Empresas y sindicatos acorralan a Díaz por mirar a otro lado en el lío de los ERTE

Parte del ala sindical acusa a Trabajo de maquillar la magnitud del problema y eleva a medio millón los beneficiarios con prestaciones pendientes.

"Más del 98% de las prestaciones por ERTE recibidas desde el inicio de la crisis han sido reconocidas y pagadas", se defendía el pasado lunes en su comparecencia en el Senado la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ante los ataques de la oposición por las dificultades del Gobierno para ejecutar de forma efectiva las coberturas prometidas a los trabajadores. Días antes, ante preguntas sobre el mismo asunto, deslizó que si había casos que no se habían resuelto era por las lagunas en la información que habían remitido las empresas al SEPE ya fuera de forma directa o a través de sus gestorías.

Resumen: se ha pagado casi todo y lo que no se ha pagado ha sido porque las empresas han remitido mal la información. Resultado: los afectados se quejan a los funcionarios del SEPE porque si se ha pagado al 98% "¿por qué no se me ha pagado a mí?" y a las empresas porque "¿no será que has enviado mal la información?".

Sindicatos y empresarios andan severamente inquietos con el asunto. Consideran que la ministra de Trabajo está echando balones fuera en relación a un problema que dos meses después todavía existe y tienen la intención de aprovechar la Ejecutiva del SEPE de este miércoles para trasladar sus quejas de manera formal al Ministerio. Trabajo se defiende con datos, con los suyos, los que apuntan que el porcentaje de beneficiarios con prestación reconocida que ya han cobrado se sitúan por encima del 98% y que el número de afectados por problemas de diversa índole que no les han permitido cobrar está en torno a unos 20.000.

En el frente sindical se barajan otras cifras. En una carta dirigida al director general del SEPE por el portavoz en ese organismo del sindicato CSIF, a la que ha tenido acceso La Información, se estima en 470.387 el número de potenciales beneficiarios que todavía no han percibido la prestación que les corresponde por ley a partir de la información disponible en el servidor a través del que se están tramitando estos expedientes. CSIF cuestiona incluso a la luz de esa misma fuente el número de personas acogidas a un ERTE, que eleva desde la cifra oficial de 3.334.202 con la que trabaja el Gobierno a otra de 4.055.068.

El sindicato sugiere que ni el mismo Ministerio conoce la cifra real de afectados con el argumento de que los ERTE se contabilizan una vez tramitados y hasta que eso sucede la cifra real de beneficiarios es una incógnita. Un contexto, explican fuentes del sindicato, que no permite realizar afirmaciones tan contundentes en relación al número de situaciones resueltas como las vertidas por la ministra, que vinculan con la situación de tensión social generada en torno al impago de algunas prestaciones.

Apertura de la atención al público A los sindicatos les preocupa que los episodios de tensión que ya se han percibido en las redes sociales del SEPE se trasladen a las oficinas si éstas abren la atención al público antes de resolver las prestaciones pendientes. Muchas oficinas carecen de servicios de seguridad privada, cuya habilitación o no depende de los servicios regionales de empleo con los que se comparten las oficinas. Tanto el sindicato CSIF como los mayoritarios UGT y CCOO ya han advertido de manera formal a la Dirección General del SEPE de los riesgos de reactivar la atención al público en este contexto de tensión y de su intención de rechazar esa medida si el SEPE decide adoptarla de manera unilateral.

"Por supuesto que nos preocupa el asunto. Lo hemos trasladado en reuniones previas y también lo trasladaremos en esta. No se pueden reabrir las oficinas de atención al público si no es en condiciones de seguridad", recalca la portavoz confederal de Empleo de CCOO, Lola Santillana. El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de SEPE ya ha tomado la iniciativa y ha contactado con las delegaciones y subdelegaciones territoriales del organismo para que en caso de reapertura cuenten en la medida de lo posible con la cobertura de una patrulla policial. En la Comunidad de Madrid, el Gobierno regional está intentando conseguir lo mismo en todas las oficinas de la región. Los empresarios no están mucho más contentos. Afean a Yolanda Díaz el haber atribuido públicamente a errores en la información remitida desde las empresas las dificultades a la hora de sustanciar el pago de las prestaciones, después de asegurar en un principio que el Ministerio realizaría ese trámite de oficio y de endosarles después la obligación de trasladar esa información una vez fue consciente de que los recursos del SEPE no daban ya para más.

Fuentes empresariales admiten su indignación con el papel de la ministra de Trabajo en este embrollo. "Todo nace del compromiso que adquirió de que a principios de abril todos los potenciales beneficiarios estarían cobrando su prestación. Luego ha visto que ese compromiso era imposible de cumplir y ha endosado la obligación a las empresas y además en unas condiciones que van a traer problemas". Se refiere, por ejemplo, a la exigencia de que las empresas proporcionen a la Administración información protegida como los números de cuenta bancaria donde sus trabajadores reciben la nómina, que, auguran, va a traer problemas jurídicos en el futuro.

Los empresarios se quejan de que Trabajo haya evitado expresamente el que sean las empresas las que abonen la prestación especial, "como se ha hecho en otros países y que sería mucho más sencillo de aplicar", y haya creado un sistema extraordinariamente enrevesado, que ha tenido que modificar sobre la marcha hasta en tres ocasiones y al que atribuyen los problemas que se están dando para abonar las prestaciones. Problemas como no haber tenido en cuenta la situación familiar de los beneficiarios que el personal del SEPE ya ha detectado y que auguran que las quejas de los afectados se prolongarán durante bastante tiempo más.

FUENTE: lainformaciom.com AQUÍ