El proyecto será aprobado en la próxima reunión del Consejo de Gobierno andaluz, y según afirma su presidente «con este plan damos a los ayuntamientos la posibilidad de contar con recursos humanos suficientes para ordenar y planificar el disfrute de las playas en todo el litoral este verano». La labor de las personas contratadas «va a consistir en garantizar la seguridad de los bañistas con tareas de vigilancia y organización de las distancias de seguridad».
También detalló que «asumirán el control del acceso y aforo a las playas, además de informar y comunicar con la policía local para cualquier incidencia, ya que su misión será la de auxiliar, informar y coordinar el uso del espacio con garantías en las playas, siempre con la sujeción a disposiciones legales correspondientes y tras recibir una adecuada formación» El presidente Moreno olvida, quizá muy a propósito, quizá persiguiendo un objetivo promocional-político, que para este tipo de funciones ya existe la figura del Vigilante de Seguridad. Personal que ya dispone de la formación y la experiencia necesaria para desarrollar este tipo de trabajos. Un trabajo especializado cuyo desempeño está regulados en la Ley de Seguridad Privada, que también ha sido completamente ignorada por el gobierno andaluz. A este efecto, el sindicato UGT y la asociación Aproser, han emitido un comunicado solicitando que la Junta de Andalucia reconsidere la decisión adoptada, y valore la contratación de personal acreditado y formado legalmente para la vigilancia de las playas.
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