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17 de marzo de 2020

El Gobierno aprueba la moratoria de hipoteca para personas sin ingresos o sin trabajo, y garantizará luz y agua


El Gobierno aprueba en Consejo de Ministros la creación de un "escudo económico y social" por valor de 200.000 millones de euros, para hacer frente al Covid-19.


"Nadie será desahuciado de su casa por atraversar una situación económica difícil", afirmaba el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El Gobierno ha aprobado este martes una moratoria del pago de la hipoteca para personas que hayan reducido sus ingresos o que han perdido sus trabajos a raíz de la crisis del coronavirus. El Ejecutivo ha incluido esta moratoria en el real decreto ley de medidas sociales y económicas que ha visto la luz este martes, en Consejo de Ministros, el cuarto en una semana. 

Sánchez, a los empresarios: La prioridad debe ser "la suspensión de contratos y la reducción de jornadas", "no el despido" .En palabras de Sánchez, este decreto supone un "escudo económico y social", cuya puesta en marcha requerirá de 200.000 millones de euros, de los que al menos 117.000 vendrán de las arcas públicas. "No vamos a dejar a nadie atrás, esepcialmente a los que ahora van a necesitar protección", prometía, incidiendo en que esta crisis es "temporal" y "global".

Garantizar los suministros esenciales de energía, agua y telecomunicaciones Además, el Ejecutivo ha aprobado garantizar los suministros esenciales de energía, agua y telecomunicaciones a las personas que han perdido sus trabajos o han visto significativamente reducidos sus ingresos por esta crisis. También ha acordado la flexiblización del pago de cuotas por cese de actividad para los autónomos, y la priorización del teletrabajo. A este respecto, Sánchez ha anunciado una "partida importante" para "ayudar a pequeñas y medianas empresas" a adquirir recursos técnicos para posibilitar el teletrabajo -ha mencionado los ordenadores-, si bien no ha aclarado su cuantía. Sánchez, además, ha hecho un llamiento directo a los empresarios: les reclama que no despidan a trabajadores, y se acojan a los créditos del ICO o a las facilidades aportadas por el Ejecutivo en lo que respecta a los ERTEs o a las reducciones de jornada. La prioridad, decía, debe ser "la suspensión de contratos y la reducción de jornadas", "no el despido". 



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