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El PSOE reclama a Moreno Bonilla que resuelva de forma urgente esta lamentable situación que están pasando los vigilantes de seguridad de las oficinas del SAE en las provincias de Cádiz y Sevilla
La diputada en el Parlamento de Andalucía y portavoz de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Noelia Ruiz, ha elevado al Parlamento andaluz la problemática del colectivo de vigilantes de las sedes del Servicio Andaluz de Empleo a los que la empresa adjudicataria Mersant Vigilancia SL adeuda el pago de cuatro nóminas más la paga extra de Navidad. Así el próximo jueves Ruiz preguntará a la consejera Rocío Blanco que tipo de gestiones está realizando para forzar a la empresa a que realice el pago por los servicios de seguridad que presta a la administración pública en la red de oficinas de empleo.
Con todo, “el PSOE reclama a Moreno Bonilla que resuelva de forma urgente esta lamentable situación que están pasando los vigilantes de seguridad de las oficinas del SAE en las provincias de Cádiz y Sevilla y que afecta a 80 familias”. Ruiz denuncia además que “no se cubren las bajas y muchas oficinas se están quedando descubiertas sin servicio de seguridad”. Las oficinas afectadas por este problema en la provincial son Alcalá de los Gazules, Alcalá del Valle, Algodonales, Los Barrios, Chipiona, Bornos, Conil, Espera, Rota, San Roque, Tarifa, Ubrique, Vejer y Trebujena, entre otras.
La diputada recuerda también que “el contrato con esta empresa lo hizo la consejería de Empleo en 2019, aprobando un pliego que perjudicaba además las condiciones laborales de los vigilantes”. “Un contrato dañino para los trabajadores, según las declaraciones de ellos mismos, por lo que a esta merma de derechos laborales, se le une, que la empresa incumple el pago de las nóminas y los está llevando a una situación extrema mientras la consejería de Empleo y el presidente de la Junta miran hacia otro lado”, denuncia.
Desde el PSOE se afea a Moreno Bonilla “la situación de precariedad laboral a la que está sometiendo a trabajadores que desempeñan un servicio público, que atienden en primera instancia a las personas que se acercan a las oficinas de empleo”. La portavoz socialista que ha mantenido un encuentro con este colectivo explica que “se han dirigido muchas veces a la consejería de empleo, y llevado actos de protesta con concentraciones en las puertas de la delegación territorial, manifestaciones en la puerta del Parlamento, pidiendo que la Junta rescinda el contrato a esta empresa, que se les reconozca la deuda o que se adopten las medidas legales necesarias para poner al día el pago de sus nóminas”. “Mientras tanto, la propia consejería de Empleo sigue adjudicando contratos a esta empresa y prorroga este de 2019 a sabiendas de los incumplimientos de la empresa”, apostilla para aclarar que “en la provincia de Cádiz otras administraciones, como el ayuntamiento de Chiclana, han resuelto la situación”.
Noelia Ruiz apela a la responsabilidad última de la Junta ya que estos Vigilantes siguen a la espera de que la empresa desaparecida pero que se resiste a declararse en concurso asuma sus obligaciones económicas o autorice el pago directo a los trabajadores por parte de la conserjería de la Junta de Andalucía. Esto aún no ha sucedido pese a estar informados de lo que sucede y como empresario principal, si el contratista no responde y hace ya más de tres meses del abandono de estos trabajadores, es la Consejería la máxima responsable de las penalidades que soportan estos trabajadores, por su incapacidad de maniobra e inmovilismo”.
“Esta situación desesperada está dejando a muchos empleados al borde de riesgo de pobreza porque no pueden pagar las hipotecas de las viviendas ni hacer frente a su vida cotidiana generando en muchas casos hasta problemas mentales”, ha señalado para subrayar la paradoja de que “los que prestan sus servicios en las oficinas de empleo no cobren por el trabajo que realizan”.
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