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La decisión, denuncian desde AUGC, «ha supuesto disolver la unidad de seguridad del Palacio de Justicia y del Palacete de Gobierno y el envío a la reserva a los 14 agentes que prestaban esas funciones»
El Palacio de Justicia, como el resto de dependencias judiciales, ya no tiene Guardias Civiles en sus dependencias. El Palacete del Gobierno regional, tampoco. Según ha denunciado la Asociación Unificada de la Guardia Civil en La Rioja (AUGC), el ejecutivo autonómico ha decidido rescindir el convenio de colaboración y coordinación suscrito con el Ministerio del Interior para ofrecer seguridad en los edificios e instalaciones autonómicos (que se renovaba anualmente, que fue actualizado en mayo del 2019 y que tenía una dotación económica ligeramente superior a los 200.000 euros). La decisión, denuncian desde AUGC, «ha supuesto disolver la unidad de seguridad del Palacio de Justicia y del Palacete de Gobierno y el envío a la reserva a los 14 agentes que prestaban esas funciones». El pasado 2 de abril, dejaron de prestar sus servicios de seguridad en ambas dependencias de titularidad autonómica.
Más allá de las implicaciones laborales que para estos agentes supone (entre ellas la pérdida mensual de unos 1.000 euros y por las que «se luchará desde la AUGC una vez que se supere la situación excepcional actual»), la decisión del Ejecutivo supone «dejar sin seguridad una dependencia como el Palacio de Justicia, en la que se encargaban de la custodia y traslado de los detenidos y de los presos que llegaban desde el centro penitenciario», labores que los agentes del servicio de seguridad privada no puede realizar. «Son dependencias autonómicas y, como en La Rioja no existe una policía autonómica, se suscribió en su momento un convenio con la Guardia Civil para que agentes de la reserva presten sus servicios de seguridad», recuerdan desde AUGC. De igual manera apuntan que los 14 agentes que desarrollaban estas funciones no han sido liberados para realizar funciones vinculadas al estado de alarma, sino que han sido enviados a sus domicilios.
Fuentes de AUGC, que ven en la decisión una medida de ahorro, consideran que el Ejecutivo no ha tenido en consideración a la hora de adoptar esta decisión los efectos que a futuro puede tener la rescisión del convenio. «Cuando regresemos a la normalidad, si quieren volver a activar el convenio, pueden transcurrir entre 6 y 7 meses desde que se publique hasta que los agentes regresen al servicio», explican. Precisamente ese escenario de futuro es el que preocupa en el Palacio de Justicia. Javier Marca, presidente del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, no oculta su extrañeza ante una decisión que, explica, «ha sido tomada de manera unilateral por parte del Gobierno de La Rioja. No ha sido ni concertada ni avisada previamente a la presidencia del TSJ». Según Marca, se enteró de la decisión «cuando los agentes que prestaban el servicio vinieron a despedirse».
«No estoy de acuerdo con esta medida y no sé por qué se ha adoptado. Siempre había pensado que era temporal y vinculada a la pandemia, pero si no es así, si es una medida de carácter definitivo, intentaremos revertir esa decisión», adelanta Marca, que explica que las labores de la Guardia Civil en el Palacio de Justicia «no pueden ser asumidas» por otro personal (vigilantes de seguridad) y que no es una mera custodia del edificio. «Hay presos y detenidos que tienen que ser trasladados y custodiados y los vigilantes no tiene una preparación específica, no disponen de armas de fuego y tampoco se ha reforzado el número de estos efectivos», analiza.
Y, más allá de esas funciones de custodia y traslado, el presidente del Tribunal Superior de Justicia apunta que «hay otra labor importante que realizan y que es evitar las alteraciones de orden público en los juicios y en las salas de espera. La presencia de agentes uniformados ha evitado altercados y alborotos. Estábamos contentísimos con el servicio que realizaban», completa. Desde el TSJR no se ha presentado una queja formal ante la decisión del Ejecutivo regional de cancelar el contrato, si bien sí que Javier Marca trasladó a la Dirección General de Justicia su malestar. «Pasado este tiempo, y cuando regresen los juicios ordinarios, esperamos que se pueda revertir esta situación», finaliza Marca.
En la rueda de prensa en la que el Ejecutivo regional informó sobre la evolución de la pandemia, el portavoz del Gobierno, Chus del Río, argumentó que “el convenio que se tenía para la vigilancia de las sedes judiciales y del Palacio de Gobierno vencía el pasado 31 de marzo y pareció conveniente no renovarlo en el contexto de ahorro al que estamos abocados a trabajar”. Según Del Río, “se hizo en contacto con la Guardia Civil y asegurando la vigilancia de todas las sedes. Todas están aseguradas a través de contratos de seguridad privada y, si pasada esta situación, fuera necesario retomar el convenio, se podría hacer sin mayor inconveniente”, aseguró.
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