SPV solicita a las Consejerías de Hacienda y Cultura el cese urgente de los contratos que aún mantienen con Mersant

SPV solicita a la administración andaluza la rescisión de los contratos que aún mantienen con Mersant Vigilancia S.L., para dar una salida al grave problema de impago de salarios que vienen atravesando los trabajadores de esta mercantil

Desde el sindicato SPV hemos solicitado en el día de hoy a las Consejerías de Hacienda y Cultura de la Junta de Andalucía que procedan a ejecutar el cese urgente de los contratos que  inexplicablemente aún mantienen con Mersant Vigilancia S.L., en concreto en los edificios de la Calle Albareda 18/20 y del Museo de Bellas Artes de Sevilla.

En una desarrollada y minuciosa comunicación, hemos expuesto a los máximos responsables de dichas consejerías, que desde el pasado mes de diciembre, una mayoritaria representación de los sindicatos actuantes en el sector de la seguridad privada, hemos venido advirtiendo mediante notificaciones remitidas a los departamentos de contratación de las administraciones publicas responsables de las licitaciones de los contratos de seguridad puestos en entredicho, ya que los acuerdos han sido conculcados en distintos apartados. Según nuestro criterio, una vez son conocedores de estas irregularidades, deben actuar sin demora y conminar a la empresa fraudulenta a que salde la deuda que mantiene con los vigilantes de seguridad y auxiliares de servicio, para que así se restablezca la regularidad del abono de sus nóminas de inmediato.

Además de exigir su mediación para lograr el pago inmediato de los salarios dejados de percibir por los trabajadores afectados, desde SPV le solicitamos a la administración andaluza que tomen sin mayor dilación cartas en el asunto y procedan a ejercer una mediación en un tema como este que se ha convertido ya en una grave alarma social, que afecta a un colectivo de trabajadores ya muy castigado de antemano.

En la carta remitida subrayamos el cúmulo de experiencias negativas que padecemos en nuestro sector, especialmente castigado por las malas praxis de distintas instituciones públicas, donde la vulneración de derechos laborales no es un caso aislado sino ya una costumbre, debido a que en los concursos de seguridad privada prima el criterio económico a la baja por encima de todo, con el posterior desentendimiento de esas administraciones, que luego escudándose en un mar de normas interpretables, miran hacia otro lado cuando surgen conflictos con los trabajadores. Toda esta problemática ha conseguido que sindicatos de diferentes siglas y con distintas sensibilidades, hallamos confluido en unir esfuerzos para reivindicar una solución. Exigimos de los poderes públicos que no blanqueen a empresas que son defraudadoras e impagadoras, y que opten por adjudicar sus concursos a sociedades que sostengan su negocio con prácticas éticas y responsables, siendo especialmente rigurosos con las obligaciones que tienen que tener las administraciones ante un asunto que también es de ética elemental y de prestigio de las propias instituciones.

En SPV alertamos del riesgo evidente de mantener y adjudicar contratos con empresas que sistemáticamente vienen incumpliendo el convenio colectivo nacional de empresas de seguridad privada, dejando a la postre cantidades ingentes de dineros adeudados, del que después han de responder las maltrechas arcas del estado, a través del consabido organismo del FOGASA, que asume que los trabajadores cobremos una parte de las deudas acumuladas por los empresarios piratas. Un sistema perverso, que aboca finalmente al trabajador a tener que pleitear y acudir a un sistema judicial lento y colapsado, incapaz de dar respuesta eficaz a tanto despropósito. Es bien sabido por todos que este tipo de empresas, que optan por trabajar en el sector público vía concursos a la baja, terminan por generar deudas por impagos de salarios y deudas a la seguridad social, y dejan de subrogar al personal para evitar así la debida responsabilidad subsidiaria de la misma dejando en el paro y con deudas a trabajadores que debieron de dar continuidad a sus contratos.

SPV concluye su escrito dirigido a las consejerías de la administración andaluza que aún mantienen tratos comerciales con Mersant, con un ruego acuciante. Entendemos que apenas queda tiempo de poder solventar la problemática que puede acarrear dicha empresa, pues los meses van sucediendo y el problema se va enquistando.

Es nuestra obligación como sindicato profesional del sector velar por la economía y estabilidad laboral de los compañeros y compañeras que prestan servicio en sus instalaciones desde hace años. Pedimos a los organismos públicos dirigidos, que una vez recabe toda la información aportada, procedan a cesar el contrato con dicha empresa de manera URGENTE. La Junta de Andalucía no puede colaborar sosteniendo ni un minuto más a este tipo de empresas. Hay que acabar con la agonía de las familias vienen padeciendo con esta empresa pues llevan varios meses en situación de vulnerabilidad, teniendo que pedir dinero prestado a familiares y amigos para poder afrontar los pagos y poder dar de comer a sus hijos y las reclamaciones por impago del banco pueden desencadenar inminentemente futuros desahucios. Las administraciones públicas tienen herramientas legales de sobra para parar esta sinrazón, tanto es así que en casos sobradamente conocidos por todos, si que se le ha dado ya una salida a este conflicto de Mersant y en otros no. Nos hemos ofrecido a aportar todo tipo de pruebas y denuncias formuladas en todos estos meses.

Desde SPV Entendemos que con dinero público no se puede enriquecer en forma alguna a empresarios explotadores y defraudadores, sino que hay que apostar por empresas que sean reconocidas por ser responsables con sus asalariados, que cumplan y que paguen. No nos cansaremos de insistir a las administraciones públicas que en los contratos de seguridad privada,

LO BARATO SALE CARO.