El juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla ha dictado el auto de apertura de juicio oral contra la cúpula de UGT Andalucía durante los años investigados por el desvío de subvenciones y la presunta financiación irregular del sindicato.
El titular del juzgado, Juan Jesús García Vélez, ha enviado al banquillo a los acusados por los delitos de fraude de subvenciones y falsedad en documento mercantil e impuesto una fianza de 40,7 millones de euros a la organización sindical, como responsable civil subsidiaria, por la utilización ilegal de los fondos públicos, según la notificación que se conoció ayer a través del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. El procedimiento está pendiente ahora únicamente de la fijación de una fecha para la celebración del juicio oral contra el ex secretario general de UGT-A, Francisco Sevilla, y otros 13 acusados que o bien formaban parte de la dirección del sindicato en aquellos años o bien de las empresas que participaron en la trama creada para el desvío de las subvenciones que recibían de la Junta para la formación de personas desempleadas.
La investigación judicial se ha centrado en el sistema de facturas falsas y alquileres ficticios a través del cual el sindicato inflaba los gastos con los que justificaba las subvenciones, elevándose el fraude supuestamente cometido a 40.750.047,74 euros, que es lo que se le reclama al sindicato en concepto de fianza para asegurar la responsabilidad civil subsidiaria que pudiera derivarse de la causa, bajo amenaza del embargo de sus bienes. De la misma manera, aunque en cuantías mucho menores, se reclama de forma subsidiaria fianza a las empresas que se prestaron supuestamente al amaño de las facturas y que son Lienzo Gráfico, Publicar DM, Siosa, Imprenta Pineda, Viajes Macarena, Caronte y Carpetas Abadía, para el caso de que los acusados vinculados a estas sociedades no presenten las fianzas que respectivamente se les ha exigido.
El proceso judicial se inició tras destapar EL MUNDO las artimañas utilizadas por el sindicato para perpetrar el presunto fraude, desvelando facturas y correos electrónicos en los que se detallaban instrucciones para evitar los controles que permitieran el desvío de más de 40 millones de euros en subvenciones. Los hechos investigados tuvieron lugar entre los años 2009 a 2013 y el juez que los ha investigado considera que hay indicios suficientes para afirmar que la dirección de UGT Andalucía y sus "proveedores de confianza" se pusieron de acuerdo para «facilitar al sindicato una vía de financiación para la práctica de sus actuaciones propias». Ello suponía la «aplicación de los fondos recibidos a través de subvenciones públicas a unos fines distintos del destino que dichos fondos deberían haber tenido», afirmaba el juez en el auto de declaración de procedimiento abreviado, dictado en diciembre pasado.
Y ese desvío se realizó a través de varias herramientas contables, entre las cuales el juez ha detallado las conocidas como "bote" y "rápel", además de los alquileres ficticios con los que se justificaban esos gastos fantasma. Además del que fuera secretario general de UGT Andalucía, Francisco Fernández, que tuvo que dimitir tras estallar el escándalo, también hay acusadas otras 13 personas, entre ellos varios miembros de la dirección del sindicato como el que fuera su tesorero Federico Fresneda o María Charpín, secretaria de gestión económica y Dolores Sánchez, responsable del departamento de compras. También se sentarán en el banquillo Enrique Goicoechea Salazar, administrador y consejero delegado de Soralpe. Otros 9 acusados son proveedores que se prestaron presuntamente al amaño y falsificación de las facturas. También llegó a estar acusado otro máximo responsable del sindicato en Andalucía, Manuel Pastrana, que fue secretario general de UGT-A desde 1998 a 2013 y que ha quedado finalmente exculpado de la causa por la enfermedad que padece.
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