Los detectives privados denuncian la situación de indefensión de ciudadanos y empresas, y solicitan al gobierno garantías legales para reanudar su trabajo como un servicio esencial.
lzamientos de bienes, fugas de información confidencial, robos de material, bajas médicas falsas, solicitudes fraudulentas de ERTE, estafas al seguro, conductas irresponsables en el ámbito familiar… se están multiplicando al amparo de la situación extraordinaria creada por el COVID 19 y por el estado de alarma, según denuncian todos los colegios y asociaciones profesionales de detectives privados de España. El impacto económico y social es incalculable y pone en riesgo los objetivos de recuperación tras la pandemia.
Despachos de detectives privados de toda España están recibiendo peticiones de ayuda de ciudadanos y empresas que se ven impotentes para frenar conductas y actuaciones —tanto de personal interno como externo— constitutivas de delitos perseguibles a instancia de parte. La repercusión económica de estas prácticas irregulares puede provocar el cierre irreversible de industrias y comercios. Además, afecta ya a las arcas del Estado, como se ha visto en varios casos recientes de compras millonarias de material sanitario a través de empresas sin garantías.
Por otro lado, y entre otros temas, clientes particulares y abogados de familia les han mostrado también su preocupación por la falta de control en las custodias de los menores —hijos de padres separados o divorciados— y sobre las condiciones en las que están pasando su confinamiento, a menudo al cuidado de personas de grupos de riesgo, como los abuelos. Preocupación que se ha agravado en los últimos días como consecuencia de la vuelta al trabajo de nuevos sectores económicos y la salida a la calle de los menores de catorce años. Aunque los detectives privados son los únicos facultados para la investigación de estos asuntos, la lectura restrictiva del estado de alarma, por parte de los responsables de Interior, los mantiene confinados en sus domicilios al no considerarlos un servicio esencial, e impide los imprescindibles trabajos de campo, multiplicando la sensación de impunidad de los infractores.
Todos los colegios y asociaciones profesionales de España han presentado de forma conjunta un escrito ante los ministerios de Sanidad, Interior y Justicia para que se considere a los detectives privados como un servicio esencial y puedan regresar a las calles con todas las garantías jurídicas. De esta manera, según los firmantes, se podrán cumplir los objetivos de servicio a la ciudadanía y de apoyo a las autoridades. Los detectives sostienen que solo así se garantiza el derecho fundamental de defensa de sus clientes.
En la actualidad, se ven imposibilitados para reunir pruebas válidas ante la Justicia sobre delitos e infracciones en los ámbitos económico, laboral, mercantil, financiero, social, personal y familiar, como recoge el artículo 48 de la Ley de Seguridad Privada. Situación que causa indefensión y que puede complicar la saturación de los juzgados en los próximos meses. Además, y como ya se ha indicado, la labor de vigilancia y seguimiento de los detectives podría suponer una ayuda valiosísima para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el control de las actuaciones contrarias al estado de alarma. En algunos países europeos se está dando ya esta colaboración con muy buenos resultados.
Lectura restrictiva del estado de alarma Los colegios y asociaciones profesionales se vieron desagradablemente sorprendidos cuando, tras varias consultas oficiales, los responsables de Investigación Privada del ministerio del Interior comunicaron que los detectives no estaban considerados servicios esenciales en el Real Decreto de estado de alarma de 14 de marzo, pese a la inclusión en él de una parte de la Seguridad Privada, como la vigilancia uniformada y los servicios de transporte de seguridad.
Dado que la declaración de la alarma era, en principio, por un tiempo limitado, afectaba a casi todos los sectores de nuestra economía y existía un riesgo real de colapso de los servicios sanitarios, por responsabilidad social las asociaciones y los colegios respetaron el primer dictamen de Interior. El confinamiento prácticamente total se amplió y endureció las semanas posteriores, tras la prórroga del 27 de marzo. Sin embargo, la decisión del gobierno de permitir la vuelta a la actividad de algunos sectores y profesionales, a partir del lunes 13 de abril, llevó al CODPCAT a una nueva consulta sobre el trabajo en el exterior, reafirmando las autoridades autonómicas el anterior dictamen restrictivo. Ante esta decisión, el colegio solicitó a sus servicios jurídicos un estudio sobre la situación. El jueves de la semana pasada, colegios y asociaciones unificaron sus esfuerzos para requerir al gobierno, de una forma conjunta y urgente, la ya señalada consideración de los detectives privados como un servicio esencial.
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