Defensa gasta 220 millones en cinco años para privatizar la seguridad de cuarteles

Mientras despide a más de 50.000 militares que cumplen 45 años, el Ministerio se ve obligado a recurrir a empresas para la custodia de instalaciones.

Defensa lleva al menos cinco años privatizando la seguridad de sus instalaciones. Cuarteles, institutos de investigación, residencias... Decenas y decenas de inmuebles ya no son custodiados por militares sino que es personal de seguridad privada quien se encarga de este trabajo. Todo ello cuando las Fuerzas Armadas van a despedir en los próximos años a un total de 52.683 militares rasos, que se irán al paro nada más cumplir los 45 años. 

Decenas de empresas de seguridad han sacado provecho de estos contratos del Ministerio de Defensa. La cuantía de la factura no es menor: más de 228 millones de euros acumulados en los últimos cinco años. Son más de un centenar de privatizaciones en instalaciones militares que han pasado a ser custodiadas por personal de seguridad privada en lugar de por militares, según ha podido comprobar La Información a través de los datos contenidos en la plataforma de contratación pública. Todos estos contratos han sido autorizados por los departamentos económicos del Ministerio que ahora dirige Margarita Robles. Pero esta política de privatizaciones no es, como decimos, algo que únicamente se está produciendo durante el mandato del PSOE. En la etapa del PP ya se otorgaron decenas y decenas de contratos a empresas privadas cuyos profesionales han ido sustituyendo progresivamente a militares en dichas labores de seguridad. La situación afecta a decenas de instalaciones: desde la sede central del Paseo de la Castellana, en Madrid, a inmuebles repartidos por todo el territorio nacional, también en Canarias.

Fuentes militares explican que esta privatización de la seguridad en Defensa responde la falta de medios personales. El problema, aseguran, pasa por los profesionales de las Fuerzas Armadas que causan baja en el servicio activo y que no son reemplazados. De ahí que el Ministerio deba recurrir a estas adjudicaciones a empresas privadas para garantizar la operatividad en sus instalaciones. Algunos militares creen que esta situación podría resolverse, al menos en parte, si se acaba con el despido de los efectivos que cumplen 45 años. Es un problema asumido por la cúpula de las Fuerzas Armadas, pero ante el que a día de hoy ningún gobierno ofrece una solución. Y es que cada año son despedidos centenares de militares que provocan un goteo incesante de bajas en los tres ejércitos. Para evitar problemas de operatividad Defensa recurre a la externalización de servicios.

Las cifras de despidos no son precisamente menores. 53.000 militares tendrán que abandonar las Fuerzas Armadas hasta el año 2035. Según las cifras de las que dispone la subsecretaría de Defensa, cada año más de 2.500 familias de media perderán el empleo, siendo los años 2027 y 2029 los momentos con bajas más severas (4.218 y 4.335 afectados, respectivamente). La Asociación 45 Sin Despidos lleva años luchando para acabar con esta práctica. Su presidente, Jenner López, atiende a La Información para contar su visión sobre esta problemática. "Nuestra Constitución, en su artículo 8, dice que las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional; pero nuestras fronteras ya sea en Ceuta, Melilla o en cualquiera de nuestros aeropuertos están custodiados por personal de empresas de seguridad privada, así como las puertas de nuestras unidades", lamenta.

"A estas empresas nadie les impone una edad para dejar sus empleos que no sea la propia de jubilación como a cualquier español, por lo que no entendemos porque nos dicen que no podemos desempeñar el mismo trabajo que llevamos desempañando durante más de dos décadas. La segunda actividad es totalmente viable reasignando al personal como pudiera ser en unidades de seguridad en forma de Policía Militar", propone. Para López, "no es ético tener a personal en el paro cuando perfectamente pueden desempeñar estas funciones". No nos sirve que nos digan que no servimos para que nuestros puestos los cubran otras personas a las que ni se les impone edad ni se les pasan las pruebas psicofísicas que nosotros si pasamos anualmente". "¿Cómo explicaría la Ministra de Defensa a los ciudadanos que envía por edad al paro a miles de soldados mientras subcontrata empresas de seguridad privada siendo estas más caras y sin imponerles límite de edad?", se pregunta.

El problema de estos 53.000 militares que ya están siendo despedidos de las Fuerzas Armadas al cumplir los 45 años es un 'vacío' en la la Ley de Tropa y Marinería, aprobada durante el Gobierno de Zapatero en 2006. En dicha legislación se contemplaba la posibilidad de que los militares rasos pudieran homologar su trayectoria en el Ejército, pero dicha equiparación académica para la escala de tropa nunca se ha desarrollado con el Ministerio de Educación. De esta forma, los militares de base que no han ascendido por diferentes circunstancias durante sus años en las Fuerzas Armadas se quedarán en el paro sin título alguno y con un horizonte laboral complicado. Solo Podemos contemplaba en su programa una solución para estos militares.

FUENTE: www.lainformacion.com AQUÍ