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25 de mayo de 2021

Guerra a los guardaespaldas piratas en la Costa del Sol

La Policía Nacional denuncia en lo que va de año a 28 escoltas ilegales que no cumplen con los requisitos de la Ley de Seguridad Privada. Empresarios extranjeros de alto nivel adquisitivo, el perfil de usuario más común.

Veintiocho personas han sido denunciadas durante los primeros meses del año en la provincia de Málaga por prestar de modo ilegal servicios de escolta a personas que quieren aumentar su seguridad personal. Según ha informado la Comisaría Provincial, la Unidad Territorial de Seguridad Privada de la Policía Nacional ha actuado contra estos guardaespaldas por no cumplir con los requisitos de habilitación y autorización exigidos por la Ley 5/2014 de Seguridad Privada, siendo trasladadas estas denuncias a la Subdelegación del Gobierno de Málaga. Este tipo de hechos supone una infracción muy grave a la normativa española que regula la seguridad privada en España, enfrentándose los escoltas ilegales a sanciones de entre 6.001 y 30.000 euros, mientras que los usuarios que los contratan se enfrentan a multas que van desde los 20.001 a los 100.000 euros.

El trabajo de esta unidad policial permite dibujar un perfil de los usuarios de estos servicios como empresarios con alto poder adquisitivo, mayoritariamente extranjeros afincados en la costa malagueña, "que por razones profesionales o personales se sienten amenazados". "En los casos detectados en la provincia, la actividad a realizar por los escoltas ilegales consistía en el acompañamiento y protección del contratante en sus traslados y viajes, así como de los miembros de su familia", han explicado. Desde el cuerpo recuerdan que la legislación española en esta materia establece que los servicios de escolta privada deben ser previamente autorizados de manera individual por la Dirección General de la Policía, debiendo ser prestados "en todo caso por empresas legalmente inscritas en el Registro Nacional de Seguridad Privada" y desarrollados a través de "personal que cuente con la habilitación como escolta privado", concedida también por la DGP.

Intrusismo profesional La lucha contra el intrusismo profesional en el ámbito de la seguridad privada es uno de los objetivos estratégicos de la Policía Nacional, en su calidad de autoridad nacional de control para este sector, ha añadido la Comisaría Provincial. Por ello, además de las denuncias presentadas en lo que va de año, se han elevado 13 propuestas de sanción por actividades relacionadas con el intrusismo, manteniendo abiertas otras investigaciones por presuntas labores intrusas en la provincia.

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