Dos sindicatos denuncian un aumento de ataques tras la flexibilización de las restricciones sanitarias
Las agresiones contra vigilantes de seguridad del metro de Barcelona se han convertido en un goteo incesante de casos que van en aumento. Así lo transmiten dos sindicatos a Metrópoli, que apuntan a causas similares para explicar este repunte de ataques: la flexibilización de las restricciones sanitarias, la falta de personal y una baja formación entre los empleados son algunos de los factores.
Sergio Sánchez, asesor de ADN Sindical describe un aumento de agresiones y también de su agresividad. "Nos preocupa la violencia gratuita que estamos detectando tras la pandemia". El fraude, colarse sin pagar el billete, es uno de los principales escenarios en los que se producen los ataques contra los efectivos de la vigilancia privada contratada por Transports Metropolitans de Barcelona (TMB). Hace un mes, sigue el sindicalista, durante la última campaña para luchar contra el fraude en el suburbano se registraron numerosas agresiones, también a interventores.
La última agresión tuvo lugar este sábado por la noche en la estación de la Barceloneta cuando un vigilante recriminó la actitud de un usuario que estaba aguantando la puerta validadora para permitir que otros usuarios también se colaran. El incívico se abalanzó contra él mientras lo intentaba retener y le golpeó la cara en varias ocasiones. Fue atendido en un centro sanitario donde le cosieron 15 puntos.
El registro de una de las empresas de seguridad privada contratadas por TMB refleja una cifra de agresiones por parte de usuarios considerable. Según la información de una de estas compañías a las que ha tenido acceso Metrópoli, 91 empleados sufrieron algún tipo de episodios violentos con pasajeros durante el 2021. Sánchez tiene la percepción de que la violencia de las agresiones es mayor. Este registro de ataques contra empleados señala que, de entre las víctimas agredidas, 40 causaron baja a causa de la gravedad de la agresión. La cifra de agresiones en todo el año anterior es superior y no es representativa, pues faltan por conocer los datos de la otra empresa de vigilancia privada que trabaja en la red de metro.
Desde el USSP, otro de los sindicatos de la vigilancia privada del metro, denuncian que no hay seguridad para sus empleados. Las actuaciones en los casos en que detectan a una persona que se cuela en el metro son un problema. "Desde el CSPC (Centro de Seguridad y Protección Civil del Metro) envían a un vigilante contra cinco personas o a dos contra diez. La mayoría de los agresiones ocurren porque no tenemos un protocolo de actuación", denuncian fuentes de esta organización.
Securitas ha elaborado recientemente un protocolo de actuación dirigido a sus empleados. Este documento, al que ha tenido acceso este medio, recoge que la violencia laboral se ha convertido en un "problema mundial". La que ejercen los "usuarios" y "acompañantes" contra el personal de seguridad privada "es un comportamiento cada vez más habitual". El protocolo da varias pautas sobre cómo actuar después de una agresión y sobre la atención sanitaria y psicológica posterior que se debería dar. Desde ADN Sindical, Sánchez, atribuye este protocolo firmado en junio de 2022 al aumento de agresiones en el metro.
SIN FORMACIÓN SUFICIENTE
Desde USSP aseguran que existe una falta de formación jurídica entre la plantilla de vigilantes. "La Ley de Seguridad Privada es importante, pero no está por encima de otras leyes como la Constitución. Un compañero no puede retener a una persona 45 minutos contra su voluntad porque se haya intentado colar", especifican. Las esposas, siguen, solo se pueden poner en caso de "delito flagrante" como un hurto, un robo, una agresión, etc. Desde ADN Sindical, Sánchez explica que un vigilante no puede tolerar que un usuario viaje sin pagar y que se debe sancionar a la persona. "Es un control de acceso. Para entrar en el metro hay que pagar", subraya. "El problema es que quieren entrar gratis y si se les recrimina se encaran".
OBLIGATORIEDAD DE LA MASCARILLA La mascarilla es un problema añadido para los vigilantes. El nuevo decreto que ha anunciado este lunes la Generalitat para obligar a usar la mascarilla en el transporte público (metro, tranvía, bus y tren) preocupa a Sánchez por la responsabilidad añadida que se delega a los responsables de velar por la seguridad en el suburbano. Recriminar a pasajeros que lleven el tapabocas es, en algunas ocasiones, origen de conflictos con algunos usuarios. En algunas agresiones en este contexto, se da la circunstancia que los usuarios incívicos tampoco tienen billete.
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