Ángel Córdoba, presidente de APROSER Es complicado hacer una previsión de cómo evolucionará la demanda de servicios de seguridad en los próximos meses, aunque cabe aventurar que al igual que está ocurriendo durante la crisis, en que ha habido un incremento de la demanda puntual en servicios esenciales y de abastecimiento de la población (hospitales, supermercados…), pero que no ha compensado la importante reducción de servicios prestados (en aeropuertos, estaciones de ferrocarril, en centros comerciales cerrados, servicios en eventos culturales, deportivos o de ocio…).Dicho escenario, con matices, puede mantenerse en el medio plazo en la fase de paulatina vuelta a la normalidad, aunque queda por determinar qué vamos a entender en un futuro por «normalidad».
De esta pandemia hemos aprendido que, al margen de las consideraciones meramente sanitarias, un enfoque integral exige una revisión prioritaria de todos los aspectos vinculados a la seguridad, los habituales y los que hemos descubierto que podrían ser necesarios a futuro, y que las políticas restrictivas aplicadas a sectores como sanidad o seguridad privada, al final pasan factura, y lo muy barato acaba siendo excesivamente caro. Estamos ante nuevas amenazas cuya relevancia y peligrosidad se ha hecho patente y que van a necesitar nuevos tratamientos por parte de empresas de seguridad, que cuenten con personal debidamente habilitado y formado para acometer estas nuevas funciones preventivas, actividades que va a demandar sin duda alguna la ciudadanía porque ahora sabe que, a veces, le va la vida en ello.
Un esfuerzo adicional La consideración del esfuerzo adicional que va a imponerse a las empresas de seguridad debe llevar aparejado el poder garantizar que esas nuevas actividades se puedan llevar realmente a cabo, y que tengan un rápido y suficiente apoyo regulatorio, fiscal y económico por parte de las autoridades públicas, en especial por las dificultades de todo tipo que van a atravesar a corto y medio plazo y, a la vez, su necesaria pervivencia, porque esta amenaza, en sus múltiples versiones, lamentablemente ha venido para quedarse.
Si estas consideraciones tienen la debida prioridad, las empresas de seguridad podrían paliar el fuerte impacto en la disminución de la demanda de sus servicios tradicionales por parte de los sectores más afectados por esta pandemia, disminución que seguirá experimentándose en otras actividades en las que, aunque menos afectadas o con mayores recursos, la autorización para su plena reactivación deba todavía esperar varios meses. Pero será una aportación relevante no solo para combatir el deterioro de sus cuentas de resultados (todavía no recuperadas desde la anterior crisis de 2008) y el derivado impacto en el nivel y calidad del empleo, sino también para el conjunto de la sociedad dado el papel esencial de la seguridad privada, que se ha visto claramente visibilizado y reforzado en esta crisis, y que puede y debería incluso reforzarse en la fase de vuelta a la «nueva normalidad».
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