En el proceso penal que se sigue contra el presidente ante el juzgado de instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria.
La autoridad judicial ha ordenado una tasación pericial sobre el valor de mercado de las acciones de la Unión Deportiva Las Palmas, presentadas como fianza por Miguel Ángel Ramírez como presidente y máximo accionista del club, en el proceso penal que se sigue contra él ante el juzgado de instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria.
En octubre de 2020, el juez de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria, Arcadio Díaz Tejera, ordenó la apertura de juicio oral contra Ramírez y su exsocio Héctor de Armas por presuntos delitos contra la Seguridad Social y la Hacienda Pública relativos a su gestión de la empresa Seguridad Integral Canaria, y les exigió que depositaran sendas fianzas de 50 millones de euros para hacer frente a sus posibles responsabilidades en esta causa.
En ese procedimiento, la Fiscalía de Las Palmas solicita una condena de 21 años y medio de cárcel y 105 millones de euros de multa para Ramírez, a quien acusa de haber defraudado casi 37 millones de euros al erario público a través de la empresa de vigilantes Seguridad Integral Canaria entre los años 2012 y 2017. Ramírez planteó aportar como garantía para cubrir su fianza 15.898 acciones que representarían el 63 % del capital social de la UD Las Palmas y que son propiedad de una tercera empresa de la que, a su vez, él es accionista único, Sport Trade Capital.
La Fiscalía discutió no solo el valor que la defensa de Ramírez otorga a esas acciones, «más de cuatro millones de euros», sino que además se opuso a que se admitiesen para asegurar la fianza porque observa varios riesgos en esa operación. El primero que cita es que el valor de un equipo de fútbol, como la UD Las Palmas, depende de cuestiones muy volátiles, como los resultados de los partidos o si asciende o desciende de categoría.
En segundo riesgo es que el dueño de esas acciones no es Ramírez, sino una empresa que asegura que le pertenece al 100 %, con lo que bastaría con que el procesado vendiera esa tercera sociedad a otros propietarios para que las acciones del club salieran del ámbito de la fianza sin infringir con ello ninguna prohibición. Y ello, añade, sin que Ramírez estuviera obligado a informar de esa hipotética venta, porque la transmisión de participaciones en sociedades mercantiles, como es el caso de Sport Trade Capital, no es de obligatoria inscripción en un Registro Público.
En tercer lugar, argumentó que, aunque se admitieran esas acciones, convertirlas en un bien líquido para cubrir el fraude que se atribuye a Ramírez «no sería tarea sencilla, máxime si se tiene en cuenta que no se trata de acciones admitidas a cotización en mercado oficial alguno». Todo ello, concluyó la fiscal, «supone que no queda suficientemente acreditado que el señor Ramírez sea la persona que sigue ostentando la titularidad del 100 % de las participaciones de la entidad Sport Trade Capital SLU; y lo que es más importante, en modo alguno garantiza que lo siga siendo en el futuro».
«Con la simple transmisión de las participaciones de Sport Trade Capital a un tercero, persona física o jurídica, la titularidad de las acciones de la Unión Depotiva Las Palmas SAD saldrían del domino del obligado a prestar fianza», advierte el Ministerio Público. También se opone a que se acepten esas acciones como garantía para la fianza la acusación particular ejercida en esta causa por el sindicato USO, que expone razones muy similares a las del fiscal y además niega que esos títulos valgan 4 millones. Argumenta el sindicato que esas 15.898 acciones de la UD Las Palmas tienen un valor nominal de 94 euros, «por lo que su valor de mercado» alcanzaría los 1,49 millones de euros.
Sin embargo, el juez ordenó una tasación pericial sobre el valor de mercado de las acciones de la Unión Deportiva Las Palmas, como así planteó Ramírez como fianza en el proceso penal que se sigue contra él ante el juzgado de instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria.
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