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Empleo acusa al presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, de engañar a la Seguridad Social
El empresario Miguel Ángel Ramírez, conocido como el rey de la seguridad low cost por encadenar 200 millones en adjudicaciones públicas gracias a sus ofertas imbatibles, encara su último fuego. Empleo atribuye al fundador de Seguridad Integral Canaria (SIC) un presunto fraude a la Seguridad Social de casi 14 millones de euros. La treta explicaría el porqué la legión de 3.000 vigilantes de este antiguo guardaespaldas de 48 años ha desembarcado desde 2011 en la Administración.
La cartera de clientes del patrón de los vigilantes ha incluido al Ministerio de Defensa, que le adjudicó 36,3 millones, Correos (31), Patrimonio Nacional (9), Radio Televisión Española (13,7), la propia Seguridad Social (4) o Hacienda. Ramírez, que también preside la Unión Deportiva Las Palmas, de Primera División, camufló entre 2009 y 2012 parte de los pagos en las nóminas de la plantilla como dietas y desplazamientos, conceptos exentos de tributar, según un informe de la Seguridad Social al que ha tenido acceso EL PAÍS.
“La Inspección Provincial de Madrid ha detectado el abono de cantidades a los trabajadores bajo el concepto de dietas y kilometrajes […] sin incluirlas en su base de cotización”, precisa este documento del pasado 5 de octubre. El texto sitúa en 2009 el pico del presunto fraude: 4,2 millones. El informe de la Seguridad Social forma parte de la investigación que desarrolla desde 2014 el Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas. Sus pesquisas indagan si Ramírez cometió entre 2009 y 2012 un fraude a la Agencia Tributaria y la Seguridad Social. El empresario está imputado en esta causa.
Al cerco contra el presidente de la UD Las Palmas se sumó hace tres años la Agencia Tributaria. Y es que Hacienda presenta a este patrón en sus informes como un ventajista que ha ganado contratos exprimiendo costes. Añade que su estrategia para cazar adjudicaciones públicas se basa en someter a los vigilantes a “condiciones leoninas” y en “vulnerar las garantías” del Estatuto de los Trabajadores. “Hemos llegado a un acuerdo con la Seguridad Social. Eso no lo menciona el informe. Está todo avalado […]. Desde 2010 no soy nadie en Seguridad Integral Canaria”, explica Ramírez. Su nombre, sin embargo, figura en las últimas cuentas presentadas al registro mercantil por la empresa, en 2015, como propietario del 96,83 % de las acciones. Ese año su compañía registró unas ventas de 92,7 millones. “Las cifras de la Seguridad Social no corresponden a la realidad. Estamos aportando informes periciales para demostrarlo”, indica su abogado, el exmagistrado de la Audiencia Nacional José Antonio Choclán.
Los sindicatos aprecian en este movimiento un nuevo truco del rey de la seguridad para esquilmar costes a costa del escalafón más bajo, los trabajadores. “Ramírez está vinculado a otra compañía del sector, Sinergias de Vigilancia y Seguridad. Registró su marca y quiere traspasar los servicios a esta empresa. Su coste laboral es un 30 % más bajo y los vigilantes pasarán a cobrar 700 euros mensuales. El Gobierno de Canarias tiene que rescatar los concursos, sacarlos de nuevo a licitación”, defiende Basilio A. Febles, de FTSP-USO.
“No registré la marca. Alguien lo hizo a mi nombre”, justifica Ramírez, que afronta una fianza de tres millones de euros y zanja así cuando se le pregunta por su plantilla: “No sé ni cuántos trabajadores tengo”. FTSP-USO destaca que Sinergias de Vigilancia y Seguridad ha recibido en 2017 contratos por valor de 6,2 millones de la Administración. Y que, entre sus clientes, figuran dos de los organismos presuntamente defraudados por Ramírez, la Seguridad Social y Hacienda. La investigación contra Ramírez arrancó en 2013 tras una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción del sindicato FTSP-USO elaborada por el letrado Ismael Franco, de ADR Abogados.
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