Desde el día en que el Gobierno de España decretó el Estado de Alarma, el pasado 15 de marzo, se han venido produciendo la aprobación de una serie de disposiciones Reglamentarias por el Gobierno, que han afectado de diversa manera a las actividades empresariales-industriales de nuestro país. El Gobierno de España de manera correcta, conceptuó a las empresas y personal de seguridad privada, como servicios esenciales durante el Estado de Alarma. Los servicios de Seguridad Privada sin duda alguna han contribuido y siguen contribuyendo a dar cumplimiento a las obligaciones impuestas por el Estado durante esta alerta sanitaria y al mantenimiento de la seguridad pública en nuestro país.
Sin embargo, muchas de las empresas de seguridad observaron impotentes, que su actividad a nivel comercial prácticamente quedó frenada y frustrada ante el cierre de las actividades empresariales e industriales como clientes, con excepción del sector de farmacias y de supermercados. La consecuencia de este proceso fue la lógica, tal y como ha venido sucediendo con muchas empresas en nuestro país a través de la presentación de Expedientes de Regulación de Empleo Temporal, en relación a aquellos trabajadores que no podían ejercer sus funciones en la empresa ante el cierre de la actividad de sus clientes.
Además de dicha situación, muchas de las empresas de seguridad que por razón de la normativa de seguridad por ser parte integrante de la seguridad pública, debían seguir colaborando con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, tuvieron que asumir costes económicos imprevistos no deseados, derivados de la adopción de medidas de protección individual a nivel sanitario para prevenir el contagio de su personal de seguridad privada y particularmente medidas colectivas, que garantizaran la continuidad del servicio frente a sus clientes.
Sectores empresariales más afectados Sin embargo, cuando leí el Informe de Brand Finance de finales del mes de marzo sobre los niveles de impacto comercial de la COVID-19 en cada sector, los sectores empresariales que se iban a ver más perjudicados con máximo impacto por dicha pandemia, serían las Aerolíneas, Aeroespacial y Defensa, Restaurantes, Seguros, Servicios informáticos, Banca, Ocio y turismo, Textil, Hoteles, Distribución y Petróleo. Por otro lado, todavía es prematuro para conocer si las medidas de carácter financiero, fiscal y laboral establecidas por el Gobierno de España para ayudar a las empresas en particular de seguridad han surtido o no efectos.
Sin embargo, para las empresas de seguridad, hay un antes y un después una vez hayamos superado dicha crisis con la reapertura de las actividades económicas y empresariales, con motivo del proceso de desescalamiento o de transición a la normalidad determinado por el Gobierno de España, y es la recesión económica que lamentablemente nos va a afectar en los próximos años. Además a nivel organizativo, dicha crisis sanitaria ha provocado para las empresas un cambio en el modelo de gestión de las tareas desempeñadas por sus empleados.
El teletrabajo en cierto tipo de funciones y tareas viene a quedarse en nuestro modelo empresarial de las empresas de seguridad, exigiendo a las compañías acelerar su proceso de transformación digital y el uso de la nuevas tecnologías en las relaciones de trabajo con sus empleados, con las excepciones a nivel de medidas impuestas en sus centros de trabajo a personal y empresas por la normativa de Seguridad Privada, cuya normativa de desarrollo será objeto de actualización en los próximos años.
Los usuarios de los servicios de seguridad privada van a exigir a las empresas de seguridad un cambio en el contenido de estos servicios que venían prestando. Este proceso claramente es una consecuencia igualmente de la integración de las nuevas tecnologías en todas las áreas de negocio, con reorganización de sus métodos de trabajo y estrategias en general, de sus productos y servicios, y una transformación del modo de trabajar por sus empleados. Las empresas de seguridad deberán facilitar a sus clientes herramientas de comunicación online que puedan integrarse en sus modelos de gestión digitales con las debidas garantías de confidencialidad a nivel de protección de la información frente a sus clientes.
En este proceso de transformación digital deberá colaborar de forma intensa las administraciones competentes a nivel sectorial, a través de la Administración Electrónica, transformación particularmente y lamentablemente estancada en el sector de la Seguridad Privada por nuestro Gobierno de España, a través del Ministerio de Interior, y ello al revelarse como una necesidad imperiosa que debe satisfacerse frente a las empresas y personal de seguridad privada en el futuro. El ejemplo de Administración Electrónica en España lo tenemos en la Administración Tributaria cuyos servicios y actuaciones no se han visto interrumpidos durante esta crisis sanitaria. Voluntad, esfuerzo y profesionalidad no van a faltar por parte de los excelentes profesionales que trabajan en la Seguridad Privada.
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