Seguridad integral asume el convenio y sube los salarios

Pacta con la plantilla y a cambio se suspende el embargo de cuentas

Ha llegado a un acuerdo con los trabajadores para zanjar el conflicto que mantienen desde 2012, cuando la empresa decidió descolgarse del convenio del sector. Aplicó desde ese momento el de empresa, con unos recortes salariales de hasta 400 euros al mes. Cinco años después se retracta.

Seguridad Integral (SIC) aplicará el convenio estatal del sector en la provincia de Las Palmas y por tanto, subirá el salario a unos 1.000 trabajadores entre 350 y 400 euros al mes. Ayer mismo los trabajadores recibieron las nóminas del mes de octubre y aunque el ingreso aún no se ha efectuado, en ellas ya aparece recogido el alza salarial. Además, en virtud del acuerdo alcanzado con los sindicatos, SIC acepta la reincorporación en sus puestos de los cinco trabajadores de Intersindical Canaria que formaban parte del comité de empresa y que fueron despedidos en 2016. También se les reconoce su categoría de representantes legales de los trabajadores.

Asimismo, la empresa se compromete a pagar las nóminas a partir de ahora entre los días 1 y 5 de cada mes. SIC también pagará el dinero que debe a los trabajadores por las nóminas abonadas en estos años por debajo de lo que estipulaba el convenio del sector. Sentencias firmes del Supremo le obligaban a ello. Y aquí hay un detalle de calado. SIC se compromete a pagarlas pero en caso de no poder hacerlo lo hará la empresa Ralons Servicios, que figura como avalista. A cambio de estas mejoras, los trabajadores han solicitado al juzgado la suspensión «provisional» del embargo que sufría sobre sus cuentas SIC y que había sido fijado por el juzgado como forma de pagar los salarios atrasados a los trabajadores. Los sindicatos cifran la deuda pendiente en 2,5 millones de euros.

Este embargo y las dificultades de tesorería que suponía para SIC es el principal motivo que ha llevado a la empresa a este acuerdo. Fuentes de la empresa calificaron ayer de «positivo» el acuerdo que se firmó el 30 de octubre aunque no tuvo validez judicial hasta hace unos días. «Se resuelven los problemas de tesorería que hemos sufrido por los embargos judiciales», indican.

FUENTE: www.canarias7.es AQUÍ