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Profesionales de la seguridad siguen denunciando que el Ministerio de Sanidad no les considere personal de alto riesgo al coronavirus.
Después de la declaración del estado de alarma, cientos de miles de ciudadanos dejaron de acudir a sus puestos de trabajo. Otros, en cambio, pasaron a la «primera línea» de la batalla contra el Covid-19. Desde entonces, la seguridad privada está en los supermercados, hospitales o estaciones de metro para hacer cumplir las medidas de protección sanitaria. Unas semanas en las que los vigilantes no han parado de denunciar la falta de mascarillas o guantes y que no se les reconozca como personal de alto riesgo: «Nos hemos sentido muy abandonados».
El primer decreto del estado de alarma puso a la seguridad privada, junto a la Guardia Civil, Policía Nacional, cuerpos autonómicos y locales, bajo el mando único del Ministerio de Interior. Las restricciones a la libre circulación de las personas vaciaron aeropuertos, estaciones de tren, estadios de fútbol, cines… Escenarios de trabajo habituales para los vigilantes privados. Al contrario, los servicios básicos, como hospitales, residencias de ancianos y supermercados, necesitaban más seguridad. «A grandes rasgos, lo que es el trabajo diario no ha cambiado excesivamente», explica Juan, portavoz de Área de Seguridad Privada (Arsepri) «Antes eran unas labores de seguridad y prevención de posibles incidentes, y con el Covid-19 han aumentado las responsabilidades, el control de los aforos, movilidad de la gente…», apunta.
Antes de la pandemia, la seguridad privada vigilaba las urgencias y los accesos del hospital. Ahora, además, ayudan a los sanitarios a evacuar e ingresar pacientes y tratan de «acotar las zonas donde están los enfermos con Covid-19 para que no se extienda» por otros espacios del edificio, resume Alberto García, portavoz de Alternativa Sindical. En los supermercados, los vigilantes controlan el paso, el límite de aforo y que los clientes utilicen los guantes o geles facilitados.
Críticas a sus empresas y al Gobierno Durante todas estas semanas, los vigilantes han insistido en la misma denuncia: la falta de equipos de protección individual (EPI) para un colectivo que trabaja en «primera línea». Al igual que los sindicatos y asociaciones de policías y guardias civiles, los vigilantes se quejan de que el Gobierno les siga sin considerar personal de alto riesgo. Esta calificación permitiría a los profesionales de la seguridad acceder más rápido a los test de diagnóstico del virus. «Que nos hemos sentido muy abandonados por parte de las empresas? Sí. Me consta que a finales de febrero se estaban solicitando los EPI. Pero claro, Sanidad nos metió en el grupo de personal de bajo riesgo y, a partir de ahí, a torear», lamenta el portavoz de Asepri. Los datos confirmados que manejan estos colectivos hablan de 13 vigilantes muertos por coronavirus.
«Es necesario recalcar que ninguna empresa de seguridad privada ha cumplido con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. La mayoría [de vigilantes] ha tenido que costearse de su bolsillo y buscarse por su cuenta los EPI», denuncia Alberto García, de Alternativa Sindical. Las buenas palabras, en esta situación, recaen en los sanitarios que les han facilitado material: «Los hospitales se han portado bien. Ten en cuenta que hay vigilantes que prestan servicios durante años en el mismo hospital». También hay críticas para las empresas públicas. Desde el Sindicato Autónomo de Trabajadores de Empresas de Seguridad de Madrid (ATES), Jordi Montejo asegura que en el Aeropuerto de Madrid-Barajas, Aena presionó para que no se facilitaran mascarillas a los vigilantes. «Decían que generábamos una alarma social, que lo que hacíamos era asustar a los pasajeros», dice el portavoz. Interior aseguró hace más de tres semanas que estaban realizando las gestiones oportunas para que a los policías y guardias civiles se les considerase personal de alto riesgo. Pero por ahora no hay noticias de que dicha gestión haya tenido efectos. Y este sábado, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) volvió a recordar la petición.
Pronto para valorar la desescalada La seguridad privada no entra a valorar por ahora el plan de desescalda del Gobierno. Una estrategia dividida en cuatro fases para abandonar poco a poco las prohibiciones impuestas desde el 14 de marzo. La Fase inicial, la número 0, ya esta en vigor. Gracias a ella los ciudadanos pueden salir a la calle a hacer deporte y las peluquerías abrir sus locales, siempre bajo unos límites. A partir del 11 de mayo, ya en la Fase 1, abrirán terrazas, pero con aforo limitado. Y así, de forma escalonada, volverán bares, hoteles, la vida social…
En el mejor de los casos, el proceso terminará a finales de junio. Mientras tanto, el calendario del Ejecutivo ordena los pasos que deben dar cada sector y los ciudadanos en diferentes situaciones. Para Jordi Montejo el «problema» podría llegar en la Fase 1 con la apertura de hostelería y hoteles. «Es muy importante controlar los aforos», insiste. Desde Acción Sindical, Alberto García dice que no cree que los vigilantes tengan problemas para hacer su trabajo durante la desescalada. Lo más complicado, explica, puede ser el control de la distancia social en las horas puntas del transporte público. A pesar de tener más trabajo en hospitales o residencias, el sector de la seguridad privada no se ha salvado de los despidos temporales masivos. Empresas como Prosegur, Securitas, Ilunion o Trablisa han aplicado los ERTE a sus plantillas. La Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad (Aproser) no cree que la demanda puntual de estas semanas compense el parón en los aeropuertos y eventos deportivos o culturales.
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