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Los profesionales de la seguridad privada de Madrid han denunciado las pésimas condiciones laborales que sufren en las piscinas de la ciudad. Reducción de personal, falta de equipo necesario o vulnerabilidad ante las agresiones de los delincuentes son algunas de las consecuencias del afán ahorrador de los ayuntamientos que, en algunos casos, prefieren contratar a auxiliares para pagar menos dinero. El pasado quince de mayo, coincidiendo con la llegada del buen tiempo a Madrid, la capital de España dio por inaugurada la temporada de piscinas. Debido a que la pandemia del Coronavirus sigue siendo un riesgo para la ciudad, el Ayuntamiento de Madrid ha decidido mantener el aforo limitado del 60% que instauró el pasado año con el fin de asegurar la máxima seguridad.
Para garantizar que las medidas sanitarias y de comportamiento se cumplan, las piscinas municipales deben contar con profesionales de la seguridad privada preparados para hacer frente a cualquier problema. Estos trabajadores son imprescindibles para el correcto funcionamiento de cualquier evento pero, debido al coste que supone contratarlos, en muchos casos los Ayuntamientos prefieren dar prioridad al ahorro por encima de la seguridad.
Este es el caso de la piscina del Centro Deportivo Municipal de Moratalaz, donde el pasado sábado se produjo un altercado que se saldó con tres menores detenidos y cinco policías municipales heridos. Todo comenzó cuando los vigilantes de seguridad se acercaron a unos jóvenes, que estaban consumiendo alcohol y no llevaban mascarilla ni mantenían la distancia de seguridad, para pedirles que cumplieran las medidas sanitarias. La reacción de estos jóvenes fue amenazar de muerte a los vigilantes por lo que decidieron llamar a la policía municipal que acudió a la piscina y detuvo a tres de estos jóvenes, no sin antes tener que pedir refuerzos debido a que se produjo una agresión hacia los agentes.
José Luis Campillos, coordinador jurídico nacional de Alternativa Sindical, sindicato de seguridad privada, ha explicado a Elcierredigital.com la “tremenda inseguridad, tanto física como jurídica” que sufren los miembros de seguridad privada que trabajan en estos lugares. Según Campillos, el dinero es la causa de esta situación ya que los Ayuntamientos de Madrid deciden priorizar “el dinero por delante de la seguridad”.
El primer problema que destaca es el número de vigilantes que se contrata. En el caso de la piscina de Moratalaz pueden entrar hasta 1.200 bañistas (5.000 sin medidas), para los que solo ha contratado a uno o dos miembros de seguridad. Por otra parte, esta piscina está marcada en rojo por ser una de las piscinas en las que más incidentes se producen, motivo por el que, según la opinión de Campillos, debería reforzarse el número de vigilantes para asegurar el cumplimiento de la norma y la seguridad tanto de los usuarios como de los propios vigilantes. José Luis denuncia que, debido al afán ahorrador de los ayuntamientos, los trabajadores van “a pecho descubierto”, ya que solo cuentan con sus grilletes y su defensa, y no pueden acceder al Equipo de Protección Individual (EPI) adecuado.
Vigilante de seguridad en una piscina. Cuando un vigilante de seguridad se encuentra en peligro, este debe llamar a la Policía “si da tiempo”, explica José Luis Campillos, ya que en muchas ocasiones, “se te tiran encima antes de que puedas hacer nada”. Para el coordinador de Alternativa Sindical, agredir a un miembro de seguridad privada “sale muy barato” hoy en día y reivindica que estos trabajadores deberían estar protegidos legalmente de modo similar a los agentes de policía, quienes si sufren algún tipo de agresión por parte de un ciudadano, este último debe enfrentarse a un serio problema legal.
Otro ejemplo de ahorro a costa de seguridad se aprecia en la Piscina Municipal de Fuenlabrada. Según José Luis, el Ayuntamiento de este municipio ha decidido prescindir completamente de profesionales de la seguridad y ha decidido contratar a auxiliares que realicen esta labor a un precio más barato. Como reacción a esta medida, Alternativa Sindical ha decidido denunciar el intrusismo que la acción supone, un intrusismo que puede afectar a los ciudadanos si surge algún problema. Con estas demandas, los profesionales de la seguridad intentan evitar que incidentes como el de Moratalaz vuelvan a ocurrir pero, según afirma Campillos: “Esto volverá a suceder hasta que pase algo grave y decidan solucionarlo, que es lo que pasa siempre en este país”.
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