El presidente de la Audiencia Provincial de Segovia, Ignacio Pando, se muestra contundente en la memoria del año pasado a la hora de afirmar que «derivado de la dispersión de sedes judiciales y de las limitaciones presupuestarias, la falta de medidas de seguridad es evidente». Todo ello se mantiene después de que, el 1 de diciembre, la juez de Santa María la Real de Nieva, María Sonsoles Sanchidrián Velayos, sufriera un ataque a la salida del Juzgado por parte de un ciudadano disconforme con una resolución wue dictó, y que sólo la suerte y la propia defensa de ella misma evitaron que terminase con su muerte, sufriendo no obstante heridas de consideración, causadas con un destornillador. Recuperada físicamente, se encuentra aún en baja psicológica, mientras que ha sido sustituida por una juez suplente.
Ignacio Pando relata a este periódico que, «después del atentado contra la juez, la Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia puso un vigilante de seguridad, más que nada por tranquilidad de los trabajadores que estaban muy nerviosos, y desde el Ministerio, esa misma tarde, dijeron que se quitase por un temor, que me parece absolutamente infundado porque no tiene nada que ver, porque pudiese sentar un precedente que los demás juzgados pudieran pedir». Desde entonces y pese a las peticiones de dotar de vigilante de seguridad a estos órganos judiciales, lo único que se ha hecho en ellos ha sido instalar un videoportero automático, dando por hecho por tanto, que estos juzgados permanezcan con sus puertas cerradas al público.
Esta solución no evitará incidentes como los sucedidos en Santa María de Nieva, según Pando, «ni impedirá que los que ingresen en el inmueble lo puedan hacer con armas u objetos peligrosos, sin que ningún personal de seguridad se lo impida, por lo que se considera un parche insuficiente para garantizar esa seguridad reiteradamente reclamada, que debe ser solucionada de forma urgente».
El presidente de la Audiencia Provincial señala que ahora en época de pandemia no hay problema porque la entrada en todas las dependencias judiciales es con cita previa, «pero la costumbre que había de tener las oficinas abiertas ha pasado a la historia». Es complicado porque, cuando no hay juicios, en su opinión, «se puede tener la puerta cerrada e ir abriendo al que entra, pero los días que es audiencia pública y hay mucha gente entrando y saliendo no se puede estar constantemente abriendo y cerrando la puerta, es un problema que nos soluciona a medias». Pando sostiene que «no es culpa de los que están trabajando allí, es una cuestión estructural, si quieren seguir manteniendo juzgados aislados tendrán que asumir los costes que conlleva, no se puede decir que tienen juzgados en los pueblos pero no les proveen de las medidas necesarias, para eso no que no se tengan».
En su informe reitera que la única sede que cuenta con medidas de seguridad es el Palacio de Justicia, que cuenta con arco detector y ruta de entrada específica para el público, contando con un agente de la Guardia Civil, y dos agentes de seguridad privada en la parte central del horario de mañana, y uno solo de 8,00 a 15,00 horas, así como otro por las tardes cuando alguno de los juzgados que tiene sus oficinas en este edificio está de guardia. En la sede que ocupan los Juzgados de lo Penal, existe un vigilante de seguridad privada. El resto de las sedes judiciales –juzgados número 5, de Menores, y Juzgados Social y Contencioso– carecen de cualquier medida de seguridad, como sucede en los juzgados de los otros tres partidos judiciales. Como solución económica, se instalaron cámaras de seguridad en los Juzgados de Sepúlveda, de Cuéllar y de Santa María de Nieva como medida disuasoria, que se reveló como suficiente en lo sucedido en este último, recuerda Ignacio Pando.
Aunque continúa la situación de dispersión e insuficiencia de las sedes judiciales, el hecho de que se hayan retomado las obras del nuevo edificio, en julio de 2020, con un plazo de ejecución previsto de 20 meses, crean cierto optimismo en la judicatura. Reconociendo que observa el avance de las obras como cualquiera que pasa cerca de ellas, Ignacio Pando afirma que «ahora van muy deprisa porque son estructuras, veremos a ver cuando empiecen a trabajar en los interiores y acabados, pero no he recibido ninguna comunicación de que tengan retraso, parece que van siguiendo los ritmos programados, con lo cual la esperanza es que se sigan manteniendo y podamos acabar en el plazo que estaba previsto».
La necesidad de espacio generada por la entrada en funcionamiento del Juzgado de lo Penal nº2 se ha solventado con las obras en el Palacio de Justicia. En la remodelación de espacios se ha conseguido que por el Ministerio de Justicia se destine una zona para su uso como Sala de vistas, de menores dimensiones que las existentes pero digna para cumplir su función cuando el número de partes sea limitado, como suele suceder en los pleitos civiles, o para ser usada para videoconferencias. Uno de los principales acontecimientos que se citan en la memoria es la entrada en funcionamiento del Juzgado de lo Penal nº2 de la provincia, el 30 de octubre de 2020, después de que por el Ministerio de Justicia se adecuara la vivienda del Fiscal Jefe y parte de la vivienda de la Presidencia, en el Palacio de Justicia, para nuevas oficinas.
En ellas se ha instalado el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº6, ocupando el nuevo Juzgado de lo Penal las dependencias de aquel, de forma que ambos juzgados de lo penal quedan ubicados en el mismo inmueble, consiguiéndose un espacio para su uso como Sala de vistas, de menores dimensiones que las existentes pero digna para cumplir su función cuando el número de partes sea limitado, como suele suceder en los pleitos civiles, o para ser usada para videoconferencias.
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