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17 de noviembre de 2018

La patronal mayoritaria de la seguridad privada considera urgente el desarrollo reglamentario de la Ley 5/2014


Nuevas palancas para la Seguridad Privada


“Los efectos de la crisis han sido devastadores para el sector, y no se le puede seguir poniendo una tirita a un cáncer.”


Tanto en las épocas de bonanza como en la profunda crisis que ha atravesado nuestro sector –que ha reducido las cifras de facturación a las que le definían hace una década-, la Seguridad Privada debe encontrar nuevas palancas que permitan su recuperación a corto plazo. Ninguno de los vectores de crecimiento del mercado de la Seguridad Privada a nivel mundial, definidos por los analistas internacionales, son aplicables a la situación española. En un futuro próximo, ni España ni Europa se van a caracterizar por un crecimiento de las clases medias, ni estaremos sometidos a fenómenos de urbanización. Es más, probablemente, ocurrirá todo lo contrario.

Son especialmente relevantes las estrategias, adoptadas a nivel empresarial –que apuesten decididamente por proyectos que combinen de forma eficaz los medios humanos y tecnológicos, para ofrecer un servicio integrado de máxima calidad y definido de acuerdo con las auténticas necesidades de cada usuario-, las que pueden permitir avanzar en la demanda de servicios y en la necesaria y legítima rentabilidad mínima demandada por las empresas. Una realidad que afecta sobre todo a sectores que, como el nuestro, cuentan con una gran capacidad de generación de empleo de calidad y en casi cualquier tramo de edad. Esto es, volver a hacer atractivo invertir en nuestro sector, y dejar de valorar –como está empezando a ocurrir en la actualidad- el coste de oportunidad de no hacerlo en otros sectores y/o en otros países.

Y para ello, el marco regulatorio adquiere una importancia decisiva. A nivel general, es necesario dotar al sector de una seguridad jurídica (en especial la referida a obligaciones tributarias), que no se vea continuamente vulnerada por la aplicación de decretos ley con un único objetivo recaudatorio, tal y como ha sido la tónica general en los últimos años. A esto hay que sumarle que la regulación laboral necesita ya urgentemente, una vez superadas las posiblemente necesarias medidas de choque, establecer diferencias entre el sector industrial y los sectores intensivos en mano de obra, introduciendo además, entre otras medidas, un concepto más amplio y actual del tratamiento de la responsabilidad subsidiaria en determinados procesos administrativos y, particularmente, en los de contratación pública.

De no hacerlo así, el actual extendido sistema de adjudicaciones de servicios mediante subastas referidas solo a precio, combinado con el uso torticero de las herramientas sustitutivas del convenio colectivo estatal, seguirán propiciando el caldo de cultivo que precisa la competencia desleal para seguir extendiéndose a sus anchas por este maltratado sector. Cualquier otra medida que se quede en una mera declaración de intenciones, ya sería, a estas alturas, como ponerle una tirita a un cáncer. Dentro del marco específico de nuestra actividad, la nueva Ley de Seguridad Privada ha asentado principios importantes, pero consideramos que el desarrollo reglamentario es fundamental…. y ya ciertamente urgente. Precisamos un reglamento que desarrolle los nuevos servicios que podemos prestar sin que se ahonde en estrictos requisitos que limiten las posibilidades abiertas, dejando éstos para actividades de especial relevancia para la seguridad pública y la seguridad nacional, como, por ejemplo, los servicios a desarrollar en sectores estratégicos e infraestructuras críticas.

En resumen, necesitamos un reglamento que combata eficazmente las prácticas de competencia desleal e intrusismo, que controle eficazmente el sector dada su naturaleza complementaria con la de la Seguridad Pública, y que a la vez no merme las potencialidades de desarrollo de las empresas hacia nuevas funciones y actividades que está, y seguirá, demandando continuamente la sociedad.

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