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La mesa de contratación de la Ciudad Autónoma de Melilla la enfrenta a una multa de 300.000 euros
La seguridad en la Ciudad Autónoma en los centros de menores e instalaciones municipales se lleva a cabo desde hace años a través de empresas privadas y no de la Policía Local. El nuevo contrato salió a licitación por unos 9 millones de euros aproximadamente.
Varias empresas se presentaron para optar a este jugoso pastel del servicio de vigilancia de seguridad privada en dependencias municipales de la Ciudad Autónoma de Melilla. Sin embargo, la elegida fue una empresa valenciana que venía de la mano de un empresario melillense, relacionado con uno de los partidos que gobiernan en el tripartito del gobierno local. La adjudicación estaba ya realizada, es decir, esta empresa valenciana ganaba al resto de las que se habían presentado, y por lo tanto se iba a hacer con la suculenta suma de dinero para prestar los servicios de seguridad en la Ciudad. Sin embargo, minutos antes, al parecer llegó información a la mesa de contratación de que la documentación podía estar falsificada, por lo que optaron por paralizar el proceso hasta que se comprobara.
Se solicita información a los órganos competentes, y con fecha 18 de febrero se traslada a los servicios jurídicos de la CAM (Ciudad Autónoma de Melilla) la información que había llegado vía email desde el Ministerio de Hacienda referente a la sospecha de que la documentación presentada era falsa. Concretamente la falsedad estaría en los certificados de clasificación.
Las falsedades Es la Subdirección General de clasificación de contratistas y registro de contratos del Ministerio de Hacienda quien remite un informe del subdirector General en el que se indica que la documentación que presenta la mercantil G&F&S Security Groups S.L. es falsa ya que se observan, lo que podríamos denominar varias "chapuzas", como que por ejemplo, una de las firmas que falsifican da la casualidad que es la del propio Subdirector que hace el informe.
Otras de las falsedades son:
-Utilizan impresos de la fábrica de moneda y timbres, que están caducados desde el 2018.
-Estos impresos llegaban en su numeración hasta el 60.000 y ellos mandan un impreso con el número 87.820.
-Ni siquiera ponen de forma correcta el nombre de la empresa tal y como figura en el registro mercantil. En los papeles presentados para el concurso, figura como GFS SECURITY GROUPS.L ,pero en la base de datos de clasificación de empresas figura como G&F&SSECURITY GROUP S.L.
-La referida sociedad no figuraba con clasificación en vigor a fecha de 17 de diciembre del 2020, que es la fecha que figura en el pie del certificado cuestionado.
Se enfrenta a sanción de 300.000 euros
La mesa de contratación de la CAM, por haber incurrido en falsedad al efectuar la presentación de esos documentos falsos, le impone una sanción del 3%. Como el contrato era de unos 9 millones de euros, la multa estaría cercana a los 300.000€. Ya que se le considera gravemente culpable de hacer declaraciones falsas. La cadena SER Melilla adelantó lo que estaba ocurriendo y la certeza de que la documentación era falsa, y que por eso este contrato de "los amigos" estaba paralizado. La vicepresidenta de la Ciudad y secretaria general del PSOE Melilla, Gloria Rojas, partido que forma parte del tripartito, ha reconocido en rueda de prensa que efectivamente este informe certifica este intento por parte de la empresa valenciana de hacerse con el contrato de vigilancia aportando documentos falsificados.
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