El Sindicato Profesional de Vigilantes denuncia que tras tres semanas de estado de alarma por la crisis del coronavirus, muchas empresas que operan en la provincia de Cádiz “aun no han facilitado a sus plantillas equipos de protección pese al riesgo al que están expuestos en muchos casos”, mientras la Inspección de Trabajo “guarda silencio”.
El Sindicato Profesional de Vigilantes (SPV) denuncia que tras tres semanas de estado de alarma en España por la crisis sanitaria del coronavirus, muchas empresas que operan en la provincia de Cádiz “aun no han facilitado a sus plantillas equipos de protección pese al riesgo al que están expuestos en muchos casos”, mientras la Inspección de Trabajo “guarda silencio”. El sindicato mayoritario del sector en la provincia lamenta que, al igual que ha ocurrido con los policías y guardias civiles, “a los vigilantes de seguridad no se les haya incluido en el colectivo de alto riesgo, por contagio de Covid-19”.
“Si tiene que acudir a un centro de salud o al servicio de urgencias de cualquier hospital, encontrará a un vigilante de seguridad en la puerta. También lo verá en el supermercado al que acude a comprar, y no faltan en las estaciones de tren, en los furgones blindados garantizando el suministro de dinero en bancos y cajeros automáticos, así como también en Correos, prisiones, puertos, aeropuertos, universidad, fábricas y así un largo rosario de centros de trabajo que dan empleo a 2.000 personas en la provincia de Cádiz”, reflexiona el SPV en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, en el que apostilla que “estamos en primera fila y a la intemperie”.
“Somos muchos vigilantes que nos hemos comprado o fabricado de forma casera las mascarillas, guantes o soluciones desinfectantes preparadas por nosotros mismos, mirando por nuestra seguridad y la de nuestras familias que nos esperan expuestas a nuestra vuelta a casa”, se relata. Sin embargo, desde antes de que se declarara el estado de alarma se han venido solicitando por escrito dichos materiales de autoprotección, y de ello se ha dado traslado a la Inspección de Trabajo, “pero de momento siguen guardando silencio y no responden a nuestras denuncias en demandas de EPI”.
Este sindicato añade que el colectivo “está demostrando su profesionalidad y compromiso social en un momento difícil pese a las condiciones en la que desarrollan su trabajo”, y es que se aprovecha para denuncia que los vigilantes “cobran un sueldo de 1.000 euros al mes y ahora encima las empresas están presentando ERTEs masivos, como medidas paliativas frente a los efectos ocasionado por el cierre de cientos de comercios ante el estado de alarma; peligra su salud y ahora también su empleo”. De este modo, el SPV reclama también un apluso para los vigilantes de seguridad de Cádiz “que pasarán a la historia del coronavirus como los grandes olvidados, y eso es de lo más injusto”.
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