La Inspección de Trabajo ha detectado que hay 20.000 empresas en las que se podría estar utilizando el expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) de manera fraudulenta. Los inspectores del Ministerio de Trabajo analizarán en esas empresas de las que se tienen sospecha que se esté aplicando correctamente la norma.
El ministerio comunicó ayer el contenido de la campaña de lucha contra el fraude en los ERTE en la que se incluye un buzón en el que presentar de forma telemática denuncias sobre posibles fraudes. Otra de las medidas puestas en marcha es el envío a las empresas de comunicaciones relativas a las obligaciones vinculadas a los ERTE. Las irregularidades que quiere buscar la Inspección de Trabajo son trabajadores que desarrollan su actividad normalmente pero que han sido incorporados a un ERTE. También se analizará que los empleados de una empresa con trabajadores en ERTE no realicen horas extra ya que está expresamente prohibido en la norma.
Trabajo cuenta con un buzón telemático para presentar denuncias En un comunicado, el director de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, Héctor Illueca, subrayó ayer que “el esfuerzo inversor que han supuesto los ERTE para proteger el tejido productivo y preservar el empleo debe ir acompañado de un esfuerzo colectivo para prevenir situaciones de fraude, irregularidades y abusos”. Fuentes del ministerio explicaron que el tipo de fraude más común es el destapado, por ejemplo, en una empresa de venta de coches de segunda mano donde tras planificar visitas coordinadas en nueve centros de trabajo se detectaron diez empleados en ERTE por fuerza mayor perceptores de la prestación por desempleo y otros tres trabajadores con contrato temporal que habían superando los plazos máximos de duración, por lo que se les convirtió el contrato en indefinido. Desde que comenzó el confinamiento, la Inspección de Trabajo ha realizado también 27.500 informes a instancias de la autoridad laboral para comprobar si el ERTE se ajustaba a la legalidad.
Por otra parte, ayer el Grupo de Acción Política de Trabajadoras de Hogar, del que forma parte el Sindicato de Trabajadoras del Hogar y Cuidados de Catalunya, aseguró en un comunicado que todavía el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) no ha abonado las prestaciones por cese de actividad de las personas empleadas del hogar. Para denunciar esta situación, la plataforma de afectadas prevé llevar a cabo hoy concentraciones frente a las oficinas del SEPE en Catalunya para exigir el abono de la prestación. Según la plataforma, “si el Gobierno cumple con el plazo de tres meses que se dio a sí mismo para aprobar la prestación, las primeras la cobrarán en el mes de septiembre”. El grupo de afectadas –ya que en su la práctica totalidad son mujeres– recuerda que “la mayoría de los puestos de trabajo quedaron en suspenso o se perdieron definitivamente en marzo”. Eso significa que puede haber trabajadoras que hace tres meses que no perciben ingreso alguno.
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