, fueron detenidas 23 personas, entre los que se encontraban responsables de empresas de seguridad como Mersant y Urcon Security, entre otras.
Entre los delitos esclarecidos en este operativo resalta un presunto fraude a la Seguridad Social de 6.576.558,31 euros y una deuda con Hacienda de de 1.700.000 euros. Lo curioso del asunto es que Mersant, la empresa defraudadora, se encargaba de la seguridad en los edificios de la Seguridad Social. La Policía Nacional informó que las investigaciones se abrieron en marzo de 2022, tras conocer la denuncia de más de 600 empleados de Mersant impagados desde diciembre de 2021. En algunos casos, como en Cádiz, el Ayuntamiento hasta actuó para abonarles algunas de las nóminas adeudadas a los trabajadores. De hecho, las circunstancias fueron tan caóticas que el contrato municipal de Cádiz al expirar el 31 de mayo de 2022, dejó numerosas dependencias municipales sin seguridad privada durante más de medio mes.
Según indica el periodista de Diario de Sevilla, Fernando Pérez Ávila, los propietarios de Mersant eran un empresario sevillano y su pareja. La segunda rezaba como responsable de la compañía al estar él inhabilitado por quebrar anteriormente otra empresa de seguridad privada. Al empresario, durante la intervención policial, incluso se le incautó un arma que poseía ilegalmente. Los dueños de Mersant dejaron de pagar a sus empleados para asumir una deuda de un millón de euros con el cabecilla de la trama. Desde ese momento, toda la facturación pasaba directamente al bolsillo del líder de esta red destinada al fraude. La red al completo contaba con más de 80 sociedades y más de 30 testaferros para sus actividades ilícitas. Gracias a esto lograban mover dinero, simular transacciones y hacerse con un patrimonio de lujo dentro de los cauces legales.
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