El sector de la seguridad privada en Baleares se ha cansado del nulo reconocimiento laboral hacia un colectivo que tiene que enfrentarse diariamente a situaciones de riesgo y agresiones constantes a su personal.Tan solo en la estación Intermodal de Palma, cada mes se produce como mínimo una agresión física al personal de seguridad y las amenazas e insultos son diarias. Los vigilantes exigen seguridad jurídica y más medios materiales. Además, denuncian que pese a sufrir agresiones, no se les tiene en cuenta a la hora de priorizar su vacunación contra el coronavirus.
El coordinador general de Alternativa Sindical en Baleares, Gabriel Gómez, explica que "como sindicato que agrupa al personal de la seguridad privada tenemos muy claro que nos encontramos absolutamente indefensos. No es normal que no tengamos la misma protección jurídica que, por ejemplo, los maestros o el personal sanitario. Estamos en contacto constante con delincuentes, por lo que lo lógico sería que una agresión a un vigilante se considerase penalmente como si se hubiese agredido a un agente de la autoridad. Con ello se conseguirían penas mayores para los agresores y serviría como medida disuasoria".
"Esta manifiesta indefensión se traduce, -añade este sindicalista-, en algo tan anacrónico como que en caso de conflicto, los agentes del Servicio Ferroviario (SFM), que están considerados como agentes de la autoridad, tienen que pedir ayuda a un vigilante, que no es autoridad".
SITUACIONES DE RIESGO Otra de las reivindicaciones de este colectivo hace referencia a la falta de medios materiales, más cuando tienen que enfrentarse constantemente a situaciones de riesgo. En este punto, el coordinador de Alternativa Sindical relata que "actualmente contamos con algunos medios materiales como defensas de goma, grilletes o chalecos anticontusión. Esto está bien pero para ser más efectivos deberíamos llevar sprais de gel de defensa para actuar contra personas que nos atacan directamente. Hay empresas de seguridad que sí proporcionan estos sprais a sus trabajadores, pero otras no lo hacen y debería ser obligatorio".
La falta de seguridad jurídica y de medios materiales aboca a este colectivo a buscar soluciones ante la administración pública aunque hasta la fecha las reuniones con delegación del Gobierno no han dado los frutos esperados: "Nos sentimos desamparados y aunque seguiremos agotando la vía administrativa, nos descartamos ir a Inspección de Trabajo amparándonos en La ley de Riesgos Laborales. Si todo esto no fructifica y persiste la situación de bloqueo, no descartamos movilizaciones y e incluso la huelga". Para concluir, Gabriel Gómez recuerda que "por si esto no fuese suficiente, este colectivo de cerca de 4.000 empleados en las islas hemos pedido que se nos priorice a la hora de recibir la vacuna del coronavirus ya que estamos en contacto directo con los ciudadanos y con todo tipo de personas. Evidentemente, no se ha hecho ni el más mínimo caso a esta reivindicación sanitaria".
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