Quiere dejar en tres las modalidades (fijo, formación y temporal) y dar más poder a los convenios colectivos para frenar los abusos.
Tras seis largos años de crisis España comenzó a crear empleo en 2014 y hoy ha recuperado más de dos millones de puestos de trabajo de los casi cuatro destruidos entre 2008 y 2013. El empleo crece a ritmos del 3% y este año se crearán más de 600.000, según el Gobierno. Pero este intenso ritmo, el más alto en Europa, ha dejado al descubierto algunas debilidades estructurales del mercado laboral que la reforma laboral de 2012 no ha podido solucionar. Junto a los recortes salariales que facilitó la normativa, la elevada temporalidad en el empleo ha llevado a nuestro país a ser campeón europeo, el farolillo rojo con tasas que se acercan al 30%.
La ministra Fátima Báñez está dispuesta ahora a emprender una nueva reforma que tiene como objetivo aumentar la calidad en el empleo y cuya fecha e n el calendario para cerrarla es este mismo año. El pasado martes Báñez presentó a sindicatos y empresarios, en la «Mesa por la Calidad en el Empleo», una oferta de reforma laboral que afecta a la contratación, cuya filosofía es incentivar los contratos indefinidos y penalizar los temporales. Son dos las propuestas estrella: la primera, luchar contra el abuso en la contratación temporal y, la segunda, mejorar la protección de los trabajadores. La ministra ha puesto encima de la mesa una revisión de los modelos de contratación que reduce los actuales cinco a tres: indefinido, temporal y de formación (aglutinaría el contrato en prácticas y las actuales modalidades formativas).
Menos contratos y más protección también para los trabajadores eventuales. El contrato propuesto tendrá indemnización creciente, tal y como pactó el Gobierno con Ciudadanos en 2016. Para el primer año de contrato, la indemnización por despido sería de 12 días por año trabajado; 16 días sería la indemnización para dos años de contrato y 20 para el tercero. Sería ídéntica a la que tienen contratos fijos cuando el despido es objetivo.
El texto presentado a la patronal que preside Juan Rosell y a los sindicatos que dirigen Unai Sordo y José María Álvarez incluye una batería de medidas para frenar los abusos. Entre ellas reformar el «principio de causalidad», de forma que para realizar el contrato siempre concurra una causa que justifique el trabajo de duración determinada. Además se refuerza el papel de la negociación colectiva con el objetivo de «limitar el uso de los contratos de duración determinada y corregir el abuso de los temporales». Junto a ello limita de tres a dos años el límite para que un contrato deje de ser temporal, aunque deja a la negociación colectiva sectorial, estatal o, en su defecto, de ámbito sectorial inferior, la posibilidad de ampliar el tiempo hasta tres años.
En el texto entregado a los agentes sociales el Gobierno justifica sus medidas en el hecho de que «la altas tasas de temporalidad, por encima de la UE, aconsejan limitar el uso de la contratación temporal a sus justos términos, evitando su utilización abusiva y poniendo freno a la excesiva segmentación y dualidad de nuestro mercado laboral». No obstante, insiste en que «no se puede desconocer la necesidad de la contratación temporal en España».
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