Marlaska prepara un nuevo concurso para tratar de cubrir la vigilancia de una veintena de centros penitenciarios en la Comunidad de Madrid, Extremadura y Castilla-La Mancha
El Ministerio del Interior no consigue solucionar el problema de la vigilancia de las prisiones de la Comunidad de Madrid, Extremadura y Castilla-La Mancha. Meses después de que el departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska ordenara a la Guardia Civil sustituir a los vigilantes privados de Ombuds —que habían tenido que marcharse por la quiebra de la empresa—, sigue sin haber compañía de seguridad alguna que se haga cargo del servicio en una veintena de centros penitenciarios de estas tres comunidades autónomas.
Poco más de medio centenar de guardias civiles, por lo tanto, llevan seis meses haciendo la labor que antes llevaban a cabo medio millar de vigilantes de Ombuds en las mencionadas prisiones. Todos ellos se han trasladado hasta las instalaciones —sobre todo a las de Madrid— en comisión de servicio procedentes de unidades de seguridad ciudadana de otra región, por lo que cada mes se embolsan entre 1.600 y 1.800 euros en concepto de dietas, dinero que se suma a su sueldo habitual. El montante que resulta de sumar las cantidades que ingresan por este concepto todos estos funcionarios destinados a las prisiones lo abona todos los meses desde el pasado enero la Dirección General de la Guardia Civil.
La vigilancia en todas las prisiones, por lo tanto, se ha reducido considerablemente en las tres comunidades autónomas. En Castilla-La Mancha y Extremadura, de hecho, ni siquiera han venido guardias civiles de otras regiones, como ha ocurrido en las prisiones de la Comunidad de Madrid. Los puestos que han dejado libres los vigilantes de Ombuds han sido cubiertos por funcionarios de la benemérita de unidades de esas dos zonas o simplemente no han sido ocupados con nadie más allá del personal que ya prestaba servicio en la instalación, que ha reestructurado sus turnos.
El problema de fondo es que Ombuds cerró con una enorme mochila en forma de deuda que ahora deberá asumir la empresa de seguridad que la sustituya. La cantidad es tan alta que ninguna mercantil se presentó al concurso que el pasado diciembre abrió la Secretaría de Estado de Seguridad, que tuvo que declarar desierta la licitación. Nadie parece, por lo tanto, dispuesto a cargar con las obligaciones de otro. Desde el Ministerio del Interior, explican que están trabajando para sacar un nuevo concurso más atractivo para las sociedades del sector. No da más claves, sin embargo, el departamento dirigido por Grande-Marlaska, que ni tan siquiera tiene fecha para ponerlo en marcha.
Las condiciones económicas para los guardias desplazados a los centros penitenciarios son buenas para ellos, no tanto para la Administración, que además está encontrándose con el inconveniente de buscar funcionarios. Hay muchos voluntarios, pero la mayoría de ellos son necesarios en los núcleos rurales en los que actualmente prestan servicio. De los 203 guardias civiles que se presentaron para acceder a una de estas plazas en comisión de servicios el pasado enero, el 75% fue rechazado. Sus jefes argumentaron que no podían prescindir de ellos si querían seguir manteniendo la seguridad. "Me quedo sin patrullas para cuadrar la noche", explicaron algunos. "Con uno menos, no puedo cubrir todos los turnos", alegaron otros ante la Dirección General, que apenas dio el visto bueno a medio centenar de funcionarios, una cifra que más adelante se incrementó ligeramente.
La escasa cantidad de agentes que, en cualquier caso, prestan servicio hoy para hacer frente a una tarea que el año pasado desarrollaban medio millar de vigilantes privados conllevó las quejas de los funcionarios, que explicaron a El Confidencial que no estaban en disposición de garantizar la seguridad de los perímetros penitenciarios. Las labores para mantener el control y la protección de los centros penitenciarios, además de sobre los hombros de los mencionados guardias y de unos pocos policías nacionales, también han recaído en parte en los funcionarios de prisiones que habitualmente trabajan en estas instalaciones.
Estos últimos han estado realizando labores impropias de la tarea que tienen asignada, que debe estar centrada en el control y la reinserción de los internos que residen en los establecimientos, no en la seguridad de los recintos. De ahí que la situación también haya provocado las protestas de los funcionarios de prisiones, que han sumado a este panorama las controversias que ya venían sufriendo como consecuencia de la no consideración de su figura como agente de autoridad o de la falta de efectivos médicos en el interior de las cárceles.
La situación actual, según fuentes de la Guardia Civil, podía haberse previsto, ya que la quiebra de Ombuds era algo que podía preverse ya desde el pasado verano, meses antes de que la mercantil abandonara el servicio y dejara a 500 vigilantes en el paro. Sin embargo, el Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad no quiso anticiparse. Algunos dentro del ministerio critican que en ese momento podía haber convocado un concurso de urgencia, pero que no lo hizo y abrió la licitación con los plazos muy ajustados. El escaso margen de maniobra que dejó la falta de tiempo para las empresas impidió que varias de ellas pudieran unirse en UTE para presentarse al concurso.
El procedimiento de urgencia, según las mismas fuentes, hubiera evitado los impagos de Ombuds y, por lo tanto, la oferta de la Administración habría sido algo más atractiva. Seguiría siendo un reclamo para las empresas, que 'a priori' son conscientes de que el servicio de prisiones arroja más beneficios que otros trabajos, pero que en este caso no parece ser rentable por la elevada deuda que deben asumir. Ombuds estuvo tres meses sin pagar a sus empleados por la enorme deuda que había asumido meses antes, cuando adquirió otras dos empresas de seguridad. Tras entrar en concurso de acreedores, volvió a abonar las nóminas de los vigilantes, pero solo hasta su cierre definitivo y la finalización del servicio el pasado diciembre.
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