La efectividad de las cámaras de vigilancia está demostrada. Sin embargo, en medio de los resultados positivos, ha surgido una pregunta importante:
¿Cuándo la video vigilancia pública cruza la línea de una herramienta eficaz a una infracción ilegal de la privacidad de un individuo?
La vigilancia con cámaras puede amenazar la privacidad Las cámaras registran a las personas mientras compran, mientras conducen, mientras caminan por sus vecindarios. Los drones pueden capturar imágenes desde el cielo. Los transeúntes pueden capturar imágenes de sus teléfonos. Las cámaras de seguridad para el hogar capturan imágenes de las personas de al lado. Los hackers graban imágenes de cámaras web comprometidas y todo esto ni siquiera incluye la seguridad de las empresas y el video de vigilancia local, estatal y nacional.
Pero a medida que el coste de la tecnología disminuye y las características se vuelven más avanzadas, la probabilidad de que las imágenes se graben sin consentimiento también aumenta. La vigilancia por video y otras medidas de monitoreo plantean importantes preocupaciones de privacidad, y la tecnología a menudo supera los avances en la ley. El video es solo una parte del problema de vigilancia más amplio. Las tecnologías como los lectores de matrículas y los sistemas de reconocimiento facial crean más desafíos de privacidad.
La tecnología y la vigilancia La relación entre tecnología y vigilancia tiene grandes propósitos para beneficiar a la sociedad, pero lo que puede usarse para bien, también puede usarse para mal. Los sistemas de vigilancia están ahí con el primer propósito de hacer que la sociedad sea más segura, no perjudicial. Las cámaras de video o circuito cerrado se están convirtiendo en una característica cada vez más extendida de la vida. Ahora todo es más cómodo gracias a la ayuda de alta tecnología. El problema con las cámaras de vigilancia y la tecnología es que tienen un historial irregular de prevención del delito. No siempre son una invasión de la privacidad. Las cámaras son útiles en algunos casos y, dañinas en otros.
Límites y controles en el uso de cámaras España ha impuesto restricciones sustanciales a la vigilancia por cámaras y otros tipos de videograbación de personas sin su consentimiento. Estos desarrollos subrayan diferencias importantes entre las leyes de privacidad de otras naciones y España. En general, el procesamiento de datos personales por medio de sistemas de video vigilancia requiere el consentimiento del interesado. Se pueden encontrar excepciones a esta regla en la Ley de Seguridad Privada española y en la sección 20 del Estatuto del Trabajo. La Agencia de Protección de Datos de España intenta equilibrar los derechos de privacidad individuales con los fines legítimos que cumple la vigilancia.
Requisitos mínimos que se deben cumplir La Sección 20.3 del Estatuto Laboral español permite el monitoreo en video de los empleados sin su consentimiento para verificar que los empleados cumplan con sus obligaciones laborales. No obstante, las organizaciones deben cumplir requisitos mínimos: No debe haber otros medios para lograr este propósito que el uso de cámaras de vigilancia. La implementación del sistema debe limitarse estrictamente a los usos y ubicaciones necesarios para cumplir con el propósito de la supervisión de los empleados. Las cámaras de seguridad no pueden ubicarse en instalaciones de uso privado (baños o salas de recreación). Se debe respetar el derecho de los empleados a su vida privada y no se pueden grabar conversaciones íntimas.
Las organizaciones deben respetar plenamente los derechos de información de sus empleados:
-Notificando a los representantes sindicales de los empleados que se debe implementar un sistema de vigilancia.
-Colocando el letrero de información, zona de vigilancia por cámara.
-Mediante un aviso personalizado.
Las imágenes de los empleados deben eliminarse dentro de 30 días, a menos que estos datos sean necesarios para fines de investigación (delitos o incumplimiento de obligaciones laborales). La empresa contratada para instalar el equipo de vigilancia debe cumplir con los requisitos específicos de conformidad con la legislación española basada en el sector. La videovigilancia puede cumplir múltiples funciones: proteger la seguridad de los empleados y clientes en áreas de acceso público, identificar el robo por parte de clientes o empleados y disuadir otras conductas indebidas.
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