.jpg)
El presidente de la Asociación Canaria de Detectives aclara que ambos profesionales usan procedimientos distintos al actuar.
El presidente de la Asociación Canaria de Detectives, Nicolás Hernández, afirma que la participación de estos profesionales para localizar personas también puede ser válida y su labor privada, a requerimiento de las familias, puede servir también a los cuerpos de seguridad. Así se expresa cuando se le pregunta si un detective puede tomar parte en la búsqueda nacional e internacional de Tomás Gimeno y sus hijas, Olivia y Anna. Dice que es muy habitual la participación de detectives en procedimientos familiares, donde la parte contratante tendría que contar con la necesaria legitimidad. Desde su punto de vista, la labor de estos “no solo es absolutamente legal, sino incluso recomendable, en particular, cuando hay dudas sobre alguna circunstancia”.
También aclara Hernández que todo el proceso, desde la solicitud del servicio hasta la entrega del informe o ratificación en sede judicial, se hace de acuerdo a Ley de Seguridad Privada. Una vez que el profesional y el particular firman el contrato, este debe ser anotado en el libro de registro del sector, donde se le asigna un número. Cuando se acaba la investigación, el resultado se recoge en un informe confidencial. Hernández reconoce que esta semana se ha desvelado que una compañera de Tenerife reconoció que fue ella la profesional a la que contrató Tomás Gimeno para hacer un seguimiento a su hoy expareja. El presidente del colectivo señala que «está habilitada, tiene Tarjeta de Identidad Profesional (TIP) y figura en el registro nacional de seguridad privada, que distingue, entre otras cosas, a los detectives ejercientes de los no ejercientes. Explica Nicolás que «ese trabajo es una investigación que se encuadra en el ámbito familiar, totalmente normal; nos autoriza una ley».
No entiende que «se hable o se ponga el foco en ese informe que la detective hizo hace un año ni que se nombre tanto que espiamos; nosotros investigamos y lo recoge una Ley», matiza. Asegura que es lógico los guardias civiles analicen todo el contenido, ya que es parte de su trabajo, «pero el objetivo de todo esto no pasa por el trabajo del detective, sino por la localización de las niñas y la detención de su padre; ojalá aparezcan pronto». Según el presidente del colectivo, cualquier ciudadano o empresa debe comprobar que la persona a la que contrata debe tener TIP, otorgada por el Ministerio del Interior, y número de registro nacional de seguridad privada, que emite la Policía Nacional. Hernández apunta que la colaboración con “los cuerpos de seguridad es absoluta”. Recuerda que en el 2020, un compañero de Tenerife participó en la búsqueda internacional de una menor, que fue localizado en una isla de la provincia de Las Palmas. En ese caso, colaboró con la Policía Nacional y el FBI norteamericano. Advierte de que en Estados Unidos, el detective puede ejercer como trabajador público en la policía, aunque también los hay privados. «Los profesional como nosotros son muy utilizados en ese país; todo suma», comenta.
La asociación autonómica persigue el intrusismo, y una vez detectado un caso, avisa a la Policía Nacional, que, a su vez, informa a la Subdelegación del Gobierno para que inicie expediente sancionador. Según Hernández, quien estafa en este campo puede llegar a ser sancionado con 30.000 euros. Sobre los episodios de desaparecidos cuando hay indicios de que se ha cometido un delito, Nicolás Hernández afirma que “quien hace este tipo de búsquedas son los cuerpos de seguridad del Estado, que están muy preparados para esto”. Resalta que quien hace estas labores en este caso concreto es la Unidad Orgánica de Policía Judicial o la Unidad Central Operativa (UCO) “son siempre sinónimo de garantía, de esclarecimiento en un elevado porcentaje de los casos y también de muchas horas de trabajo; miden todo al milímetro, estudian cualquier posibilidad”.
Los detectives pueden buscar personas, vehículos o maquinarias, por ejemplo. “El límite está situado cuando el asunto es un delito, ahí se paraliza la investigación y se comunica a la autoridad”, asegura Hernández. Reconoce que, según el tipo de asunto, se tiene que consultar con la Unidad Central o Territorial de la Policía Nacional, que, por lo general, nos derivará a la Guardia Civil. Sobre el caso de Tomás Gimeno, que está judicializado, “se tendría que pedir autorización primeramente a la Unidad Central o Territorial del Cuerpo Nacional de Policia, y lo habitual que ellos nos deriven a la Policía Judicial de la Guardia Civil. «Tenemos varios canales de comunicación con las fuerzas y cuerpos, a través de la Red Azul de la Policía Nacional o la Red Coopera de la Guardia Civil», señala. “Entiendo el derecho constitucional de los medios a transmitir información», apunta Hernández, pero advierte de que “es muy delicado, no vale todo, en este caso se tiene que ser muy cuidadoso, hablamos de dos niñas, de una madre, de unas familias”. Aclara que “no cualquier ciudadano puede jugar a tirar barro, y que sea perjudicial más que beneficioso; no se puede olvidar lo que está en juego: esto que está pasando es una desgracia, no un pasatiempo”.
¿Qué diferencias hay entre los procedimientos de los cuerpos de seguridad y los investigadores privados? “Trabajamos con distintos métodos; sí que le garantizo que, cuando ambos procesos se mezclan, el resultado es muy enriquecedor”, comenta Hernández. Explica que “nuestras fuentes de investigación son distintas y, además, el detective tiene una red de colaboradores internacionales que se utiliza de forma inmediata en cada país o continente”. Defiende que la profesión de detective, llevada con rigor, seriedad, y legalidad, «hace una labor social muy importante dentro del ámbito mercantil, laboral, financiero o familiar, entre otros». «Esclarecemos en los tribunales muchos asuntos, se detectan muchos engaños y supuestos delitos», afirma. Estima que «nos falta esclarecer asuntos estatales, en los que podríamos actuar, como las bajas de los funcionarios, las colaboraciones activas con la Seguridad Social o Hacienda, o búsqueda de patrimonio de deudores». El detective, a través de la mutua, ya trabaja en asuntos de la Seguridad Social, «pero tenemos grandes sectores laborales del Estado que están impunes a la hora de esclarecer continuas bajas laborales; en ese sentido, ahorraríamos mucho dinero a la administración y al contribuyente». En cambio, los investigadores privados sí trabajan con algunos ayuntamientos. La Asociación Canaria prepara la creación del Colegio Profesional de Detectives Privados de Canarias. «Ya lo tenemos tramitado ante el Gobierno de Canarias», informa Hernández, que añade que dicha institución dará «más garantías al cuidadano sobre nuestra actividad», como algunas que ya existen en la Península.
No hay comentarios:
Publicar un comentario