Los detectives privados quieren ser útiles y evitar la sensación de impunidad a quienes están aprovechando el estado de alarma para cometer irregularidades. Ya les llaman por más casos y prevén recibir muchos más cuando acabe el confinamiento, advierten varios de ellos en declaraciones a Efe. Son unos 2.000 profesionales activos, de 5.000 acreditados -un 30 por ciento mujeres-, que consiguen su Tarjeta de Investigador Profesional (TIP), expedida por el Ministerio del Interior, tras un Grado que les convierte "en unos de los profesionales mejor formados del mundo", explican a Efe desde la Asociación Profesional de Detectives Privados de España y el Colegio de Detectives Privados de Cataluña.
Las pruebas que obtienen son válidas ante los tribunales en delitos perseguibles a instancia de parte. Por eso, todos los colegios y asociaciones profesionales que les representan han enviado un escrito conjunto a los ministerios del Interior, Justicia y Sanidad para ser considerados expresamente colectivo esencial y poder salir a la calle a hacer todas sus averiguaciones. "Desde el 14 de marzo no podemos cubrir los servicios en la vía pública, que son una parte esencial de nuestro trabajo", en algunos casos hasta del 90 por ciento, relata a Efe la presidenta del Colegio de Detectives de Cataluña, Mercedes Ferrán, que destaca que al principio entendieron que no se les considerase colectivo esencial porque la situación era muy complicada y además supusieron que el confinamiento duraría menos. "Pero ahora, un mes y medio después, los clientes demandan que intervengamos", sostiene.
En la misma línea, el presidente de la Asociación Profesional de Detectives Privados de España, Enrique Hormigos, incide en que el Decreto del estado de alarma no recoge expresamente si los detectives son colectivo esencial, a pesar de la Ley de Seguridad Privada dice que ésta es "parte integrante de la seguridad pública". Por este motivo algunos profesionales están saliendo a la calle, "jugándose una sanción". Ese es el motivo por el que las asociaciones preguntaron al Gobierno, pero sin obtener respuesta, lo que les genera "una gran inseguridad jurídica" y una situación "de disparate auténtico", porque ni pueden recabar pruebas para defender los derechos de ciudadanos y empresas ni ayudar a las fuerzas de seguridad a detectar delitos relacionados con el coronavirus, como ofrecieron hace semanas a Interior de manera altruista.
DESDE LA CUSTODIA DE MENORES A ERTES FRAUDULENTOS A los detectives privados les piden ayuda padres que aseguran que sus parejas incumplen los términos de la custodia de menores, que dejan a éstos al cuidado de personas de grupos de riesgo, como los abuelos, o les dejan estar con otros niños. En los últimos días esta preocupación se ha agravado ante la vuelta al trabajo de nuevos sectores económicos y la salida a la calle de los menores. También empresarios que ven fuga de información en sus empresas o robo de material, incluidas mascarillas para proteger a sus trabajadores del coronavirus, o bajas médicas fraudulentas.
Los detectives están recibiendo también avisos por estafas a aseguradoras o presentación de ERTES fraudulentos. "Si estos hechos no se pueden probar ante los tribunales, no se garantiza el derecho a la defensa de los ciudadanos", explica Mercedes Ferrán, que anuncia que "estas situaciones van a seguir y tendremos una mayor carga de trabajo" tras la vuelta a la "nueva normalidad". Los detectives privados suelen trabajar con abogados y prevén un "futuro colapso judicial" por acumulación de casos, al que se puede sumar que no haya pruebas de cargo. "El impacto económico y social es incalculable y pone en riesgo los objetivos de recuperación tras la pandemia", sostiene el colectivo en un comunicado conjunto, donde se subraya que "la labor de vigilancia y seguimiento de los detectives podría suponer una ayuda valiosísima para las Fuerzas de Seguridad del Estado en el control de las actuaciones contrarias al estado de alarma", lo que da ya muy buenos resultados en otros países.
Sergi Arias, del despacho S&S Detectius de Vic (Barcelona) y con más de 20 años de profesión, define en declaraciones a Efe como "un tortazo importante" el hecho de no poder salir a la calle a hacer su trabajo, ya que al no ser expresamente colectivo esencial, les pueden multar en una cuantía superior al algunos servicios. Su trabajo ha sufrido un gran parón. Por su parte Eduardo Navasquillo, del despacho Sicura de Madrid, sostiene que su labor habitual no se ha visto prácticamente afectada, aunque si sufre las limitaciones de otras entidades o instituciones, como los registros, y algunas investigaciones no podrá culminarlas hasta que acabe el estado de alarma. Este investigador y criminólogo, con 30 años de experiencia y casos abiertos de todo tipo, ha salido a la calle a hacer su trabajo y cuando la Policía le ha parado ha enseñado su tarjeta y "no ha habido problema", explica a Efe mientras duda de que "solicitar ser colectivo esencial sea lo más adecuado.
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