Ha pasado más de un mes desde la agresión a médicos y enfermeras en el centro de salud y siguen sin llegar suficientes medios de seguridad que les permitan ir a trabajar sin miedo
Los médicos y las enfermeras del centro de salud de El Casar, en la provincia de Guadalajara, van con miedo a trabajar. Las secuelas que dejó la agresión sufrida por cuatro de los sanitarios el pasado 15 de octubre siguen estando muy presentes. Tampoco ayuda la falta de medios para impedir que vuelva a suceder algo parecido; o, al menos, así lo sienten ellos. El único logro, después de un mes y mientras el caso continúa en fase de instrucción, ha sido la sustitución de la puerta de entrada, de dos hojas de vidrio, por una cancela metálica de seguridad reforzada. "Llevábamos mucho tiempo reclamando que la puerta fuera más segura", explican trabajadores del centro a este diario. Al final, llegó hace escasos días. El personal sanitario del centro reconoce a este diario sentirse "desprotegido" y echa en falta un verdadero apoyo por parte del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam).
La madrugada del 15 de octubre dos jóvenes borrachos aparecieron en el centro en torno a las dos de la madrugada. Venían de una boda y uno de ellos requería de una cura por un corte en el dedo. En el turno de noche estaban, como es habitual en fin de semana, un par de equipos completos de urgencias: dos médicos y dos enfermeras. El joven se quejó de cómo estaba siendo atendido por la enfermera y terminó increpándola. El médico que estaba con ella le recriminó su actitud y el herido reaccionó violentamente. Comenzó un forcejeo entre el herido, su acompañante y el personal sanitario que acabó en una verdadera trifulca y con las instalaciones de la consulta destrozadas. Al médico que defendió a la enfermera le rompieron los huesos propios de la nariz, el otro presentó heridas en un ojo por una patada y ella tiene importantes secuelas psicológicas a raíz de aquella escena. La policía acudió al centro tras recibir una llamada al 112 desde el interior del centro. Pero aquella noche, insisten empleados del mismo, muchas cosas no funcionaron adecuadamente.
Así lo relatan protagonistas y compañeros de los sanitarios cuando afirman que los botones del pánico no respondían al pulsarlos. Esta herramienta, instalada en la parte inferior de los escritorios de las consultas, es un sistema de seguridad que en una situación de riesgo los empleados pueden pulsar para notificar que hay un problema a la central receptora, que enseguida se comunica con el lugar emisor y lo pone en conocimiento de las autoridades pertinentes. Trabajadores del centro aseguran que los botones han sido restablecidos hace escasos días porque aquel día, desde luego, no respondieron.
No es la única incógnita por resolver que rodea la noche de la agresión. Tampoco las cámaras de seguridad instaladas en el pasillo central del edificio dieron los resultados esperados. De hecho, según explican a este diario, no ha sido posible —al menos por ahora—recuperar las imágenes de aquella noche pese a que informáticos expertos de los servicios centrales de Toledo han procedido a su análisis. La dirección del centro lo achaca a un fallo del 'software', según relatan los empleados.
Una sucesión de malas casualidades que no han hecho más que acrecentar el miedo y la incertidumbre entre el personal sanitario de El Casar. Y sus propuestas tampoco han tenido demasiado éxito en el Sescam. Una de ellas fue la de contratar un vigilante de seguridad al menos durante un periodo de tiempo, hasta que la situación y los ánimos vuelvan a la normalidad. La sugerencia fue rechazada de inmediato por "inviabilidad económica", al tratarse de un centro de salud pequeño en el que están censadas unas 15.000 personas. Un dato que, sin embargo, no refleja la realidad de su rutina. Los trabajadores calculan que en realidad acuden unas 7.000 personas más por la cantidad de gente que viene desde municipios cercanos de Madrid como San Sebastián de los Reyes. Además, al tratarse de una zona de casas de fin de semana y veraneo, aseguran que muchos de los vecinos de pueblos cercanos como Yunquera de Henares o Algete hacen uso de ese centro de salud. Las cifras de los fines de semana lo confirman: pueden atender a una media de 60 o 70 personas sábados y domingos. "Un día malo pueden llegar a venir incluso 90".
Tampoco ha surtido efecto, al menos por ahora, la otra demanda de los médicos: incluir una persona más de enfermería en los turnos de noche entre semana. Actualmente, de lunes a viernes a partir de las 12 de la noche, en el servicio de urgencias hay dos médicos y una enfermera, mientras que en los fines de semana hay una enfermera más de guardia. El principal objetivo del reclamo es que cuando se producen salidas de urgencia ante un aviso telefónico —algo bastante habitual y a las que acuden un médico y una enfermera a municipios que están a 30 o 40 minutos de El Casar—, no se quede en el centro el otro médico completamente solo. Los trabajadores reclaman, ante lo sucedido el pasado octubre, que se garantice siempre la presencia de dos personas en el centro todas las noches. Se preguntan qué habría ocurrido si una agresión de ese tipo se hubiera producido justamente en esa situación.
Por eso, la perplejidad de los empleados se agudizó cuando pasaban las semanas y no veían una actuación contundente desde el Sescam. Precisamente este lunes les notificaron que la Junta de Castilla-La Mancha finalmente se ha personado como acusación particular en el caso —actualmente en fase de instrucción, pero que será derivado a un juzgado de lo penal—, tal y como prometió el portavoz del Gobierno autonómico, Nacho Hernando. Días después de que ocurriera la agresión, Hernando aseguró que el informe del gabinete jurídico avalaba esa decisión. Pero, hasta el momento los empleados no tenían constancia de que hubiera ocurrido.
Precisamente, la semana pasada el juez de instrucción tomó las primeras declaraciones a los agredidos y denegó la orden de alejamiento solicitada por los mismos, ya que entre ellos no existía una relación personal ni afectiva de ningún tipo. El agresor, un joven de 28 años con iniciales L. F. A. M. y antecedentes policiales por malos tratos, según publicó la Cadena SER, fue detenido por la Guardia Civil acusado de los delitos de atentado contra la autoridad —médicos y enfermeros son considerados como tal—, lesiones y desórdenes públicos. El desenlace del caso puede tardar de seis meses a dos años, según fuentes jurídicas. Pero, al día siguiente de la agresión, la vida en el centro de salud de El Casar continuó. Eso sí, con incertidumbre y malestar entre sus empleados. Y así siguen cinco semanas después.
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