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IUn empleado de Securitas sufre estrés postraumático cinco años después de ser atacado en Cornellà
El 22 de octubre de 2017 quedará grabado para siempre en la retina de Diego (nombre ficticio). A las 06.13 de la mañana, seis individuos rodearon y atacaron a este vigilante de seguridad y a un compañero en la estación de metro de Gavarra (Cornellà). La paliza duró un minuto, según la última sentencia judicial sobre el caso. Fue atendido en un centro sanitario por "contusiones múltiples" y fracturas en la muñeca. La recuperación física se prolongó dos meses, pero las secuelas psicológicas han marcado a este hombre de 36 años al que le aterra volver a patrullar las estaciones del metro.
Cinco años después, a Diego le sigue revolviendo una misma circunstancia de aquella mañana. "Pasé mucho miedo. Pedimos apoyo y no apareció nadie", dice a Metrópoli. Los hechos ocurrieron en la L5 del suburbano. Los dos vigilantes fueron requeridos por el Centro de Control del Metro (CCM) por el comportamiento de un grupo de jóvenes que molestaban a los pasajeros. Ya habían recibido dos avisos previos, uno de ellos en la estación de Hospital Clínic, por su negativa a pagar el billete.
Los dos empleados de Securitas subieron al tren donde viajaba el grupo en la estación de Sants. Instantes antes del encuentro, uno de los individuos cayó al suelo después de intentar propinar una patada contra un viajero. La pareja de vigilantes recriminó la actitud de los agresores por molestar a los usuarios. El enfrentamiento, primero verbal, fue subiendo de tono hasta que uno de ellos le arrancó la placa a Diego. Su compañero reaccionó empujando al agresor y los atacantes, seis personas, se encararon con ellos. Los hicieron retroceder y los atacaron con patadas y puñetazos. Un tercer vigilante fuera de servicio, que intentó calmar los ánimos de los violentos, fue el primero que recibió los golpes. Le quitaron la defensa (porra) que llevaba en la mochila y la usaron para atacar a los tres hombres.
ESTRÉS POSTRAUMÁTICO La paliza en la que el vigilante temió por su vida le ha marcado profundamente su vida. En agosto de 2021 fue diagnosticado con un estrés postraumático. Toma pastillas para dormir y le aterra regresar a patrullar de nuevo las estaciones del metro. Actualmente lleva seis meses de baja, una situación a la que se ha acogido varias veces en estos últimos años. "No quiero volver. Si tuviera otra salida laboral la cogería. En el metro no hay seguridad", asegura. Tras la agresión, TMB lo derivó al servicio de seguridad destinado a perseguir a los grafiteros, una función que le permite evitar estar en contacto con los miles de viajeros que toman cada día el metro.
En 2021, un juez condenó a cuatro de los agresores a penas de prisión por tres delitos de lesiones y a pagar una indemnización de 9.461 euros a Diego y a 10.967 euros a su compañero. Antes, en octubre de 2018, los vigilantes agredidos iniciaron otro procedimiento judicial contra TMB y Securitas. En esta ocasión, por omisión de socorro. Entendían también que el operador del transporte público no contaba con los protocolos suficientes ni dotaba a los vigilantes con el material suficiente para intervenir en estas situaciones. Pedían indemnizaciones de 80.000 y 122.000 euros.
JUICIO CONTRA TMB El juicio tuvo lugar el 2 de junio de este año y el juez de lo social desestimó las razones de los vigilantes. En la sentencia, el juez considera que "la acción de resarcimiento por los daños personales derivados de la agresión ya fue ejercitada, estudiada y judicialmente resuelta" en la investigación y posterior sentencia condenatoria contra algunos de los jóvenes implicados en la paliza. También exime a TMB de cualquier responsabilidad. El magistrado define el ataque como una "brutal agresión que sólo es imputable al grupo de energúmenos que la llevo a cabo" y subraya que esa conducta ya se juzgó.
Para el magistrado la existencia de "situaciones de conflicto" es "inherente" a la profesión del vigilante de seguridad, "debiendo actuar sobre otras personas, con actitudes muchas veces agresivas, en ocasiones con las facultades mentales perturbadas", con el objetivo de proteger a otras personas y bienes, "siendo el peligro consustancial a la actividad". Para el juez, el uniforme y los equipos de protección (ese año los vigilantes no llevaban armillas protectoras) "eran los adecuados".
Durante el procedimiento, los demandantes argumentaron que la empresa pública de transporte evitó mandar diferentes vigilantes de refuerzo que Diego y su compañero habían reclamado. "Las empresas no podían imaginar el desenlace final de los hechos" porque cualquier observador externo hubiera apreciado que se trataba de un incidente menor", justifica el juez dando la razón a TMB. Las víctimas recurrirán la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).
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