Las academias de formación han dicho basta. Hasta aquí han llegado. El presidente regional de la patronal asegura que no va a volver a sentarse a la mesa con el director general de Formación de la Junta para escuchar los mismos «pretextos» para justificar la falta de convocatorias de ayudas para cursos, paralizadas, primero, por las investigaciones judiciales y, después, por el leviatán de la burocracia autonómica. Desde 2011 han cerrado el 60 por ciento de los centros de la región.
—¿Cuándo sacó la Junta de Andalucía la última convocatoria de subvenciones para cursos de formación dirigidos a desempleados? Desde 2011 solo ha habido una convocatoria, en 2016. La Administración tardó mas de un año en resolverla y los cursos no se dieron hasta dos años después. Vuelven a estar paralizados. Es asombroso que diga que se han reactivado. En 2017 no hubo ninguna convocatoria y en 2018 tampoco. Se está estudiando ahora la modificación de las bases reguladoras de la convocatoria que saldrá, como pronto, en abril de 2019. Si a todo eso le sumamos un periodo electoral en el que se paraliza todo, imagínese. Los cursos no van a darse hasta febrero de 2020.
—¿Por qué no se han aprobado convocatorias en 2017 y 2018? Por falta de gestión. En la Consejería de Empleo no han sido capaces de poner en marcha con agilidad la convocatoria de 2016 ni de volver a sacar otra. Hay problemas graves en la gestión en las delegaciones territoriales. Cada jefatura de servicio dice una cosa diferente aunque la norma es la misma.
—¿Han evaluado qué impacto tiene la escasa oferta de cursos con financiación pública en la tasa de paro? No lo hemos evaluado, pero sí notamos que quienes quieren formarse como ascensoristas, operarios de instalaciones fotovoltaicas, fontaneros o vigilantes de seguridad tienen que marcharse a otras regiones porque aquí no hay oferta subvencionada.
—¿Cuántos fondos transferidos por el Estado va a tener que devolver Andalucía porque no los ha gastado? Estimamos que 110 millones. De los 140 millones presupuestados para cursos en 2017 y 2018, sólo se han utilizado 30 millones para pagar cursos de 2016. Es un dinero del Ministerio de Trabajo y como no lo han gastado tienen que devolverlo. Hasta el pasado abril no sacaron la convocatoria de cursos para ocupados y no han sido capaces de resolverla todavía.
—¿Esta falta de gestión se produce en otras autonomías? El resto de comunidades tienen sus convocatorias todos los años. ¿Cómo lo hacen? En la Junta aducen falta de personal. Es de risa que digan eso. ¿Alguien se cree que le falta de personal cuando en el Servicio Andaluz de Empleo se quedaron 2.000 trabajadores en nómina de la fundación Faffe? Si este personal no puede tramitar expedientes porque carece de potestades administrativas que se lo lleven a otro sitio y se traigan a funcionarios que sí tienen capacidad de gestión.
—¿Qué le parece que la Junta reclame un plan especial de empleo al Gobierno mientras no gasta ese dinero? Es de risa que pida un plan cuando Andalucía es la única comunidad que cada año recibe menos dinero que el anterior porque no lo ejecuta pese a ser la región con más desempleo de Europa. El anterior Gobierno del PP le dijo a la Junta que cómo vamos a darle más dinero si todos los años tiene que devolverlo. Desde 2011, se han devuelto 1.430 millones de euros.
—Pero no todo es achacable a la gestión. La Junta paralizó en 2011 los cursos por el cúmulo de investigaciones judiciales de ayudas de formación. Es un «bluf» lo que se montó. El 90% de los casos están archivados. Eso ocasionó la paralización de los cursos entonces, pero es absurdo que sigan paralizados. Lo que no hay en la Junta es ningún interés en los desempleados ni en la formación. Si lo hubiera habido habría actuado de otras mil maneras.
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